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Publicado el 3 Septiembre, 2021 por Mariana Camejo en Opinión
 
 

PERÚ: Cuando la democracia está muerta

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Mariam Camejo-Foto de autoraPor MARIANA CAMEJO

¡Ay, democracia! Tan llevada y traída. ¿Cuándo realmente te harán los honores? Tu obituario debería ser redactado por doña Transparencia y tu corona de flores comprada por la derecha. A fin de cuentas, parece ser que es a esta última a quien más le interesas: tanto te menciona que con pareja intensidad cava tu agujero.

Sonará irónico pero es que el escenario internacional se presta para estos delirios de ancla terrenal. Nadie negaría que, según el discurso público de las élites ultraconservadoras, lo más importante para la vida en común es la democracia; sin embargo, son -a la vez- quienes más la pisotean.

El principio democrático para sistemas de gobierno de separación de poderes –ejecutivo, legislativo y judicial– ha fungido de base, al menos teórica, para la vida política de países como Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú. En la práctica también hemos visto todo lo contrario. La realidad indica que esa cacareada división puede vulnerarse, en dependencia de quienes se sienten en la silla presidencial, por un lado; pero también de quienes cuentan con capital. En resumen, los intereses económicos y políticos pueden impedir o viabilizar el principio democrático. Y cabría preguntarse cómo es posible.

Sin tiempo –más bien, espacio– para ahondar en la pregunta cuasi filosófica, Perú constituye actualmente un ejemplo por excelencia de esa sórdida arena política ¿democrática? Con una Constitución que supuestamente garantiza el balance de poderes, toda la maquinaria se ha puesto en marcha para intentar inhabilitar el gobierno del recién elegido presidente Pedro Castillo.

Por lógica, podría pensarse que si un mandatario fue votado en las urnas hace poco tiempo, debe esperarse que al menos empiece a gobernar para que haga algo inaceptable y, en consecuencia, pedirle su renuncia o trabajar en pos de apartarlo del poder. Lo curioso es que en el caso peruano ya antes de confirmarse su triunfo electoral se hablaba de matar el fantasma del comunismo, encarnado por el profesor, una amenaza para la democracia.

Sin importar el voto mayoritario, la élite derechista se ha enfrascado en aplastar la presente administración. No se trata de desconocer que en muchas ocasiones los pueblos también eligen a quienes lo llevarán a la debacle –pensemos en Mauricio Macri, Jair Bolsonaro o Guillermo Lasso–, pero lo que sucede en el país andino dista mucho de eso. Aunque lo fuera, no sería justificación para desacreditar a priori a un gobierno. Sobre todo porque, sin importar la naturaleza de un partido en el poder, cualquier mandato debe realizarse bajo el escrutinio público, rindiendo cuentas al electorado y con suma transparencia: no sería utopía sino democracia.

Lo que realmente sucede en Perú tiene varias aristas de análisis Primero, que la elección de Castillo representa la llegada al poder del pueblo, ese que es discriminado y vilipendiado por los limeños. Segundo, que como personificación de esos sectores históricamente olvidados, pretende fomentar el desarrollo de las áreas rurales y las provincias, defender sus intereses y establecer impuestos a las empresas extractivistas.

Una muestra de esa desconexión insalvable entre estratos sociales y la amalgama derechista política fue evidente cuando el primer ministro, Guido Bellido, comenzó su intervención en el Congreso hablando en quechua y se escucharon las protestas de quienes no entendían, hasta que la presidenta del Congreso le pidió traducir. Las élites separadas de la gente, de la tierra; sectores que mueven sus fichas por un modelo cultural-civilizatorio a la europea colonialista y lejos de las reivindicaciones sociales, la inclusión, el pluralismo: un denominador común en las derechas de toda la aldea global.

Incautos analistas califican de “un respiro” la moción de confianza al gabinete, pero, aunque la ultraderecha aspiraba a la disolución de la propuesta, la centroderecha salvó el momento al sumar votos con la izquierda y eso no puede leerse a la ligera. De no aprobarla, se aproximaban a la disolución misma del Congreso, lo cual les hubiera hecho, por un lado, perder las importantísimas cuotas de poder que otorgan un asiento en el hemiciclo y, por otro, sumir al país en un clima de desestabilización e ingobernabilidad aún mayor en plena crisis pandémica y económica. Como es evidente, no hay lugar para optimismos ingenuos.

Mientras, esa ultraderecha que mantiene la confrontación puja por inhabilitar al mandatario por “incapacidad moral”. En un texto anterior esta comentarista explicaba que se trata de un mecanismo ambiguo y rarísimo, instrumento clave en manos de defensores –de derecha– de la tan mencionada democracia. Por tanto, ya se abrieron investigaciones sobre la procedencia del dinero que financió la campaña de Castillo. Se han sacado viejos informes de la policía, viejas entrevistas y de todo un poco solo para encontrar “trapos sucios” y destruir el gabinete aun ya con moción de confianza. El primer “caído” fue el canciller Héctor Béjar, con el pretexto de que habló sobre el papel de la Marina en actos terroristas, por lo que fue convocado a renunciar. Cuando escribimos estas líneas, el ministro de Trabajo corre el riesgo de seguirle los pasos y, en caso de que Pedro Castillo lo permita, para finales de año se habrán renovado al menos cinco nombramientos al compás de la canción que (des)entona la derecha.

Por esa razón vale retomar la advertencia del periodista Jorge Martín cuando decía que no se ha ganado todo con el triunfo electoral de Castillo. Su gobierno –consideraba– tenía que mantenerse bajo la vigilancia de sus electores para que por presiones de la derecha no se lastraran las reivindicaciones sociales y las promesas que lo colocaron en el poder.

Las élites cuentan con un ecosistema de medios a su favor que como cámara de eco repite y amplifica las acusaciones a la administración peruana de personajes como Keiko Fujimori, orean las amenazas del demonizado comunismo y desatienden las necesidades de los sectores desplazados, en un amañado y engañoso ejercicio del “periodismo”.

La democracia es en tales escenarios un ideal para mal llevar la política en contra de enemigos declarados, aquellos que buscan distribuir riqueza y priorizar el desarrollo nacional cuando la derecha necesita convencer de que el bien común empieza y termina con el poderío sin límites de los más ricos, con la ampliación de sus propiedades y capitales, con la expropiación y la explotación. Cuando ese es el camino de la presidencia, una armonía cómplice permea el principio de “separación” de poderes.

La democracia no muere porque desaparezca del imaginario popular, sino por la instrumentalización del término en el espacio público político para despojar a los despojados. Pedro Castillo tiene una piedra en su zapato y no se trata solo de construir consenso, sino de fundar un escenario político-democrático real.

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Mariana Camejo

 
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