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Publicado el 25 Octubre, 2021 por Liset García Rodríguez en Opinión
 
 

Derechos ciudadanos en la agenda legislativa cubana

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Cara a cara.Por LISET GARCÍA

Bienvenidas por su impacto en la población serán las cuatro leyes relacionadas con el ámbito judicial, que serán debatidas y aprobadas durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), previsto para esta semana.

Los cuatro anteproyectos de leyes que contienen los códigos de procesos, del proceso administrativo, del proceso penal y de los tribunales de justicia, son modernas normas que atemperan el accionar de los tribunales populares cubanos en materias civil, administrativa, laboral, económico y penal, elaboradas a partir de lo preceptuado en la Constitución de 2019.

Respaldar derechos con mayores garantías para la ciudadanía fue desde la aprobación de la Carta Magna uno de los desafíos de quienes debían elaborar y proponer el entramado de leyes que sustentaran lo preceptuado desde el primer artículo constitucional: Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social.

De ahí que casi inmediatamente, los diputados dieron luz verde a un cronograma legislativo abarcador, que tuvo en cuenta las mejores experiencias y las disposiciones más avanzadas de otras naciones, adecuadas a las peculiaridades concretas de Cuba.

Ahora, los parlamentarios tienen en su agenda el debate de estas leyes, que por primera vez abordan el ámbito judicial en su conjunto, en cuyo contenido aparecen postulados nunca antes vistos en la legislación cubana, de ahí el gran interés que despiertan no solo entre los operadores de la justicia, sino en los sujetos de su aplicación, la población toda.

Los textos de estas normas, como se ha hecho habitual en el ejercicio de la Asamblea, están publicados en el sitio parlamentocubano.gob.cu, y como debieron discutirse en la pasada sesión de julio, suspendida ante la situación sanitaria del país, ha habido más tiempo para recoger opiniones y enriquecer sus postulados.

Fue el Tribunal Supremo Popular el encargado de ejercer la iniciativa legislativa, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima de la Constitución, la cual dictaminó la forma y el plazo de presentación de los anteproyectos de estas leyes que modifican las vigentes.

En su redacción los expertos tuvieron en cuenta la necesidad de actualizar y dar mayor coherencia a la práctica judicial en el país, a partir de convenciones, protocolos y otros tratados internacionales ratificados por la Isla. Igual importancia se otorgó a propuestas y recomendaciones de cientos de trabajos investigativos, fruto de la ciencia y la innovación en universidades y otras instituciones, las que aportaron ideas a la construcción colectiva de esas normativas.

Con respecto a la legislación actual un paso de avance es la supresión de trámites burocráticos, con lo cual se agilizarán y simplificarán procederes, regulados en el nuevo Código de Procesos, una de las cuatro leyes que serán aprobadas por los diputados. En este se regula de manera general cómo operar asuntos que aunque de diversas materias (civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social), podrán tener similares modos de encaminarse.

Entre otras novedades que refuerzan derechos y garantías está el acceso a la justicia y el llamado debido proceso, regulados en los artículos 92 y 94 de la Ley de Leyes, que incluyen la reparación o indemnización por daños provocados indebidamente por directivos, funcionarios o empleados. Esta posibilidad explícita no existía en el país hasta ahora.

Quiere decir que por vez primera los ciudadanos podrán establecer demandas contra quienes los afecten. El objetivo de las reclamaciones será la rectificación de los actos que indujeron a perjuicios. Obviamente, antes habrá que agotar el recurso de ir ante la autoridad superior al supuesto responsable de la nociva decisión.

Vale destacar que también aparece por primera vez la figura de víctima y su tratamiento, ahora bajo protección teniendo en cuenta los argumentos recogidos con anterioridad en la Carta Magna.

En la Ley del proceso penal se especifican las garantías para quienes resulten dañados y se establece cómo serán protegidos, e incluso serán considerados parte del proceso. Se amplían e introducen medidas cautelares para las víctimas, en especial, los menores de edad y las personas en situación de discapacidad.

Otra de las particularidades es la posibilidad de concertar acuerdos con el imputado o acusado, en cualquier momento del proceso, para lograr el resarcimiento de los daños.

En cuanto a las garantías, en el nuevo articulado aparece la ampliación de la posibilidad de impugnar las decisiones de los tribunales mediante el recurso de apelación para la mayoría de los conflictos. Y también será posible solicitar procesos de revisión, no solo a las partes, sino al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República y al Ministro de Justicia.

No por obra y gracia de milagros se hará cumplir la Constitución, y tampoco por sí solas estas nuevas leyes protegerán más a los ciudadanos. Como servicio público, la justicia necesita de una interacción adecuada entre todos los implicados, y de un conocimiento profundo de los deberes y los derechos de cada cual. Solo así nacerá la exigencia para su cumplimiento.

Aprender a manejar y defender derechos, en blanco y negro en la Constitución y en leyes como estas, y que se pongan en práctica, es también un deber ciudadano.

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Liset García Rodríguez

 
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