2
Publicado el 14 Octubre, 2021 por Delia Reyes Garcia en Opinión
 
 

Torceduras que duelen

Compartir

Delia ReyesPor DELIA REYES GARCÍA

Para sorpresa de eruditos y estupor de los más escépticos, con la creación del nuevo Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (OTU), la dirección general de la Vivienda quedó incólume dentro del Ministerio de la Construcción (Micons).

Conociendo la crítica situación que enfrenta el país, con un déficit habitacional que ronda el millón de moradas, y buena parte de las existentes clasificadas en regular y mal estado constructivo, los expertos aplaudieron con frenesí en febrero pasado la decisión de crear ese nuevo órgano estatal.

Pero la alegría duró poco, justo hasta el 24 de agosto, al publicarse en la Gaceta Oficial No. 96, edición Extraordinaria, el Decreto-Ley 42, que establece la extinción del otrora Instituto de Planificación Física (IPF); la creación de uno nuevo, de mayor jerarquía, ahora Organismo de la Administración Central del Estado, con una organización vertical desde los municipios y provincias; y la gestión de diseño, arquitectura, catastro y el papel rector en el enfrentamiento a ilegalidades.

Sin embargo, aunque la norma prescribe que el rol fundamental del recién creado órgano es el ordenamiento territorial y el urbanismo, ¿cómo es posible dejar al sistema de la vivienda en otro organismo?

A juicio de la experimentada arquitecta, Dania González Couret: “La vivienda es un problema social. No se trata solo de la tecnología que se emplee, o de la cantidad de nuevas casas. Una buena parte de la población vive en condiciones de inhabitabilidad, en edificios con peligro de derrumbe, o en zonas de reciente desarrollo como San Agustín o Alamar, sin adecuados servicios básicos ni conexión. Entonces la cuestión no es cuantitativa, es la calidad de vida de la gente, de las familias. Y eso no es algo que le corresponda al Micons”, valora.

Con la exención del sistema de la vivienda del OTU, continúa arrastrándose la debilidad institucional que ha afectado las funciones de gestión y trazado de la política urbana y de vivienda, tanto a nivel local como nacional; dificultándose la integración vivienda-urbanismo-desarrollo urbano.

Los vaivenes en este asunto son notorios a lo largo de las últimas seis décadas. Solo resaltar que cuando el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas en 1986, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda. Años después, en 2014, el Decreto-Ley 322 normó la extinción de dicho órgano, y pasó al Micons la aplicación de la política relativa a los inmuebles en el país. Mientras, a IPF correspondía el dictamen técnico para la descripción y tasación de las moradas.

De los peligrosos efectos que estas decisiones han causado no solo dan fe el actual deterioro del fondo habitacional en el país, sino las insatisfacciones acumuladas en la población por el peloteo de un lado para el otro, el desconocimiento de las normas, la burocracia y la corrupción administrativa, denunciadas en las páginas de BOHEMIA con anterioridad. Recomendamos al lector consultar Violaciones urbanísticas, el límite se tuerce, publicado el 7 de julio de 2016, en nuestra página Web.

“Desde hace más de dos décadas, los expertos venimos abogando porque exista un organismo único que se ocupe del hábitat en sentido general, la vivienda y el urbanismo, pero no se ha logrado porque priman intereses sectoriales, advierte González Couret.

A mediados de abril de 2014 esta publicación tuvo el privilegio de realizarle una entrevista –tal vez la última- al eminente arquitecto y doctor en Ciencias Técnicas, Mario Coyula Cowley, para un trabajo que entonces titulamos Patología del desamparo constructivo. Desde aquel encuentro, su sentencia lapidaria retumba en la memoria: “Las ciudades cambian cuando existe una visión integral para construir y conservar”.

En reiteradas ocasiones el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha exhortado a pensar como país, lo cual tiene una importancia estratégica para el proyecto social cubano.

Con visiones dogmáticas y fragmentadas es difícil, cuando no imposible, mantener y preservar un modelo de sociedad que ha sido capaz de desafiar por más de seis décadas al Goliat del mundo. En esa lucha, ha primado el sacrificio de un pueblo que tiene ganado el derecho a una vivienda y un hábitat adecuados, como refrenda la Carta Magna.

Compartir

Delia Reyes Garcia

 
Delia Reyes Garcia