Colombia instalará una mesa de diálogo con una parte de la disidencia FARC-EP, al propio tiempo que negocia con el Ejército de Liberación Nacional e intenta llevar a la justicia a grupos narcotraficantes

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sigue jugándosela todo por la paz… y recoge frutos. Con total seriedad mantiene su bienaventurada, aunque no menos arriesgada, apuesta de Paz Total, bandera para negociar con grupos armados vinculados a sangrantes décadas de violencia en ese país.

En medio de un proceso que ya avanza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el mandatario anunció la instalación de una mesa de diálogo con el autodenominado Estado Mayor Central, una de las principales facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que rechazó el acuerdo de 2016 y regresó a la lucha armada y que nunca firmó el pacto.

Para iniciar el nuevo capítulo la Fiscalía de Colombia necesitó suspender, a pedido del Ejecutivo, las órdenes de captura contra 19 integrantes de esa disidencia vinculados con diferentes procesos. Aunque ninguna de las personas avaladas es buscada por la justicia con fines de extradición, aseguró el fiscal general, Francisco Barbosa. En su solicitud para pedir levantar las órdenes de captura, Petro le otorgó a ese grupo un carácter político, el cual le permite negociar con el gobierno nacional.

Esas facciones la conforman exguerrilleros que en un inicio firmaron el acuerdo de paz y luego retomaron las armas, por lo que las leyes colombianas les impiden en principio volver a tener un tratamiento político. Es el caso de la Segunda Marquetalia, un grupo liderado por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien fue la cara visible de las conversaciones en La Habana, negoció el pacto de paz, pero se retiró y no lo acató. El Estado Mayor Central fue también uno de los cuatro grandes grupos armados que aceptaron un cese de fuego bilateral con el gobierno desde el 1° de enero de este año y hasta el 30 de junio. Además, es el único con el que se establecieron los protocolos para verificar el cumplimiento de la suspensión de hostilidades, lo cual incluye cualquier afectación a la población civil.

Por ahora es incierta la fecha para el inicio del proceso, pues antes deben crearse ambas delegaciones con sus respectivos representantes. Petro se propuso implementar una política para acercar a los múltiples grupos armados e instalar un proceso de paz o adelantar un sometimiento a la justicia con las bandas de narcotraficantes.

La Paz Total

El 26 de octubre último el Congreso de Colombia aprobó la ley de Paz Total, que autoriza al presidente a buscar la concordia con los grupos guerrilleros y bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a través de la negociación y procesos de sometimiento a la justicia. El concepto lo creó el propio gobierno y lo convirtió en una política de Estado. Incluye negociar con grupos armados ilegales que desangran al país con violencia, masacres y narcotráfico, pero también poner a la comunidad en el centro de esos pactos en su condición de principal víctima.

La ley abarca a todos los actores armados en un conflicto de más de seis décadas con saldo de casi medio millón de muertos y millones de desplazados, según cifras discretas. Las reales, son incontables… Asimismo prevé iniciar negociaciones de paz con bandas criminales como el Clan del Golfo cuyos líderes e integrantes recibirían beneficios como rebajas de penas y no extradición a cambio de la delación de rutas para exportar cocaína y la entrega de parte de las fortunas obtenidas ilegalmente.

Sin embargo, esa última facción no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia, porque parece privilegiar más sus negocios, a decir del propio presidente. Por el momento no hay posibilidad de negociación hasta que se evidencie “voluntad política”, aseguró. La Paz Total también contempla la creación de un fondo para garantizar la inversión social en las zonas apartadas golpeadas por la violencia y la presencia de los grupos armados ilegales.

Acuerdo con el ELN

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas en Colombia, está sentada a la mesa de conversaciones en busca de un acuerdo de paz, por primera ocasión con un gobierno de izquierda. El proceso se instaló en noviembre pasado en Caracas, Venezuela, después de no pocos tropiezos durante los gobiernos anteriores de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Las delegaciones cerraron el 12 de diciembre el primer ciclo de negociaciones con el anuncio de un acuerdo parcial sobre “acciones y dinámicas humanitarias”. Posteriormente se trasladaron a Ciudad de México para el segundo ciclo de conversaciones, concluido el pasado 10 de marzo. El tercero volverá a tener a Cuba como anfitriona, durante la primera semana del mes de abril. Un alto al fuego definitivo y la participación ciudadana serán los temas sobre los que versarán las deliberaciones, según informaron las partes.

Petro tiene puestas muchas esperanzas en que estos diálogos fructifiquen en un acuerdo, mas, el problema práctico está en mantener conversaciones diferenciadas con varios grupos armados y lograr los resultados que Colombia necesita. Una política ambiciosa, pero no imposible para quien logró romper la historia del país, instalarse en el poder y devolverle la esperanza a un pueblo ahogado en décadas de guerra.