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Publicado el 27 Mayo, 2021 por Sputnik en Tecnología
 
 

Sistemas de reconocimiento facial: el debate en América Latina

reconocimiento facial

En América Latina y el mundo, los Gobiernos implementan estas tecnologías principalmente bajo la premisa que que servirá para prevenir delitos y capturar a personas en conflicto con la ley. Foto: ticbeat.com

América Latina va a contracorriente. Mientras que varias ciudades estadounidenses prohibieron la vigilancia mediante reconocimiento facial —y que Microsoft, Amazon e IBM dejaron de vender esa tecnología a las policías—, los Gobiernos latinoamericanos apuestan por ella como solución a los problemas de seguridad. Pero ¿es más beneficiosa que dañina?

A pesar de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del 2020 los Gobiernos se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial e ir a contracorriente del norte del continente.

Se trata de una tecnología “altamente intrusiva”, que “obliga la recolección y almacenamiento de un dato sumamente íntimo, como es nuestro rostro”, junto a otros datos biométricos, se explica en el proyecto Reconocimiento Facial.Info que llevan adelante varias organizaciones sociales latinoamericanas.

Los datos biométricos son particularmente delicados: a diferencia de otros datos como la dirección o el nombre, no se pueden cambiar fácilmente. Son datos que remiten al cuerpo como signo identificador, desde el rostro y la huella dactilar, hasta la voz y forma de andar.

En América Latina y el mundo, los Gobiernos implementan estas tecnologías principalmente bajo la premisa que que servirá para prevenir delitos y capturar a personas en conflicto con la ley. Pero ahora también alegan que es necesaria para controlar la posibilidad de contagios de COVID-19 y cuarentenas en las ciudades, y para fiscalizar el tránsito entre países. Pues ya se utilizan tecnologías que son capaces de reconocer a personas con barbijo.

Sin embargo, el argumento de seguridad es desmentido por organizaciones de derechos humanos —entre ellas Privacy Savvy, que asegura que “más cámaras de videovigilancia no se traducen en menos delincuencia y más seguridad”—, y el de sanidad pública, para muchas, implica una vulneración continua al derecho a la privacidad.

Detrás del uso estatal de tecnologías de vigilancia a través de reconocimiento facial yace un gran dilema de proporcionalidad: ¿existe un equilibrio entre lo que el Estado necesita para, en este caso, darnos seguridad, y lo que nos quita, nuestro derecho a la privacidad?

¿Se justifica que la Policía monitoree a todos los que circulen por las ciudades constantemente, que obtengan datos biométricos, en pos de encontrar una determinada cantidad de personas en conflicto con la ley, ínfima en comparación a la población total vigilada?

El problema es que este dilema muchas veces no es siquiera planteado ni debatido en las sociedades. Cuando las hay, las regulaciones de este tipo de tecnologías son aprobadas sin discusión política. Los habitantes de las ciudades desconocen cuánto dinero se invirtió —porque la mayoría de las veces son compras secretas—, cómo funciona el algoritmo, o bajo qué protocolos se utilizan, porque no existen o no son públicos.

¿Es peligroso el uso de reconocimiento facial en vigilancia?

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la recopilación y el uso de datos biométricos sólo debe afectar a personas relacionadas con la delincuencia y no a la población en general.

Sin embargo, cuando las policías y otros organismos gubernamentales utilizan tecnologías de reconocimiento facial para vigilar el espacio público, recolectan de forma “masiva e indiscriminada” información altamente sensible, aseguran las organizaciones de derechos digitales.

Entonces sí, puede ser peligroso porque, entre otras cosas, se vulnera el derecho a la privacidad; un derecho “esencial para el desarrollo de la personalidad y la protección de la dignidad humana”, según Naciones Unidas.

Según Reconocimiento Facial.Info, su uso implica un riesgo potencial en la creación de perfiles detallados de todas las personas, incluyendo sus rutinas. Con ello, uno de los peligros implícitos es que las bases de datos sean vulneradas, filtradas o robadas, “lo que equivale a despojar a todas las personas afectadas del control sobre su propio cuerpo”, advierten.

Pero quizá lo más riesgoso es que se trata de una tecnología con altas tasas de falsos positivos. Además, tiene sesgos: las identificaciones erróneas se incrementan drásticamente cuando las personas vigiladas no son hombres blancos. Quienes pertenecen a grupos históricamente vulnerados, como mujeres, trans y personas de piel oscura, son las personas que más padecen las fallas de este tipo de sistemas.

“Así, la implementación de sistemas de reconocimiento facial conlleva la reproducción técnica de los sesgos de exclusión social y, cuando son utilizados con fines de vigilancia, amenaza el derecho a la dignidad, al debido proceso y la presunción de inocencia”, aseguran las organizaciones.

(Sputnik)

Vigilancia y reconocimiento facial: ¿qué pasa en América?


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