La Ley de Comunicación Social responde a la necesidad de trazar caminos sobre maneras, derechos y responsabilidades de todos los actores, en los diferentes contextos

Durante la segunda sesión extraordinaria de la X Legislatura, mientras la diputada Darlenis Urquiola Guerrero avanzaba en su argumentación sobre por qué considera ella que es primordial la comunicación comunitaria, recordé las acaloradas discusiones virtuales sostenidas por no pocos electores de cierta circunscripción a través de un grupo de WhatsApp. El espacio digital fue creado con la loable intención de mantener informados a los vecinos sobre las ventas a la población, la disponibilidad de gas, los medicamentos que entran a la farmacia del barrio; y también para que los ciudadanos contaran con un canal de comunicación alternativo, pero directo con la delegada de la circunscripción.

La comunidad digital se convertía en un sitio a donde llegar para preguntar si había mucha cola en la panadería o si en la bodega habían comenzado la venta del pollo; para pedir ayuda con algún medicamento “perdido”, incluso para compartir información sobre plazas disponibles en varios centros laborales de la demarcación.

La “cosa”, como se dice en buen cubano, marchó bien, hasta que a algún administrador del grupo se le ocurrió que, para tener derecho a pertenecer a él, incluso ya siendo miembro, la persona tenía que poner, en los ajustes de su WhatsApp, el nombre verdadero con sus apellidos y una foto real. Las sugerencias, protestas y llamados de atención a los administradores (incluyendo a la delegada) llovieron, mas la “indicación” se mantuvo y, al cabo del tiempo marcado, todas las cuentas de los miembros que no cumplieron con la norma, fueron eliminadas del grupo.

Ciertas diligencias posteriores movieron a la reflexión de los responsables y tales reglas se retiraron, pudiendo incorporarse, nuevamente, los vecinos que quisieron. Sin embargo, el hecho evidenció que la falta de conocimientos sobre cómo comunicar y las características de las vías que se escogen para hacerlo pueden poner en riesgo un proyecto tan útil para la comunidad como ese, que muestra cómo es posible adaptar la función del delegado a novedosas formas de interacción y agilizar trámites o gestiones gracias al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, luego de que los diputados aprobaran por unanimidad la Ley de Comunicación Social, dijo: “Es fundamental y necesario, que junto con esta ley y a favor de su implementación más efectiva, se promueva e impulse la educación para la comunicación y la alfabetización mediática e informacional de las personas en nuestro país”.

Justamente, entre los retos fundamentales que debe asumir la sociedad cubana, de conjunto con sus instituciones, es la educación para la comunicación en redes sociales digitales, o a través de medios electrónicos. Y esto alcanza no solo a los periodistas o a quienes están a cargo de las oficinas o departamentos de comunicación en las empresas o entidades, incluye a toda la ciudadanía. La eficacia de la comunicación hoy no solo depende de las palabras y el tono que usemos, sino también de las características de los canales a través de los cuales establecemos el contacto.

En materia de educación para la comunicación, lo expresado por la diputada Aylin Febles sobre las herramientas y competencias que deben potenciarse desde las edades tempranas en los niños, demuestra otro de los desafíos que, en esta dirección, toca sobre todo a las escuelas, pero también a toda institución que esté en su entorno: ponderar la creatividad, el pensamiento, y formar estudiantes que sean capaces de expresar sus ideas abiertamente, sin recurrir a lo reproductivo; todo ello, acompañado del conocimiento actualizado de las tecnologías para la comunicación. No es pequeño el reto, ni sencillo.

La Ley de Comunicación Social ratifica lo que, por muchísimos años, ocupó la agenda de los periodistas cubanos: el acceso a la información y la difícil relación con algunas fuentes, a veces frustrante. Por eso, en el documento normativo, se asume como derecho de los profesionales de los medios de comunicación la denuncia de aquellos actos de personas u organizaciones que ofrezcan contenidos erróneos, obstaculicen el acceso a la información o ejerzan presiones que limiten el cumplimiento de su función social.

Pero esta no es una ley solo para los periodistas. Como expresaba la diputada Leidys María Labrador Herrera, la norma reconoce el papel de los comunicadores sociales en su más amplio campo de actuación, tal y como siempre debería haber sido.

“Muchas veces tenemos a un comunicador social, durante varios meses, trabajando en una estrategia de comunicación y después se engaveta”, aseveró la periodista tunera durante los debates en la Asamblea Nacional.

El comunicador social es un elemento clave en la gestión de cualquier organización y su actuación puede hacerla crecer y posicionarla. Y aunque es cierto lo que planteaba la colega, el desempeño de algunos con quienes he podido trabajar en ámbitos como el Grupo Empresarial Ganadero (Gegan), el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y hace algunos años en la delegación provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Holguín, demuestran que un buen comunicador es capaz de conocer al dedillo cada detalle de su entidad y ofrecer a la prensa información valiosa (que no un informe para reproducir textualmente y según el capricho de la entidad) en pos de visibilizar de forma efectiva el trabajo del centro al que representa y sin desconocer las características de cada medio de prensa o irrespetar a sus profesionales.

Por otro lado, las reflexiones de la diputada Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, durante la jornada anterior a la aprobación de la ley, giraron en torno a lo estratégico que resulta a cualquier país disponer de normas para la comunicación, sobre todo en un mundo donde las redes sociales digitales responden a estructuras transnacionales. Elizalde se refirió también al cambio de paradigma de los medios de comunicación masiva a la masificación de los medios, lo cual significa, según sus propias palabras, que es como si todos cuantos acceden a redes sociales tuvieran un megáfono en la mano:

“Y cuando digo todos me refiero a más del 60% o al 64% de la población cubana. Imagínense que todos saquemos el megáfono y empecemos a gritar. ¿Qué significa eso? Ruido. ¿Quién se escucha por encima del ruido? El que tenga las tecnologías, los algoritmos…”.

Al finalizar la jornada de este jueves, muchos comunicadores decían: “Tenemos Ley”, y hasta se felicitaban. Tenemos Ley, es cierto; mas no basta con que existan 107 artículos que regulen las formas de comunicar; ni siquiera que estos sean de conocimiento de los profesionales de la prensa o de la comunicación social. El reto primero es que la ciudadanía entienda a qué se refieren esos artículos, que los decisores en las instituciones o entidades públicas comprendan el desafío que ahora, más que nunca, tienen por delante y, luego, veremos cómo se pone en práctica y cuánto beneficio traerá para la sociedad. Con tiempo, ya lo veremos.