Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte duran ya un mes y medio. El gobierno solo incrementa la represión,  desoyendo todas las exigencias del pueblo, que ya vio asesinar a más de 50 personas

Perú vive uno de los peores actos de violencia política en las últimas décadas. Sucumbe en el caos y las protestas se intensifican cada día.

Desde todos los puntos del país piden la renuncia de un gobierno usurpador, que solo se afianza en la silla presidencial y azuza a la policía a seguir reprimiendo. 

Las demandas de los manifestantes no son nuevas; reflejan un sistema que no funciona desde hace décadas y que intentó subsistir de la mano de Pedro Castillo, defenestrado del poder hace más de un mes. El mismo tiempo que lleva el país en plena efervescencia.

Piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte. Desde que la designaron en el poder Perú está paralizado por las protestas. Más de 50 personas han muerto en los enfrentamientos con las autoridades y, según atestiguan vídeos que circulan en las redes, algunas fueron claramente asesinadas.

Además, conforme a la Defensoría del Pueblo, se registran 722 manifestantes heridos y 442 agentes policiales lesionados.

Los peruanos exigen la disolución del Congreso, la institución más desprestigiada de Perú. A ambos, a Boluarte y al Legislativo, el pueblo los percibe como corruptos.

Las fuerzas conformadas por más de once mil policías reprimen bajo las órdenes de Alberto Otárola, el primer ministro y el más firme defensor de la respuesta a los manifestantes.

Otárola es la cara más visible y polémica del Gobierno de Dina Boluarte y, pese a ser un jurista experto en derechos humanos, encabeza un Ejecutivo que no los respeta.

Apartado durante muchos años de la primera línea de la política peruana, encabeza un gabinete autodefinido como de transición y con la prioridad de restablecer el orden a cualquier precio, incluso el de la muerte.

Como primer ministro lleva las riendas y fue quien declaró el estado de emergencia en Lima y varios departamentos. Da instrucciones a las fuerzas de seguridad para reprimir los desórdenes, de matar…

La Fiscalía abrió investigaciones contra él; la presidenta; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el titular de Defensa, Jorge Chávez,  por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Toman en cuenta lo acontecido durante el mes de diciembre en las localidades de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.  Pero tendrán que sumar los estragos de los últimos días.

Aunque lo niega, fue Otárola quien dio la orden a la policía de disparar a matar y no dejó renunciar a la presidenta cumpliendo el mandato del pueblo, porque «abriría las puertas a la anarquía».

El país necesita un nuevo comienzo y elecciones para restaurar un sentido de legitimidad en las instituciones públicas, pero Boluarte y los legisladores se resisten a anticiparlas.

La mandataria ya aceptó un adelanto de los comicios para abril de 2024, pero los manifestantes exigen sean este mismo año.

Además, se reclama la convocatoria de una asamblea constituyente, que se encargue de la redacción de una nueva Carta Magna, y la excarcelación de Pedro Castillo, actualmente incomunicado y en espera de una audiencia para determinar su caso.

El Perú de hoy preocupa y no se vislumbra solución. Gira sobre un eje inestable que apunta a empeorar. Mientras, igual sigue lloviendo sangre sobre las calles.

CRÉDITO PORTADA

Brutal represión policial a pedido gubernamental. / larepublica.pe