Entre lo legislado y una persona atendida en su cama media una distancia que se mide en personal, plazas, teléfonos que alguien contesta y trámites difíciles de sortear. En dos años, Cuba ha recorrido buena parte del papel: un decreto en octubre de 2024, un plan quinquenal en febrero de 2026, una resolución sobre residencias de gestión no estatal en abril, un anuncio acerca de la jubilación en junio. Falta medir cuánto de ese recorrido llega al hogar.
La urgencia de la familia que debe atender a una persona mayor, con discapacidad o en situación de dependencia es inmediata. Se organizan la comida, la higiene, los medicamentos, las consultas y la movilidad. A veces se debe abandonar su empleo o reordenar la jornada entera; otras, lo arduo es hallar un relevo, aunque sea por unas horas.
Pero acceder a esos servicios depende de una trama de requisitos, instituciones y recursos que no siempre están disponibles cuando urgen.
El marco jurídico cubano reconoce el cuidado como responsabilidad compartida del Estado, las familias, la comunidad y otros actores sociales y económicos. Su paso más relevante fue el Decreto 109, de octubre de 2024. Con enfoques de derechos, género y curso de vida, rebasa la atención a los mayores: abarca la asistencia en distintas etapas y subraya la coordinación de los servicios. Incorpora además mecanismos de seguimiento y evaluación; su artículo 22 prevé incluso revisar el sistema cada cinco años, con examen de lo dispuesto, los indicadores y el impacto.
El Acuerdo 10275 del Consejo de ministros, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria no. 20 del 12 de febrero de 2026, aprobó el Plan para la Implementación del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida 2026–2030, el cual estructura su trabajo en cinco componentes esenciales. Sus fines incluyen mejorar la cobertura y la calidad de la atención, ampliar la formación, actualizar el cuadro legal y perfeccionar la información, el seguimiento y la evaluación. Los grupos provinciales y municipales para la Atención a la Dinámica Demográfica deberán diseñar y aplicar iniciativas propias, ajustadas a cada territorio, pues una estrategia eficaz rehúye la misma solución para realidades distintas.
El documento es, ante todo, una hoja de ruta: traza metas e intenciones; los resultados, de producirse, llegarían después. Mas ¿cómo se traduce esa arquitectura institucional en un respaldo concreto para la familia incapaz de sostener sola el peso de la carga?
La puerta de entrada
La Asistencia Social a Domicilio, regulada por el Acuerdo 10057 del Consejo de ministros, del 31 de enero de 2025, forma parte de las modalidades previstas. El Plan la describe como el pago a un asistente para mayores o personas con discapacidad o limitaciones en las actividades de la vida diaria y sin familiares a cargo. Acceder a ella supone cumplir criterios establecidos y pasar una evaluación: una familia puede soportar una exigencia enorme sin reunir los requisitos de una modalidad concebida para casos determinados, o cumplirlos y precisar orientación para tramitar la solicitud.
La experiencia de Iván Benítez revela cuánto importa saber adónde acudir. Fue en la oficina de Asistencia Social de La Víbora, vinculada a los consejos populares del municipio, donde gestionó una asignación económica, al margen de su área de salud.
La cifra de asistentes contratados y certificados, citada en la primera parte de este reportaje, no dice qué porción de la demanda cubren. Incluso el total nacional resultaría corto. Para valorar el alcance de la prestación habría que conocer su reparto por territorios, cuántos la reciben, el número de solicitudes pendientes y por qué una familia queda fuera. Esos datos distinguirían la existencia formal de la disponibilidad efectiva.
Belkis Delgado Cáceres, directora de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), planteó a BOHEMIA integrar los servicios existentes, dispersos en general. Ahí asoma uno de los grandes desafíos del sistema: articular instituciones distintas para atender necesidades entrelazadas.
La llamada que acompaña
La teleasistencia es otra de las modalidades incorporadas al perfeccionamiento de los servicios sociales comunitarios. El periódico Granma explicó en mayo de 2025 que se dirige a mayores o personas con discapacidad que viven solas, siempre o buena parte del día, y también a las acompañadas con limitaciones semejantes.
El servicio opera mediante una línea telefónica a cargo de trabajadores sociales de las direcciones municipales del MTSS, en coordinación con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. La disposición reseñada por ese diario fija la atención en doce horas diarias (8:00 a.m.-8:00 p.m.). La línea ofrece orientación, información y comunicación a quienes sufren riesgo de aislamiento, y contempla gestionar el acceso a atención presencial especializada si el caso lo amerita.
Aquel artículo de 2025 informaba de un piloto en seis municipios: Guanabacoa, Artemisa, Güines, Jaruco, Santa Clara y Palma Soriano. Esa referencia documenta la fase anunciada entonces; la cobertura de estos momentos está por establecerse. Valorar el servicio pasaría por saber cuántos municipios lo ofrecen, los usuarios inscritos, qué incidencias reciben, el tiempo de demora de una respuesta presencial y qué ocurre fuera de ese horario.
La tecnología puede acercar a la persona a la red institucional, pero su eficacia depende de contar, al otro lado, con una estructura capaz de actuar.
Cuidar tiene precio
La atención domiciliaria es una de varias modalidades reguladas. El 3 de noviembre de 2025, el Consejo de ministros aprobó el Acuerdo 10249, que autoriza a actores económicos no estatales a brindar servicios de cuidados a mayores o a personas con discapacidad. La Resolución 247/2025 del Ministerio de Salud Pública, publicada en la Gaceta Oficial ordinaria no. 35 del 21 de abril de 2026, fijó las premisas para su funcionamiento y control.
La disposición regula la atención diurna, permanente y combinada. Para las residencias, exige condiciones constructivas del local, accesibilidad, servicios básicos, certificación del personal y licencia sanitaria. Recoge además principios de respeto a la dignidad y la autodeterminación de los atendidos, de participación social y de prevención de la discriminación, la violencia y el maltrato. Cada local admite un máximo de 60 personas.
Esta vía abre alternativas fuera de la familia y de las instituciones estatales tradicionales, pero autorizar una modalidad no garantiza que exista en todos los territorios ni que resulte asequible. Una residencia privada o un centro de día resuelve la situación de la familia con plaza y con dinero para costearla; para otra, la misma opción queda fuera de su presupuesto. Sin datos de precios, capacidad instalada, distribución provincial, establecimientos autorizados y ocupación real, es imposible medir todavía cuánto amplían el acceso estas modalidades.
Del anuncio al derecho
Una de las noticias más significativas de 2026 es el reconocimiento, para la jubilación, del tiempo dedicado a atender a familiares. El 21 de junio, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro Manuel Marrero Cruz propuso que, de los 30 años de servicios mínimos exigidos en el régimen contributivo, pudieran computarse hasta diez dedicados a atender a familiares. La medida se presentó como parte de las soluciones ante el contexto demográfico del país y vía para reconocer socialmente esa labor.
Sergio Cabrera, coordinador general del Proyecto Palomas, lo resume así: atender a un familiar en casa sigue siendo “un trabajo que no está reconocido como trabajo”.
La propuesta beneficiaría, principalmente, a familiares con la trayectoria laboral interrumpida durante largos períodos para atender a un dependiente, pero su eficacia pasa por la precisión de sus reglas. El anuncio supone un período parcial, con los demás requisitos del sistema de seguridad social vigentes. La declaración pública no ahonda en cómo se acredita el tiempo dedicado a la atención, quiénes pueden acogerse, qué documentos deberán presentarse ni qué organismo tramitará las solicitudes. BOHEMIA trasladó estas dudas al MTSS y, hasta el cierre de esta edición, no había recibido respuesta concreta acerca del procedimiento.
Para el familiar que pasó años sin cotizar mientras atendía a un enfermo, la distancia entre una medida anunciada y un derecho ejercible tiene consecuencias prácticas. El reconocimiento previsional compensaría en parte una interrupción laboral, pero quedan sin resolver los ingresos perdidos, el descanso, la atención sanitaria y la reinserción laboral.
Primero, aprender
La atención de un dependiente reclama plazas, respaldo económico o asistencia a domicilio, y también saberes: algunas maniobras entrañan riesgos para ambos.
Esa formación tiene un antecedente en las Escuelas de Cuidadores del Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED). Minsú Sotomayor, jefa de su Departamento Psicosocial, explicó que el programa se estandarizó con el fin de unificar el lenguaje de los profesionales y se formaron facilitadores para replicar las escuelas en las áreas de salud de municipios y provincias, por lo general en aulas de policlínicos o casas de abuelos.
Las consultas individuales, mantenidas siempre, abordan la patología que origina la dependencia, ofrecen herramientas de tratamiento y manejo, y estudian el microentorno social de cada caso. La especialista citó, como dolencias frecuentes de estos familiares, las afectivas, las de columna por levantar peso y los trastornos de la presión arterial, e igualmente habló del síndrome del cuidador agotado.
Al CITED llegan pacientes de las áreas de salud, remitidos por otras especialidades o por decisión propia; una consulta de clasificación decide el ingreso o el seguimiento externo.
En su momento, la red de escuelas alcanzó a un grupo numeroso, apuntó Sotomayor; falta conocer a ciencia cierta qué parte sigue activa y cómo encaja con las disposiciones recientes.
En junio de 2025, el rotativo Granma informó de la aprobación de disposiciones para crear escuelas de formación de cuidadores y extender su alcance dentro del sistema nacional. El viceministro de Trabajo y Seguridad Social Ariel Fonseca Quesada detalló entonces que se preveía capacitar a los trabajadores de la actividad en los sectores estatal y no estatal, y diversificar las modalidades con aplicaciones móviles o cursos televisados.
Esa decisión responde a una dificultad que Iván Benítez conoció de cerca: aprendió sobre la marcha y halló orientación en el Proyecto Palomas, aunque en parte del proceso echó de menos el acompañamiento institucional.
Con todo, la formación no sustituye al relevo: alguien puede dominar las técnicas adecuadas y sentirse exhausto si pasa jornadas enteras sin separarse de la persona atendida.
Donde la red no llega
Detrás de la soledad del cuidado en casa hay, además, una cuestión de género. Cabrera rechaza que sea una obligación natural de las mujeres y sostiene que compete a toda la sociedad. Le atribuye un origen cultural:
“Se dice que los cuidados tienen rostro de mujer porque el patriarcado, el machismo, la propia cultura nos han imbuido la idea de que son ellas a quienes les toca”.
La observación enlaza el trabajo cotidiano con una desigualdad de mayor alcance: el reparto del tiempo y de las oportunidades entre hombres y mujeres. Las cifras de 2016 lo muestran: ellas dedicaban casi 36 horas semanales al trabajo no remunerado; ellos, 22.
Cuando la atención recae por entero en una sola persona, el empleo, los ingresos, la salud y los vínculos familiares se resienten.
A juicio de Cabrera, la falta de conciencia de este problema no se limita a los trabajadores sociales: los actores locales tampoco lo han incorporado en su agenda. Sitúa el asunto en la actual “policrisis”: si el día a día resulta complicado para cualquiera, lo es más con una responsabilidad añadida en medio de la carencia de insumos, electricidad y medicamentos.
Lizette Vila, fundadora y directora de Palomas, advierte que muchos jóvenes asumen esa tarea de manera informal y describe un patrón: “La inmensa mayoría de las personas cuidadoras experimentan abandonos institucionales, familiares y comunitarios”.
Frente a ese aislamiento, Palomas ha promovido espacios de intercambio y orientación, como la red de WhatsApp ya mencionada. Allí se comparte desde cómo preparar la comida hasta ratos de diversión; el mensaje de fondo, dice Cabrera, es que nadie debe afrontar esa labor a solas. Su valor radica en dar información y tejer vínculos entre personas con situaciones parecidas. Cuando murió su madre, Iván Benítez avisó a Palomas y, contó, recibió enseguida cientos de mensajes de condolencia.
La organización lleva 25 años visibilizando el tema en sus más de cien documentales. En 2021, en plena pandemia, realizó Ellas, cuidados y cuidadores, audiovisual que, a criterio de Cabrera, ayudó a movilizar a la academia, las instituciones y los decisores.
El Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida propone la participación de distintos actores. La experiencia de Palomas demuestra el valor de esa colaboración, pero la corresponsabilidad debe concretarse en mecanismos estables, sin quedar a merced del empeño de iniciativas independientes.
Descansar también es justicia
El Plan 2026–2030 dedica mención especial al respaldo directo a quienes cuidan, remuneradas o no. Como medidas previstas figuran el asesoramiento y el acompañamiento psicológico, la creación de servicios de respiro y la ampliación de las redes de apoyo para mayores y personas con discapacidad que viven solas y lo requieren. Incluye indicadores para medir los servicios creados y el número de beneficiarios.
Esos objetivos parten de una realidad presente en las historias de Irene, Marta, Iván y Blanquita: atender a otro durante largos períodos puede minar la salud y la autonomía. Iván pasó cinco años sin poder salir y, relató, su peso cayó de 87 a 54 kilogramos.
Tras años sin pausa, ausentarse unas horas con el familiar bien atendido marca la diferencia entre sostener una rutina y llegar al agotamiento.
El plan enumera tareas e indicadores; para conocer sus resultados harán falta cifras de cumplimiento y el testimonio de los beneficiados. Habrá que saber también cómo se articulan los apoyos psicológicos, la atención primaria de salud, la asistencia social y las redes comunitarias, porque la fragmentación puede obligar a las familias a tocar varias puertas para resolver una misma situación.
El relevo es también cuestión de igualdad, y reconocer ese esfuerzo es el primer paso. El segundo, crear condiciones para sostener esa labor sin renunciar al empleo, al descanso, a las amistades ni a los proyectos propios.
La prueba de los hechos
El Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida cuenta con una base jurídica, un plan para 2026–2030 y diversas modalidades de atención.
Pero el andamiaje jurídico no mide resultados. Para evaluar los avances, la revista identifica algunos aspectos a analizar:
• Los beneficiarios de la asistencia social a domicilio y su distribución por localidades.
• Las solicitudes presentadas, atendidas y pendientes, con sus causas.
• La cobertura efectiva de la teleasistencia y su capacidad de reacción ante incidencias.
• Las escuelas de cuidadores en funcionamiento, los certificados y los municipios alcanzados.
• Los servicios de respiro y de apoyo psicológico creados.
• Las residencias y otras prestaciones no estatales autorizadas, con su capacidad, ubicación y condiciones de acceso.
• Los recursos presupuestarios asignados al plan y el cumplimiento de sus indicadores.
• El procedimiento para reconocer, a efectos de jubilación, el tiempo dedicado al cuidado familiar.
Las fuentes consultadas para esta entrega no reúnen esos elementos. Sería poco riguroso dar por sentada una cobertura nacional determinada, una insuficiencia general de los servicios o logros.
El Plan reparte la implementación entre estructuras nacionales, provinciales y municipales. Esa distribución permite identificar interlocutores a quienes solicitar datos sobre metas, cumplimiento e impacto. La rendición de cuentas forma parte del sistema: sin ella se ignora si las políticas responden a las carencias que las originaron.
Alguien debe responder
El papel avanza más rápido que el alivio. Las manos cansadas persisten en la casa, en la madrugada, en la consulta médica, en la cocina, en el instante en que el cuidador sale y busca a quién dejar al frente.
El Decreto 109 y el Plan 2026–2030 amplían el abanico de opciones con la asistencia domiciliaria, la teleasistencia, la formación y la atención no estatal. El reto es convertir esas herramientas en prestaciones asequibles y sostenidas. Para ello, los organismos deben informar cuáles existen, explicar cómo acceder a ellas y publicar balances. Las personas cuidadoras, por su parte, quieren conocer sus derechos y disponer de orientación, formación y asistencia. La protección del atendido está entrelazada con las condiciones de sus cuidadores.
Irene, Marta, Iván y Blanquita muestran, desde experiencias distintas, cuánto cambia una vida cuando esta situación pasa a ocupar el centro de la rutina. Lo aprobado abre la posibilidad de que esa carga deje de depender de la capacidad de sacrificio de cada hogar.
Lizette Vila subraya que a cualquiera le puede llegar el momento de cuidar o de ser cuidado: el asunto concierne a todos.
El sistema habrá avanzado cuando pedir ayuda deje de ser una carrera de obstáculos y cuidar no signifique, para tantas personas, perder la vida propia.
