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Publicado el 26 Octubre, 2020 por Liset García Rodríguez en En Cuba
 
 

COVID-19

Justicia sin paños tibios

Para el enfrentamiento a indisciplinas, violaciones de las medidas sanitarias y otras conductas negativas, el país se armó de estrategias. Agentes del orden multiplicados con otras fuerzas, fiscales y jueces han actuado con energía y transparencia en la respuesta eficaz que exige el pueblo. Acerca del rigor en la aplicación de las leyes, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, apunta sus consideraciones

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.Por LISET GARCÍA

A un ciudadano de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, por un delito de acaparamiento se sancionó a un año y seis meses de privación de libertad el 8 de mayo último. Como es multirreincidente se le agravó la sanción. Parece que no ha entendido el daño que provoca a las familias de su poblado al acumular tantos bienes con el propósito de revendérselos después a un precio muy superior.

Es un abusador, susurró un vecino al verlo salir del Tribunal Municipal. Ganas no le faltaron de gritarle varios insultos, pero se contuvo porque los jueces le habían dado su merecido escarmiento. Ahora falta que reflexione y vuelva de la cárcel decidido a pensar en los demás y no solo en su bolsillo.

Como dice el refrán, perdió güiro, calabaza y miel. O le cabría también el de la avaricia rompe el saco. Al aplicarle la sanción accesoria de decomiso, las cantidades de mercancías ocupadas (arroz, azúcar, vinagre, condimentos, sirope, refrescos, latas de sardinas, cuadritos de pollo y otros), bastarían para abastecer al menos un círculo infantil durante más de un mes. Duele y provoca indignación que parte de los productos no pudieron ser aprovechados y fueron a parar a la basura como desechos inservibles.

Fufú de ilegalidades

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

Ilustración: JOSÉ LUIS

En Florida, Camagüey, otro ciudadano fue sancionado por el Tribunal Municipal a un año de privación de libertad, el 29 de abril pasado, por los delitos de especulación y acaparamiento, previstos y sancionados en el Código Penal.

En su poder se encontraron más de 12 000 libras de plátano macho, que les fueron decomisadas, y se entregaron a la unidad de Acopio del territorio para beneficio colectivo.

Trabajador por cuenta propia, de oficio carretillero, fue sorprendido con tal suma de productos, sin documentación legal, adquirida, según declaró, por 130.00 CUP el quintal, a personas que probablemente la habían sustraído en la provincia de Ciego de Ávila.

Quién sabe cuántos pesos por encima les sacaría como ganancia. Esa y otras reflexiones formularon en el acto del juicio oral el fiscal y los jueces actuantes, decididos a que hechos como esos, tan lesivos al pueblo, no queden impunes.

En el acta de sentencia impuesta por el tribunal puede leerse que tal proceder es injustificable en nuestra sociedad socialista y al sancionar “cumplen con la respuesta penal que espera y exige de nosotros el pueblo, de quien somos representantes para hacer valer el estricto cumplimiento de las leyes”.

Peligro sin nasobuco

Más recientemente, en agosto último, se conoció que un ciudadano se creyó dueño de la noche habanera en medio de las restricciones de movimiento establecidas para horarios nocturnos. Un oficial de la Policía lo detuvo porque pasado de copas, evidentemente, llevaba el nasobuco como un collar. En las investigaciones previas al proceso penal se constató que estaba en libertad condicional por un delito de “desobediencia en la pandemia de la COVID-19”, por el que había sido juzgado en marzo pasado.

Al pisar otra vez la sede del Tribunal Municipal de Plaza de la Revolución recibió una nueva sentencia, en esta ocasión por propagación de epidemias. Ahora sí tendrá que ir a prisión al recibir un año de privación de libertad, máxima pena establecida en el Código Penal para ese tipo de delito.

Justicia humanista

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

La indisciplina en las colas es bien aprovechada por coleros, acaparadores y revendedores, otra pandemia en tiempos de la COVID-19. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA).

También en Camagüey, específicamente en Nuevitas, se conoció que una ciudadana adquirió grandes cantidades de productos de diversa naturaleza con el objetivo de aumentar su peculio mediante la reventa. Una parte los compró en la red de comercio minorista y otra en quién sabe qué oscuros almacenes estatales, mal controlados y peor custodiados, a merced de ladrones “autorizados” a sustraer bienes pertenecientes al pueblo.

Llama la atención la desfachatez con que esta señora, sin importarle la escasez y a despecho del esfuerzo del país para salvar vidas en la actual pandemia que agrava la situación económica nacional, colocó en la puerta de su casa una tablilla con “su oferta” de artículos de primera necesidad a precios exorbitantes.

Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria practicaron un registro en el domicilio de la acusada y le ocuparon cientos de pastillas de pollo, paquetes de galleticas saladas, gran cantidad de cigarros Hollywood, H. Upmann y Popular; cervezas Cristal, Bucanero, Belga, Holanda; cajas de jugos de mango y manzana; ron, café a granel, colonia, desodorantes y otros productos de aseo; cuchillas de afeitar, chicles, bolígrafos, tomacorrientes, medias de niño, galones de pintura… Además, se le ocuparon más de 20 000 CUP.

A la encartada, de 60 años de edad, el tribunal le solicitó –por ser autora de un delito de actividad económica ilícita–, una sanción de privación de libertad y como accesoria el comiso de los bienes ocupados, a los cuales se les dio curso social al estar en buen estado.

Pero como ella es hipertensa, padece diabetes y otras patologías se decidió imponerle una sanción de limitación de libertad de dos años y seis meses, conforme al artículo 34 apartado 1 del Código Penal, al estimar que sería suficiente para que la acusada comprenda lo errado de su actuar y modifique su conducta.

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

Ilustraciones: ORLANDO RAMOS-MALAGÓN

O sea, no irá a un centro penitenciario, pero deberá pensar mejor qué es lo más saludable para ella teniendo en cuenta que, al considerar sus dolencias, la sociedad le ha dado una oportunidad, pese a que hasta ahora poco le había importado ponerse en los zapatos de los demás.

Al dorso de la indisciplina

Hechos disímiles como estos han captado la atención de los televidentes de la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión, donde cada día se da a conocer cómo se está actuando para que el orden y la disciplina se enseñoreen en nuestro entorno.

Tales noticias no son más que la expresión de lo que puede verse en barrios y poblados del país: el quehacer de las autoridades policiacas, multiplicadas junto a otras fuerzas, de la mano de una voluntad política expresada en el llamado del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, a actuar rigurosamente frente a quienes pretenden vivir al margen de la ley y a costa de los demás.

A sabiendas de que la impunidad no puede ser tolerada, mucho menos en el actual trance sanitario, Cuba se ha visto obligada a una combinación de medidas de higiene y protección civil, restricciones de movimiento, vigilancia epidemiológica y la que garantice la tranquilidad y seguridad ciudadanas, con la requerida participación del sistema de justicia.

Si la disciplina no llega espontáneamente hay que construirla. Así opina un vecino del habanero municipio de San Miguel del Padrón, aburrido de ver desde su balcón cómo algunos burlan las normas por subestimar el peligro. “Ahora que arreciaron las medidas de restricción y cuesta 2 000 pesos la gracia de un incumplimiento, no les quedan ganas de reírse de los que tienen buena conducta. Gracias a esa medida que duele en el bolsillo muchos pasaron la página y le dijeron adiós a la indisciplina”.

Desde las primeras medidas de orden sanitario dictadas por Salud Pública, junto a las orientaciones de los consejos de defensa y la máxima dirección gubernamental del país, la convocatoria sigue siendo a cerrar filas en el actuar responsable, para contribuir a una batalla que es de todas las instituciones junto al pueblo, sabiendo que está en juego la vida de las personas.

 A raya el delito
Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

Los tribunales han obrado con rigor, sin descuidar el cumplimiento estricto del debido proceso, un derecho establecido en la Constitución de la República en su artículo 94, dice Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular. (Foto: LG).

Ante el panorama que afronta Cuba en tiempos de la COVID-19, el Tribunal Supremo Popular (TSP) emitió el pasado 30 de junio la instrucción 252 para ajustar las actuaciones de los tribunales en todo el país. De su contenido explica a BOHEMIA la vicepresidenta de esa institución, Maricela Sosa Ravelo.

La propia normativa valora en sus por cuantos el panorama de incremento del “número de personas de baja catadura moral y social, con total falta de escrúpulos”, que se dedican a lucrar de forma ilícita, al vender turnos para las colas a quienes necesitan adquirir mercancías de alta demanda en centros comerciales. Esos ciudadanos también acaparan “productos y artículos muy solicitados por la población para, posteriormente, revenderlos a precios superiores a los de su expendio en la red comercial”.

La vicepresidenta del TSP puntualiza que también hay individuos dedicados al canje ilícito de monedas y otras actividades lucrativas ilegales que perjudican los intereses generales de la ciudadanía y suscitan irritación y rechazo en la inmensa mayoría del pueblo. “Aunque de estos últimos hechos mencionados aún no se han radicado expedientes en los tribunales, sí de otras tipicidades delictivas contempladas en nuestro Código Penal”.

Remarca Maricela Sosa que es inaceptable que se aprovechen de las actuales circunstancias para incrementar las acciones ilícitas, por su afectación a la población, y son conductas egoístas, individualistas, que van en contra de los valores de la sociedad socialista. “Para afrontar ese panorama hemos trabajado intensamente en estos meses en los tribunales, con las debidas medidas de protección para todos los implicados. Gracias a cómo se han extremado la higiene y el distanciamiento en la sede de los tribunales, no se ha contagiado con la enfermedad ninguna de las personas que asisten a los actos judiciales, ni trabajadores de la institución”.

En medio de la tensión económica del país como resultado del arreciado bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos y el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 para la que Cuba ha dispuesto los recursos necesarios en aras de salvar vidas, autoridades, agentes del orden público, fiscales, jueces han enfrentado a los comisores de esos delitos, algunos de los cuales, además, incurren en actos de desacato, resistencia, desórdenes públicos y agresión física.

La vicepresidenta precisa que “resulta obvio que los delitos asociados a tales conductas son graves y dañinos a la sociedad y, por tanto, sus responsables merecen respuestas penales proporcionalmente rigurosas y severas, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes”.

Detalla que de julio a la primera decena de septiembre se han tramitado 345 asuntos con 277 juicios, en los que sancionaron a 312 personas, 106 de ellas con privación de libertad o trabajo correccional con internamiento, o sea, el 33.9 por ciento. Y a 127 la privación de libertad se les subsidió por otra que no implica encierro.

“A 79 se le aplicaron sanciones de multas, que en ningún caso puede considerarse una pena suave, pues suelen ser altas las sumas en dependencia del nivel adquisitivo de la persona o de las ganancias que obtuvo de su ilícito actuar, acompañadas, además, con la sanción accesoria del decomiso de los bienes o dinero provenientes directa o indirectamente de los hechos”. Puntualiza que del total de sancionados, a 186 se les aplicó esta sanción accesoria.

Como ejemplos menciona dos casos juzgados en el Tribunal Municipal Popular de Jagüey Grande. A una ciudadana que había entregado su licencia de trabajadora por cuenta propia en diciembre pasado, la sorprendieron vendiendo ron. Le fueron ocupadas 57 botellas de esa bebida, que, según declaró, eran remanente de su negocio. Por tal ilegalidad, los jueces le impusieron una multa de 300 cuotas a 15 pesos, o sea, debe pagar la suma de 4 500 CUP.

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

Por sus implicaciones económicas, uno de los casos más escandalosos de los detectados en estos meses es el del robo en Las Tunas de planchas de metal, vitales para el almacenamiento de petróleo. (Tomada del NTV).

En un segundo caso, a los implicados les impusieron pagar una cuantía de 300 cuotas de 20 CUP cada una, por haber retenido para su provecho personal 491 libras de pescado que por contrato debieron entregar a su empresa pesquera, mercancía ocupada por los agentes del orden actuantes.

Además, a 15 personas que estaban bajo el control del juez de ejecución, de asistentes judiciales, de la Policía Nacional Revolucionaria y de las organizaciones sociales y de masas, se les revocó la sanción o el beneficio de excarcelación anticipada, dígase libertad condicional, licencia extrapenal, por vincularse a hechos ilícitos de especulación o acaparamiento.

-¿Cuáles son las más frecuentes tipicidades delictivas juzgadas hasta el cierre de esta edición?

-De los 277 juicios, 36 han sido por actividad económica ilícita, los llamados coleros que revenden turnos; 157 por especulación (reventa de mercancías); 74 por acaparamiento (retención o transporte de mercancías en cantidades evidente o injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales). Y 10 hechos por desacato a la autoridad, todos de gran peligrosidad social, teniendo en cuenta las circunstancias del país.

“Los asuntos, una vez llegados al tribunal, se han resuelto con celeridad cumpliéndose con todas las garantías establecidas en la Constitución y la Ley de Procedimiento Penal.

“Hay expectativas de la población en relación con otros juicios como el de las planchas de acero ocupadas por la Policía en Las Tunas, cuyo destino era la fabricación de tanques para almacenar petróleo, tan necesarios para acopiar ese combustible en tiempos de escasez. Pero todavía esos hechos están en investigación por los órganos de instrucción penal del Ministerio del Interior y no han llegado al sistema de tribunales, al igual que otros denunciados en los medios de prensa.

“Se han fijado para la primera quincena de octubre varios juicios relacionados con el caso de acaparamiento de cebolla, que serán juzgados en los tribunales de Nueva Paz y Güines, en la provincia de Mayabeque”.

Técnica para impartir justicia

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

El uso de la videoconferencia en los juicios orales ha sido provechoso durante la pandemia, práctica que llegó para quedarse aun cuando no haga falta el distanciamiento físico. (Cortesía TSP).

Comenta Maricela Sosa que también, en medio de la COVID-19, este año el Consejo de Gobierno del TSP reguló el uso de la videoconferencia en la celebración de actos judiciales para garantizar la obligada observancia de los principios, derechos y el debido proceso, de modo que la tecnología se ajuste a la impartición de justicia.

“La opción ha resultado viable en la práctica judicial y evita desplazamientos de las personas de una provincia a otra.

“Recientemente se realizó un juicio en la sede del Tribunal Provincial de Ciego de Ávila, donde estaban presentes los jueces, el fiscal, el acusado y el abogado de la defensa. Y en la sede provincial de esa institución en Sancti Spíritus comparecieron los 15 testigos, quienes ofrecieron su testimonio. En otras ocasiones también se ha puesto la tecnología en función de esta modalidad, lo que en tiempos de pandemia resulta muy útil. Es de las experiencias que llegaron para quedarse, y son ya una práctica en el mundo”.

RUBÉN REMIGIO FERRO

 Cerrar el paso al desorden

De la labor de los tribunales populares de justicia también depende el clima de disciplina que necesita Cuba hoy

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

Foto: LG

El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, reconoce que las circunstancias excepcionales que vive el país con motivo del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 provocan el aumento de la gravedad de algunos de los delitos en que incurren las personas. En consecuencia, la respuesta a estas conductas y su penalización tienen que ser necesariamente más rigurosas.

Explica que cuando se pusieron en vigor los protocolos sanitarios y las medidas de prevención y de restricciones para evitar en lo posible la transmisión de la enfermedad, comenzaron a aparecer determinadas personas violando abiertamente esas disposiciones. Por eso, entre las disposiciones implementadas por el país estuvo la organización del enfrentamiento consecuente a esas transgresiones, incluida la necesaria adecuación de la actuación judicial en virtud de lo establecido en nuestra legislación penal.

El tal sentido, el Tribunal Supremo Popular, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales emitió indicaciones a los órganos jurisdiccionales en todo el país para puntualizar el tratamiento riguroso que, según lo previsto en la ley, debe darse a estas conductas delictivas, advierte Remigio Ferro, y agrega que “esa respuesta de mayor rigor de los tribunales no debe estar reñida con la necesaria ponderación y racionalidad al juzgar los casos”.

-¿Cómo explicar esa relación entre rigor y severidad, y la mesura y las garantías constitucionales de las que se habla?

-Hay un sector de la población que considera que la sanción de privación de libertad es la única respuesta suficientemente rigurosa para los comisores de delitos. Pero no es así. También resultan coercitivas otros tipos de sanciones que implican limitaciones de derechos y de libertades de las personas, afectaciones patrimoniales como las multas y otras accesorias como los decomisos y las confiscaciones, la prohibición de visitar determinados sitios y el destierro. Nuestra función es la de juzgar, caso a caso, con sus especificidades, para adecuar con la debida gradualidad la sanción que corresponda.

“En la justicia cubana, al igual que en todas las esferas de la vida social, hay peculiaridades propias del entorno nacional. Por tanto, además de cumplir los estándares universalmente reconocidos de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia de la justicia, en nuestro caso debemos prestar mucha atención a las circunstancias imperantes en el país, a nuestra idiosincrasia y a los escenarios en que ocurren los hechos que se juzgan.

“Hablar de justicia en contexto no quiere decir alejarse de esos principios a la hora de resolver los conflictos. Significa que, ante las conductas más graves, más violatorias del orden, de la legalidad y de la disciplina social, al juzgar los casos se es más estricto y las sanciones son más severas.

“Por otra parte, el rigor y la severidad en la justicia no deben aplicarse ciegamente, sino actuando con inteligencia, humanismo, sensibilidad y racionalidad, que son valores consustanciales a la Revolución. Por eso hemos insistido en la necesidad de analizar siempre las circunstancias en que se cometen los hechos delictivos junto con las características personales de quienes incurren en tales conductas”.

-¿Han constatado casos en los que al juzgar ha habido excesos y otros en los que la actuación ha estado por debajo de lo requerido de acuerdo con el hecho y el momento?

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

Cortesía TSP

-Sí. Aunque en general, en nuestra apreciación, los jueces han actuado con acierto, existen casos en los que las sanciones impuestas han sido demasiado benignas o demasiado severas. Es una posibilidad que siempre está latente. No es posible asegurar que los jueces son infalibles y que nunca se equivocan. Somos seres humanos y podemos errar en nuestras apreciaciones. Es por eso que el sistema judicial está diseñado por niveles de manera que quien se sienta afectado por la decisión de un tribunal pueda reclamar el reanálisis de su caso en la instancia superior.

“En general, en los casos que apelan ocurre que, entre un 15 y un 20 por ciento de ellos, el tribunal superior modifica en alguna medida la decisión tomada por los jueces de primera instancia.

“Sucede que cuando nos quedamos por debajo en la necesaria correlación proporcional que debe existir entre la transgresión y la respuesta penal, estamos favoreciendo la impunidad”.

-¿Cómo cerrarle el paso a la impunidad?

-Este es un fenómeno contraproducente al clima de orden y de legalidad que pretendemos prevalezca en nuestra sociedad y por tanto va en dirección contraria a ese propósito. Lo cierto es que la tolerancia generalizada crea condicionantes para la proliferación de las manifestaciones transgresoras. La impunidad entonces se convierte, más que en una condición, en una causa porque propicia la comisión del delito.

Remigio Ferro argumenta que al delito se le combate con la instrumentación gradual de medidas preventivas y coercitivas. En tal sentido se prevé un escalonamiento de acciones profilácticas primero y posteriormente medidas punitivas más o menos severas, según sea el caso. El resultado al que todos debemos aspirar es a que no exista una conducta transgresora y, cuando la haya, la respuesta se dé con eficacia.

-Se aprecia que detrás de muchos delitos hay descontrol administrativo, incumplimiento del deber de preservar los bienes del país, ciertas manifestaciones de corrupción de funcionarios. ¿Se cura en salud la sociedad con la actuación de los tribunales?

-No es secreto para nadie que esos fenómenos negativos están presentes en nuestra sociedad y que es un imperativo insoslayable combatirlos y luchar por erradicarlos tomando en cuenta que resultan altamente nocivos y perjudiciales para el avance del país. Esa batalla permanente es responsabilidad de todos. Para librarla los tribunales de justicia cubanos hemos sido reiteradamente llamados por la dirección de la Revolución, dado el papel importante que nos corresponde.

“No son pocos los procesos judiciales en que se juzgan hechos y situaciones de esa naturaleza y en tales casos nuestro deber es aplicar las leyes con la energía y firmeza que el asunto requiera.

“La erradicación de estos fenómenos depende de muchos factores y no es correcto pensar que la vía judicial es la única solución para esos problemas, pero estamos claros de la responsabilidad que tenemos para contribuir con ese objetivo”.

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

Ilustración: JOSÉ LUIS

 

Las alertas de Raúl Castro

Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más de 20 años de período especial, el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante los problemas de los demás.

Recordemos las palabras de Fidel en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005, cuando dijo que a esta Revolución no podría destruirla el enemigo, pero sí nosotros mismos y sería culpa nuestra, advirtió.

Así, una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado… la comercialización ilícita de bienes y servicios… el acaparamiento de productos deficitarios y su reventa a precios superiores… las violaciones de precios, la aceptación de sobornos y prebendas…

Todo esto sucede ante nuestras narices, sin concitar la repulsa y el enfrentamiento ciudadanos… El delito, las ilegalidades y las contravenciones se enfrentan de manera más sencilla: haciendo cumplir lo establecido en la ley…

Lo real es que se ha abusado de la nobleza de la Revolución, de no acudir al uso de la fuerza de la ley, por justificado que fuera, privilegiando el convencimiento y el trabajo político, lo cual debemos reconocer que no siempre ha resultado suficiente…

(Raúl Castro Ruz, Asamblea Nacional del Poder Popular, julio 7 de 2013).

 

 

Principales tipicidades delictivas en tiempos de pandemia

-Propagación de epidemias.

-Hechos contra agentes de la autoridad: desobediencia, atentado, desacato y resistencia, ocurridos generalmente en la vía pública y en comercios.

-Actividad económica ilícita.

-Receptación.

-Malversación.

-Apropiación indebida.

-Infracción de normas de protección a los consumidores.

Aplicación de la justicia en caso de coleros, acaparadores y revendedores.

 


Liset García Rodríguez

 
Liset García Rodríguez