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Publicado el 29 Octubre, 2019 por Maryam Camejo en Mundo
 
 

Ecuador, más allá del Decreto 883

La situación de crisis se arrecia cada vez más en el país sudamericano

Por MARYAM CAMEJO

Conferencia de prensa de la Conaie, en Ecuador. (actualidad.rt.com)

“No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo”. Así se pronunció el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, cuando anunció la suspensión de los diálogos con el Gobierno, porque, al contrario de un ambiente de negociación, estas comunidades han advertido de un entorno de hostilidad tal que incluye ataques cibernéticos contra los dirigentes de la organización.

Tras la derogación del Decreto 883, fuente de discordia que detonó las “revueltas”, varios analistas auguraron el fin de las manifestaciones –y por un momento pareció seguro–, pero los acontecimientos tomaron otra dirección. La Conaie pidió al Estado que “asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes”, así como por la “criminalización de la protesta social”, que ha sido maquillaje constante del discurso político para apuntar con el dedo a los ciudadanos en las calles.

Por un lado, la frecuente referencia a que las manifestaciones eran “teledirigidas” por el expresidente Rafael Correa, y sus seguidores: los correístas. Ese término abarcó a supuestos atacantes del orden público y la estabilidad del país. Los movimientos indígenas declararon por intermedio de varios de sus voceros que las manifestaciones ni eran solo de ellos, ni podían ser atribuidas únicamente a los seguidores de Correa, sino que más bien se trataba de todo el pueblo en el pleno ejercicio de exigir derechos y garantías que la administración actual intentaba eliminar.

Llegados a un punto crítico, de nuevo, tras la mesa de diálogo que moderó un negociador de las Naciones Unidas, la Conaie opta por acciones legales contra el Estado ecuatoriano ante instancias nacionales e internacionales “por la violación sistemática de derechos humanos”. Refirió que el proceder estatal durante las manifestaciones antigubernamentales “produjo muertes, heridos de gravedad y detenciones arbitrarias”.

La agrupación demanda la liberación de todos los detenidos y procesados, la reparación integral a las víctimas, el cese de la persecución política y de la judicialización, los ataques y las calumnias a los dirigentes indígenas. Además, se mantiene firme en la exigencia de renuncia de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes consideran “los directos responsables de la masacre perpetrada” contra el pueblo.

Varios analistas continúan argumentando que la situación podría tener su desenlace con la salida del Gobierno de Lenín Moreno. El destacado intelectual Atilio Borón, quien considera que dicho escenario está próximo, ha manifestado su preocupación por cómo realmente se produciría la salida de la crisis si, por ejemplo, asumiera la presidencia de Ecuador Otto Sonnenholzner, el actual vicepresidente.

Sin embargo, esta comentarista advierte que tal escenario no puede asegurarse con toda certeza, habida cuenta que manifestaciones como estas, como las que sacaron del Gobierno a Abdalá Bucarám o a Lucio Gutiérrez, no ocurrían desde hace casi dos décadas en Ecuador, y no concluyeron como algunos esperaban.

En medio de una magna crisis, donde también subyacen otros males de fondo: inconformidades, injusticas soportadas, etcétera, quizá Moreno logre mover las cuerdas a su favor, pero sinceramente es una movida bastante difícil.


Maryam Camejo

 
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