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Publicado el 7 Octubre, 2019 por Prensa Latina en Mundo
 
 

Llaman en ONU a respetar derechos de manifestantes en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, expresó voluntad de dialogar con las organizaciones indígenas que mantienen hoy una movilización por varios días contra las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno.
Ecuador, represión / PL

(Foto: prensa-latina.cu)

Naciones Unidas, 7 oct.- El vocero del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó hoy que las fuerzas de seguridad locales de deben garantizar el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. Naciones Unidas sigue de cerca esas protestas y recuerda los establecido en legislaciones internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza, apuntó.

El vocero apoyó la declaración de este lunes de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el tema, la cual señala que el uso de la fuerza en la represión de manifestaciones está reservado a casos excepcionales. Además, añade ese texto, el Estado tiene la obligación de aislar a quienes actúan con violencia.

Debe garantizarse el derecho de los ecuatorianos a manifestarse pacíficamente, dijo en referencia a las protestas que empezaron la semana pasada tras medidas de alza de los precios de los combustibles anunciadas por el presidente Lenín Moreno.

Este nuevo paquete económico, que elimina los subsidios estatales al combustible, generó gran repulsa popular y el jueves pasado, Moreno decretó el estado de excepción por un plazo máximo de sesenta días en la nación sudamericana.

Quito, 7 oct.- El Consejo de Protección de Derechos de Quito rechazó hoy los incidentes de violencia policial registrados durante las jornadas de manifestaciones desarrolladas en contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno.

En un comunicado, la instancia advirtió que ni la vigencia del estado de excepción nacional, decretado el pasado 3 de octubre, justifica eventos documentados como el uso de armamento prohibido e instrumentos para atropellamiento directo (principalmente caballos y motocicletas), de bombas lacrimógenas espiraladas y balas de goma contra los manifestantes.

Asimismo, criticó además la utilización de tanquetas diseñadas para conflictos bélicos con mensajes atemorizantes que, a su juicio, causan pánico, así como de disparos de gases y exhibición de instrumentos de tortura, entre otros. ‘Estos hechos violentos no pueden ser tolerados bajo ningún justificativo por su grave implicación en materia de derechos humanos’, aseguró el Consejo.

La denuncia también hace referencia a registros de hostigamientos policiales, incluso a personas que no eran parte de las protestas. Nos indigna -y descalifica totalmente a la fuerza pública– los golpes y las acciones de asfixiamiento contra niños y niñas, actos que están documentados en filmaciones.

El ente también expresó preocupación por la falta de cifras oficiales, por parte del gobierno, sobre el número y condición de personas heridas como resultado de los enfrentamientos durante las movilizaciones iniciadas el 3 de octubre, contra medidas económicas consideradas como un paquetazo por varios sectores de la sociedad.

‘El gobierno nacional solo habló de investigar las agresiones contra periodistas en el primer día del paro, pero lo mismo debería hacerse sobre los actos que han afectado a cientos de personas civiles, principalmente a jóvenes y adolescentes’, alertó el Consejo. Entre otras irregularidades, el texto menciona además a los detenidos, que cifra en más de 160 y a muchos de los cuales, reveló, se les ha vulnerado el debido proceso.

Frente a lo expuesto, el Consejo insistió en demandar al gobierno levantar la medida de excepción a nivel nacional, ordenar a la fuerza pública dejar de actuar con violencia, liberar a las personas detenidas y establecer procesos de investigación de los hechos, incluso de los considerados como delitos cometidos por la fuerza pública.

“De continuar esta escalada de violencia, responsabilizamos a las autoridades correspondientes, a la policía y al ejército de éstas y futuras acciones que se sucedan en contra de la integridad, la vida y demás derechos humanos”, advirtió.

El presidente de , Lenín Moreno, expresó voluntad de dialogar con las organizaciones indígenas que mantienen hoy una movilización por varios días contra las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno.

Así lo confirmó en un mensaje difundido en cadena nacional, en el cual insistió en remarcar su disposición de conversar con ese sector de la sociedad ecuatoriana, que desde el jueves pasado demanda derogar la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina extra, decretado por el mandatario, y en vigor desde el 3 de octubre pasado.

“Siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país, estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas”, reiteró el jefe de Estado.

Asimismo, aprovechó la ocasión para pedir ayuda en el combate a la especulación, fenómeno que comienza a verse en áreas como el transporte y la venta mayoristas de productos alimenticios, luego de la liberación del precio de los combustibles.

En territorios donde residen pueblos ancestrales de rige un estado de excepción decretado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en paralelo a una medida similar adoptada por el gobierno a nivel nacional.

Según anunciaron en un comunicado, la decisión se tomó ‘en ejercicio del derecho a la autodeterminación y autoridad para la administración de justicia en la jurisdicción de los pueblos y nacionalidades, reconocida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de ‘.

En el texto, difundido en las redes sociales, la Conaie explica que la determinación responde a la brutalidad y falta de conciencia de la fuerza policial para comprender el carácter popular de las demandas del paro nacional, iniciado el pasado jueves, contra medidas económicas anunciadas por el ejecutivo la noche anterior.

Al respecto la Confederación señaló que el grupo de reformas, calificadas como paquetazo, ‘afecta al conjunto de la sociedad ecuatoriana y deteriora las condiciones de vida y la existencia de los sectores populares más vulnerables del país’.

También consideró necesario adoptar el estado de excepción, ante la insistencia de la administración nacional de avanzar sobe los territorios indígenas con la explotación minera, de petróleo y bienes de la naturaleza, lo que provoca destrucción del entorno.

Finalmente, Conaie alertó que detendrá y someterá a la justicia indígena a militares y policías que se acerquen a los territorios de pueblos y nacionalidades.

La medida se aplicó en momentos en que en diferentes puntos de este país sudamericano, movimientos indígenas obstaculizan vías y realizan una marcha, con intención de llegar a Quito, en rechazo a las reformas presentadas el pasado 1 de octubre por el presidente de la república, Lenín Moreno.

Eliminar el subsidio al diésel y la gasolina extra, reducir en un 20 por ciento el salario en caso de contratos ocasionales renovados y disminuir de 30 a 15 días el período vacacional de los empleados públicos, forman parte del nuevo plan económico.

La decisión de la principal organización indígena de se hizo efectiva dos días después de la declaración de estado de excepción en toda la nación, decretado el pasado 3 de octubre, ante el paro transportista y las manifestaciones populares registradas luego del anuncio de las reformas.


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