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Publicado el 4 Octubre, 2018 por Redacción Digital en Nacionales
 
 

Miradas desde el campo al proyecto de Constitución

Arturo Aliaga,  jurídico de la ANAP, recomienda eliminar del título II: Fundamentos económicos, Artículo 29, el tercer párrafo, relacionado con la prohibición de arrendamientos, aparcería, préstamos hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen o cesión a particulares de los derechos emanados de la propiedad privada sobre la tierra
Campesinos en debate sobre la Constitución/ Radio Camagüey

(Imagen ilustrativa. Foto: Radio Camagüey)

En la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que agrupa a más de 380 mil campesinos cubanos, y junto a las tareas de la producción desarrolla un intenso trabajo ideológico, dirigido a defender y mantener las consquistas de la Revolución, de debete el Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

Arturo Aliaga,  jurídico de la ANAP, recomienda eliminar del título II: Fundamentos económicos, Artículo 29, el tercer párrafo, relacionado con la prohibición de arrendamientos, aparcería, préstamos hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen o cesión a particulares de los derechos emanados de la propiedad privada sobre la tierra.

Argumenta el funcionario experto en asuntos legales del campesinado, que se crea una contradicción, pues el párrafo que le antecede señala que la venta o trasmisión de este bien solo podrá realizarse con las limitaciones que establece la ley.

En presencia de Rafael Santiesteban Pozo, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la ANAP, Aliaga considera se debe añadir en el párrafo 19 del Preámbulo, voluntad unitaria de las organizaciones obreras y campesinas.

José Pernut sugiere adicionar al capítulo IV: Gobierno de la República, Artículo 129, segundo párrafo que a las sesiones del Consejo de Ministros asista también el presidente de la ANAP, en aras de que represente al sector cooperativo-campesino.

Idia Ruiz, que se desempeña en la esfera de educación y trabajo ideológico de la ANAP, sugiere reducir el tiempo del servicio militar a los estudiantes con carreras universitarias, y  propuso modificar el capítulo IV: Derechos y deberes cívicos y políticos, Artículo 91 inciso e) concerniente al servicio militar y social que establece la ley.

Planteó que los jóvenes que aprueben los exámenes de ingreso a la Educación Superior cumplan con el deber de la Patria en un concentrado de 45 días, y no se extienda a un año como sucede actualmente.

 

Otros participantes se refirieron al Artículo 68 sobre el matrimonio entre dos personas. (Con información de la ACN)


Redacción Digital

 
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