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Publicado el 24 Marzo, 2021 por Mariana Camejo en Opinión
 
 

BOLIVIA: Justicia por los masacrados

Mariam Camejo-Foto de autoraPor MARIANA CAMEJO

La clarividencia no es lo que le faltó a Jeanine Áñez para ignorar la posibilidad de que podía ir a prisión. Sino la lógica. Ya sabemos que los dictadores, además de ser actores políticos represivos, también anhelan con demasiada frecuencia la impunidad. Pero la expresidenta de facto dio muestras, incluso, de un pensamiento fatuo que, al parecer, le hizo creer que colocaría la agenda de la derecha y aplastaría, como a una hormiga, al Movimiento al Socialismo (MAS). Y ya ven, se equivocó. Es típico de los dictadores la arrogancia.

Escondida en una caja estaba cuando el operativo policial la encontró y la detuvo. Ahora el conglomerado mediático y de organizaciones antiMAS se desgañita proclamando la fractura de la democracia por el proceso, y olvida las masacres de Sacaba y Senkata, el saldo que deja la advenediza en términos de pobreza y corrupción o el escándalo de los respiradores inservibles comprados a sobreprecio para supuestamente atender a pacientes de covid-19. Según analistas, la caída de la economía boliviana durante la administración de la susodicha equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres, y casi medio millón más si se mide por pobreza extrema, a lo que se suman los efectos de la pandemia mal gestionada y la consecuente pérdida de ingresos. Ello, sin contar la crisis humanitaria-sanitaria y el colapso del sistema de salud.

¿Un dato interesante? Medios locales reportaron que una senadora demócrata de Estados Unidos denunció con documentos y pruebas una lujosa mansión, cotizada en 28.3 millones de dólares que apareció, en agosto a nombre de Carolina Ribera Áñez, hija de ya saben quién. La legisladora sugirió que la compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia. Y por si todo eso fuera poco, recordemos que, el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto que autorizaba a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden público sin que esto generara responsabilidad penal. Aunque lo derogó dos semanas después, su gestión evidencia el intento de crear un marco de legitimidad e institucionalidad para la brutalidad policial sin peligro de cuestionamiento. Pareciera un cóctel molotov que estalló para sorpresa de Áñez.

En el texto “Justicia promisoria”, publicado en Rebelión, al reseñar la situación Cristóbal León Campos advierte de que “sobre Áñez y demás golpistas pesan al menos 36 asesinatos por la represión ejercida contra el pueblo que luchó para frenar el avance golpista, unos 800 heridos y mil 500 presos políticos ilegalmente detenidos, además de crímenes cometidos por el saqueo a la economía, recursos naturales, agresiones a la democracia y contra el carácter plurinacional del Estado boliviano con los actos vergonzosos de racismo y neofascismo que instauraron en Bolivia una situación de indefensión que al final fue revertida por la voluntad popular manifestada en la elecciones presidenciales de octubre pasado en las que el poder del pueblo restauró el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ahora con Luis Arce a la cabeza”.

Por supuesto que, desde su celda, Áñez esgrime lo abusivo del proceso; pero esta vez, y por esa posible sentencia de 30 años que la atormenta, quizá haya que darle la razón a la sabiduría popular, esa que dice que todo vuelve, y que se cosecha lo que se siembra.


Mariana Camejo

 
Mariana Camejo