A contracorriente, cumpliendo con un mandato constitucional, han comenzado en Cuba las asambleas de nominación de los candidatos a delegados del Poder Popular. El contexto es el más empedrado de los últimos tiempos. Aun así, el proceso dio inicio para que la ciudadanía decida en las urnas el próximo 27 de noviembre quiénes integrarán el órgano superior del poder del Estado en cada municipio del país.

A las complejidades del mundo al filo de una crisis y una guerra perpetuas, se suma el ajustado cerco yanqui que sigue con saña su propósito de asfixiar al pueblo. No menos peso en la fotografía de la Isla hoy, llevan los llamados nuevos actores económicos del país, sujeto a cambios como la descentralización y otros que otorgan más poder de decisión a los gobiernos locales y las empresas, los cuales necesitan sortear engranajes, desatar nudos y, por supuesto, mucha inteligencia para hacerlos realidad.

Si fiscalizar y controlar a cada institución ubicada en comunidades y barrios siempre tuvo un alto valor, ahora cuando se asumen estrecheces económicas y apagones, combinadas con inflación, acaparamiento y demás entuertos, casi sin comparación, esa responsabilidad que otorga la ley a los delegados asume un sentido todavía más profundo.

En ese andar la participación ciudadana y de los trabajadores es más que apremiante porque hace falta como nunca una mejor administración de los recursos y disciplina en su utilización, y que tribute al bienestar colectivo. No puede haber gato por liebre, sino transparencia, comunicación, clave para un nuevo ejercicio de gobierno nacido al calor de la Revolución, y configurado como lo conocemos al estrenarse el sistema de Poder Popular, hace casi cinco décadas.

Hoy no solo es preciso una mayor autoridad de los delegados, sino más empuje de los vecinos, de frente a los problemas, en diálogo cara a cara elegidos y electores. Solo así se puede fortalecer la democracia y la institucionalidad. El poder en manos de los delegados no puede estar en el papel, en la Constitución, en las leyes. Son electos por el pueblo para que en su nombre se conviertan en motor impulsor del desarrollo local. La gobernabilidad nace en la circunscripción, célula primaria del Poder Popular.

En estas décadas de continuo aprendizaje y, por qué no decirlo, de innumerables tropiezos en el afán de hacer perfectible ese sistema de gobierno, muchos delegados han dado muestras de gran vocación y entrega a una labor que no tiene horario ni agenda pre fijada, y muchos menos miel sobre hojuelas.

Se sabe que aun cuando en la práctica les haya sobrado capacidad para encaminar los problemas del barrio, chocan con ineficiencias administrativas, no siempre asociadas a la carencia de recursos, y con directivos poco o mal habituados a tratar como deben a la ciudadanía.

Y como los delegados no administran, ni distribuyen recursos materiales, y tampoco cuentan con varitas mágicas para desatar entuertos y desafiar a los que a menudo incumplen con sus deberes de servir al pueblo, su labor se torna más ardua y sacrificada.

Desde su escaño asumen deberes de trascendencia y complejidad para la vida local y de los electores. Lo saben bien quienes ahora concluyen su trayecto durante cinco años, como lo estableció la Constitución de 2019.

Lustro especialmente difícil por la pandemia de covid que obligó a transformar las maneras de trabajar. Y habrá que continuar innovando pues se sabe que el período de mandato ya no es de dos años y medio, como antes. Nada sencillo es para delegadas y delegados simultanear esa función con las de sus ámbitos laborales, ahora por más tiempo. Lograrlo requiere esfuerzo. La vida dirá si ese plazo es humanamente factible.

Pero, el destino de un barrio, de una comunidad, no es responsabilidad exclusiva de ellos. También de las administraciones, cuyo deber es atender, responder, dar curso a necesidades, aunque no tengan toda la solución. Y de sus pobladores, que no deben cruzarse de brazos ni callarse cuando algo anda mal.

El Poder Popular está llamado a enrumbarse y perfeccionar su eficacia porque es el centro del sistema democrático del país, más allá de la nominación de los candidatos a delegados y del sufragio activo que la mayoría de los cubanos practicará otra vez en las urnas el próximo 27 de noviembre. Para cumplir el rol que su nombre indica deberá afincarse al unísono en ideas y con acciones en defensa del proyecto socialista cubano, de la mano de su gente.