El diario francés Le Monde definió una vez a Ecuador con una sola palabra: “ingobernable”. Desde 1978, con el retorno de la democracia, el país ha tenido 15 presidentes. Y lo que resulta más significativo, son pocos los que lograron acabar su mandato, acuciados por rebeliones sociales, escándalos de corrupción y crisis económicas.

Así sucedió desde finales de los años 90 con Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. También se vio tambalear al Gobierno de Lenín Moreno en 2019, pero el traidor pudo terminar su mandato.

¿Será entonces Guillermo Lasso el próximo en caer empujado por la presión popular?

La coyuntura actual ha despertado fantasmas del pasado. Lasso se ha enfrentado a una comunidad indígena que le exige reformas sociales y económicas, en el contexto de una economía golpeada por la inflación y el desempleo.

En un principio, las manifestaciones se concentraron en la norteña provincia de Pichincha, que incluye a la capital, Quito, y los vecinas Cotopaxi e Imbabura. Sin embargo, en la mayoría de las 24 provincias ecuatorianas ha habido algún tipo de movilización.

Durante las jornadas de protesta se bloquearon carreteras en diversos puntos del país. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han dejado muertos, decenas de heridos –entre manifestantes y policías– y detenidos.

Acorralado, el Presidente declaró el estado de excepción en varias ciudades, aumentó la respuesta policial, cambió parte de su gabinete y se ha sentido tambaleante ante su posible destitución en el Congreso, por “crisis política y conmoción interna”. Incluso, durante estas inestables semanas ha padecido hasta covid-19.

Es que el pueblo está sufriendo y viene no solo de la imperdonable desatención gubernamental a la pandemia, sino también de graves carencias en la solución de sus necesidades básicas, sobre todo las de la población indígena.

Sin embargo, la convocatoria al paro no se ha correspondido en magnitud con el malestar social latente ni es comparable con movilizaciones anteriores no lejanas en el tiempo. Se recuerdan así los cuatro años de Gobierno de Lenín Moreno, quien traicionó al movimiento correísta no más sentarse en el Palacio de Carondelet, y que arrasó con la mayoría de las importantes conquistas sociales y la soberanía nacional logradas durante los dos períodos presidenciales de Rafael Correa.

Por eso es que a poco más de dos años de llegar al cargo, Moreno debió enfrentar el combativo paro nacional de octubre del 2019, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al que respondió con una feroz represión que costó 11 muertos y cientos de heridos. Moreno y Lasso, quien cogobernó en la sombra con el primero, abrieron las puertas de nuevo al endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los planes de ajuste que este impone.

Al desolador panorama creado por las administraciones de ambos personajes, se suman las de un Estado que hace caso omiso a su responsabilidad social, el aumento internacional de los precios de los combustibles y los alimentos. Se han suprimido los apoyos gubernamentales a los pequeños productores y desmantelado los sistemas de educación y salud pública, muy fortalecidos durante el Gobierno de Correa.

Se incrementan los graves daños ocasionados por la minería y la explotación petrolera a los territorios indígenas y a los ecosistemas. El paro nacional pide soluciones urgentes a estos problemas.

Su exigencia central es que se disminuyan los precios de los combustibles y dejen de fluctuar cada mes, pues son inalcanzables para los indígenas, los pequeños productores y, en general, las personas de bajos ingresos; esto unido a la subida de toda la canasta básica.

También ahogan a indígenas y campesinos las tarifas irrisorias que se les pagan por los productos agrícolas y los créditos bancarios, que en estas circunstancias conducen a los embargos y a la ruina de las familias. Por ello exigen una moratoria y una renegociación de sus deudas.

La asfixia económica es insoportable para indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, pequeños y medianos empresarios, incluso para muchos profesionales.

La popularidad de Lasso ha caído en el año escaso que ocupa la presidencia. Este, con cuentas en los paraísos fiscales, ha sido señalado como uno de los grandes beneficiarios de la crisis financiera de 1999, que arrasó con decenas de miles de ahorristas y llevó al país a la postración económica.

Un Gobierno que se tambalea

El diálogo que piden los movilizados no ha cuajado, porque la represión sustituyó, en los primeros días de paro nacional, la posibilidad de conversaciones que abordaran el pliego de demandas planteado por los indígenas.

Después, el ejecutivo pareció amagar con ir a la mesa, pero la Conaie exigió garantías que incluían el cese de los actos represivos y de la criminalización de las protestas, así como el levantamiento del estado de excepción, que ha sido ampliado poco a poco, mientras se incrementaba la presencia de militares y policías en las calles. 

Una de las variantes de lo que depararía el futuro podría estar en la opinión vertida en Twitter por el expresidente Rafael Correa, quien ha estimado que “quedará un Gobierno en muerte clínica, con menos del 20 por ciento de apoyo. Si Lasso tuviera algo de responsabilidad y amor patrio, pondría su cargo a consideración, con el artículo 148 de la Constitución. Como no lo va a hacer, tendremos que reunir firmas para revocatoria”, exhortó.

Como siempre ha sido de esperar, no han resultado pocos los analistas y miembros del actual Gobierno ecuatoriano que aseguran que el expresidente Rafael Correa busca utilizar el paro indígena para favorecer la caída de Guillermo Lasso y, a la vez, preparar el terreno para su regreso al poder. No le vendría nada mal a Ecuador regresar a aquella década ganada que propició la Revolución Ciudadana de Correa.