Sobre dificultades que achican el paso a la producción de alimentos, nuevas maneras de hacer la contratación, causas de impagos en divisas a los ganaderos, entre otros temas, BOHEMIA dialogó en exclusiva con Manuel Santiago Sobrino Martínez, titular de la Industria Alimentaria.

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Como suele ocurrir en la economía nacional, la planificación anda por un lado y la realidad por el otro. La gestión del Grupo Empresarial Agroalimentario (GEA) de la Industria Alimentaria se concibió sin pérdidas en 2022. Sin embargo, 11 entidades, fundamentalmente de la Industria Láctea, acumularon valores negativos ascendentes a más de 500 000 000 de pesos.

Precios centralizados de productos de la canasta familiar normada, como leche fluida, yogurt de soya y mezcla de batido, no cubren los gastos directos; bajos niveles productivos y falta de materias primas dieron al traste con los resultados previstos. Asimismo, persistieron errores a la hora de calcular los costos de producción, entre otras razones, por el arrastre de normas de consumo caducas y plantillas abultadas.

Igual fueron recurrentes los impagos a los productores en moneda nacional, mientras las empresas lácteas de Matanzas, Camagüey y Las Tunas reportaron deudas en moneda libremente convertible (MLC).

Las dificultades con la contratación es un mal de fondo que limita los encadenamientos entre el sector estatal y el privado, con marcada incidencia en la eficiencia empresarial y las urgencias de producir para satisfacer el mercado interno, sin importar materias primas que pueden obtenerse en los campos de Cuba.

Sobre algunos de estos temas, y otros de importancia estratégica para Cuba, BOHEMIA dialogó en exclusiva con Manuel Santiago Sobrino Martínez, titular del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal).

–¿Por qué las medidas implantadas en la agricultura no han tenido el impacto esperado en la producción?

–Sin lugar a dudas, las 63 medidas aprobadas por el Gobierno para impulsar el sector agropecuario realmente son innovadoras, diferentes. Significan un reto importante para la Industria Alimentaria y, a la vez, se convierten en una oportunidad para obtener a futuro, mayor cantidad de materias primas nacionales y depender menos de las importaciones.

“Uno de los aspectos trascendentales de esas medidas es que el contrato se establezca directamente con el productor. Pero eso tiene varias complejidades. En años anteriores, la industria solo firmaba 5 000 contratos a través de las cooperativas y las UBPC. Las juntas directivas de esas organizaciones eran las que los representaban en la contratación e incluían a productores que aportarían a la industria; y, sin embargo, ellos nunca se enteraban. 

“Esa situación cambia radicalmente. Ahora el contrato con la industria es de productor a productor. Por tanto, hay que pasar de 5 000 a 150 000. Entonces el Lácteo se tiene que preparar para sentarse, negociar, convencer y pactar con esa mayor cantidad de campesinos que tampoco tienen experiencia jurídica, nunca asumieron compromisos de ese tipo. Es un reto tanto para la industria alimentaria como para las bases productivas.

“La industria estaba acostumbrada a negociar el contrato con la dirección de las bases productivas. Recibía la leche, luego la procesaba. Ahora, al tener que firmar contrato directo y atender a 150 000 productores, ha tenido que cambiar su estructura y plantilla. Hay un promedio de 1 200 trabajadores industriales vinculados directamente con los productores, cada uno atiende un promedio de 80 campesinos. Ese especialista debe convertirse en un excelente aliado del campesino, tiene que hacerle ver en las entregas al Estado la mejor vía para propiciar su desarrollo individual, familiar y el de la finca”.

—¿Qué ha sucedido con los impagos en divisas a los ganaderos?

—Como parte de las medidas para la ganadería se fijó un plan anual de 520 litros para los productores que tienen menos de 10 vacas y 550 litros para quienes sobrepasan esa cantidad de animales. En buena lid, ese es el único compromiso con el Estado y exigimos con mucho rigor el cumplimiento de esas cifras.

“Todo lo que el ganadero obtenga por encima puede venderlo a precios por acuerdo. La leche contratada se le paga a 20 pesos por litro y al venderle a la industria el excedente recibe además 0.10 centavos en Moneda Libremente Convertible (MLC). Algunos aceptaron recibir 10 pesos más, en lugar de la divisa.

“Pero, durante el 2022 la situación económica del país fue muy compleja y la importación de leche no se pudo cumplir. Por eso, muchas industrias, después de haber comprado ese litro de leche en MLC al productor, con miras a comercializarlo después también en divisas, tuvieron que entregarla para la canasta familiar y asegurar la leche de los niños menores de siete años.

“Eso ha generado impagos a los productores. Con un esfuerzo realizado dentro del ministerio, antes de terminar diciembre de 2022, se les pagará todo el MLC que se les debe porque verdaderamente son buenos productores y no podemos perderlos.

“Otra situación que afectó a la entrada de materia prima a la industria fue la falta de energía eléctrica. No fue culpa del productor que se le echara a perder la leche. La mayoría de las veces la tenía que convertir en alimento animal”.

Otro escenario

Si en su momento el incremento del litro de leche a 20 pesos pudo resultar beneficioso para los productores, la situación hoy es diferente. Al comercializarla por oferta y demanda ese mismo litro se vende a 100. Cuando comenzaron a gatear las 63 medidas para estimular la producción agropecuaria no existía en el país mercado cambiario. Hoy es una realidad, aunque todavía ande lejos de satisfacer la demanda.

Atendiendo a las potencialidades que brinda el mercado cambiario, Sobrino Martínez considera que “debe negociarse la contratación. A lo mejor a un grupo de productores ahora le conviene más recibir por el excedente un pago en moneda nacional, en lugar de los 0.10 en MLC. Porque ya vieron cuanto demoró pagárselos en divisa y con los pesos pueden acceder directamente al mercado cambiario.

“Por eso estamos reiterando que la contratación de los productos agropecuarios con la industria es por acuerdo entre las partes, sentados, preferentemente debajo de una mata: el especialista de la industria y el productor. Finca por finca. Un contrato es para ganar-ganar. Si la industria no puede convertir la leche en MLC, pues no es justo que compre en divisa. Al final tendrá impagos al productor. Necesitamos comprensión de los ganaderos. Y ese es uno de los retos de la Alimentaria para 2023.

—Las leyes de Soberanía Alimentaria y de la Pesca siguen sin multiplicar “panes y peces”. El presidente Díaz-Canel fue muy crítico con eso. ¿Cuál será la respuesta del Minal?

—Coincidimos con lo dicho por nuestro Presidente. El Parlamento y la dirección del país han prestado mucha atención a la organización y promulgación de leyes que institucionalicen y jerarquicen un grupo de actividades vitales para Cuba. Entonces, en eso tenemos que seguir trabajando.

“La Ley de Soberanía Alimentaria es una muestra de la voluntad política de la dirección del Gobierno. Pero, para ser soberanos tenemos que incrementar producciones con nuestros propios recursos.

“En el caso de la Ley de Pesca, previendo los efectos del cambio climático y la sobre explotación marina, no tiene concebida incrementar a futuro los niveles de captura en los mares aledaños a Cuba. Y, como concepto de trabajo, hay que desarrollar la acuicultura, la actividad pesquera que se puede realizar en agua dulce. “No obstante, ciertamente, no en el cuerpo de la Ley de Pesca, pero sí en los Reglamentos de esa norma, hay un grupo de limitaciones necesarias de cambiar. Aunque siempre garantizando, como alertara el Presidente, la sostenibilidad, que es un compromiso del Estado cubano.