Un fantasma recorre el bloque comunitario: el de la corrupción. Conocido como Catargate, aunque otras monarquías árabes están implicadas, el suceso evidencia la necesidad de reformar los mecanismos de control a los políticos

Una antigua presentadora de televisión, una maleta con 750 mil euros sacada a hurtadillas de un hotel de Bruselas, el misterioso señor T y un político venal que dirige una ONG que lucha contra la corrupción son algunas de las postales que ha dejado el más reciente escándalo de corrupción del Parlamento Europeo. Conocido como Catargate, el suceso implica en realidad a otros países africanos y deja en evidencia la influencia de los lobistas y la falta de transparencia en la toma de decisiones jurídicas del grupo de los 27.

La trama estalló en diciembre pasado, y a pesar de su transcurrir peliculero, fue absorbida por lo cánticos de fútbol precisamente en Catar, la monarquía árabe que, se presume, junto con otras naciones, como Marruecos y Mauritania, entregó regalos y sobornos a políticos europeos para ganar favores e influencia.

La caja de Pandora la destaparon los servicios secretos y la policía belgas, con la colaboración de al menos otros cinco países europeos, cuando el viernes 9 de diciembre de 2022 detuvieron a la pareja de la eurodiputada griega y ex presentadora de TV Eva Kailí, una de las vicepresidentas de la institución. Desde julio las autoridades estaban sobre la pista y luego de la primera detención actúan con diligencia: 16 arrestos en una mañana y cierre de oficinas de ONGs y del propio Parlamento. Al frente de la investigación fue seleccionado el juez de instrucción Michel Claise, un experto en criminalidad financiera con fama de incorruptible.

Se confiscan teléfonos, documentos, laptops, bolsos llenos de dinero y una maleta con 750 mil euros que transportaba el padre de Kailí cuando salía de un hotel ubicado precisamente frente a la sede del legislativo. Se teje la red y todos los caminos condujeron a Pier Antonio Panzeri, antiguo eurodiputado socialdemócrata italiano y ahora presidente de la ONG Fight Impunity, una organización oficialmente dedicada a luchar contra la impunidad de los violadores de derechos humanos. Panzeri pactó esta semana con la justicia belga para colaborar, a cambio de una pena limitada, que incluye prisión, multa y confiscación de bienes. A cambio aportará nombres, procederes, estructuras y montos de los sobornos.

Hasta el momento se habla de más de una docena de detenidos, entre los que aparecen otros eurodiputados ya impugnados por la institución legislativa, funcionarios, líderes sindicales, diplomáticos árabes, representantes de ONG, asesores, lobistas y un misterioso italiano denominado por las autoridades como el señor T.

En una Europa sacudida por la guerra, la inflación y el ascenso de los nacionalismos, los legisladores quieren acabar rápido y demostrar que se trata de un hecho aislado; pero varios grupos políticos de diversas tendencias señalan que no se trata de un suceso nuevo y la institución requiere fortalecer sus mecanismos de control y transparencia.

La política del Viejo Continente se ha visto agitada en años recientes por otros casos de corrupción. La Comisión Europea, por ejemplo, fue sacudida por fraudes e irregularidades para favorecer la adjudicación de fondos a compañías de manera ventajosa. En esa cuerda se han dado varios casos conocidos, como puertas giratorias, en los que ex miembros de instituciones comunitarias, al poco tiempo de concluir su mandato, pasan a trabajar en empresas que fueron beneficiadas durante su gestión o utilizan sus influencias para beneficiarlas.

El poder de los grupos de presión o lobbys ha crecido extraordinariamente en los últimos años. El diario El Tiempo señaló que este sistema mueve al menos unos tres mil millones de euros por año. El propósito de estos grupos es escribir, enmendar, diluir, desviar, atrasar o suprimir una ley que se discuta en los pasillos de Bruselas o Estrasburgo (las dos sedes del Parlamento Europeo). El 60 por ciento de ellos son empresas y le siguen en presencia tanques pensantes y bufetes de abogados.

   Aunque desde 2008 las instituciones comunitarias crearon un registro de transparencia para revelar la actividad de estas asociaciones, la inscripción es facultativa y los gastos que se reportan son abiertamente manipulados, sin opciones de verificación. La ONG implicada en este escándalo, por ejemplo, no estaba inscrita en ese listado.

Expertos entrevistados por el portal digital español El Obrero revelaron otras lagunas en los mecanismos anti-corrupción de las instituciones comunitarias, entre ellas el escaso seguimiento a los eurodiputados y ex funcionarios que incumplen las normas, lo que provoca una sensación de impunidad. Además, el control que se ejerce sobre ellos es político y no jurídico, y muchas veces se termina pactando la intensidad de la investigación y la sanción. Las reglas a  seguir para la relación con los lobbys son muy generales y ambiguas, y no se aplican a terceros estados ni sus representantes, por lo que hubiera sido imposible invocarlas en el Catargate.

En los últimos días el Parlamento Europeo condenó a Marruecos por la violación de derechos humanos y su implicación en la red de corrupción, con la llamativa oposición del Partido Socialista Español. Medios y expertos ven en la acción, hasta el momento de poco impacto real, un golpe en la mesa para lavar la cara antes de que la investigación penetre más en las alcantarillas de la institución legislativa. Parlamentarios de izquierda protestaron por la influencia de diplomáticos marroquíes en la propia votación, mientras el responsable de Asuntos Exteriores Josep Borrell culminaba una gris visita a Rabat sin emitir declaraciones sobre el escándalo.