La V sesión extraordinaria del Parlamento iniciada este sábado en el plenario del Palacio de Convenciones de La Habana, prosigue con una acelerada jornada dominical, en la que los diputados prevén dar luz verde al nuevo Código Penal y a la Ley de Ejecución Penal, normas que cierran el ciclo de la reforma judicial que se lleva a cabo en la nación.

Tras aprobar las primeras tres leyes de las ocho incluidas esta vez en su agenda, y del debate en comisiones realizado el viernes 13, se confirma que los diputados cubanos no creen en supersticiones y cumplen lo que se proponen: avanzar en el cronograma legislativo más voluminoso de su historia, centrados en la actualización del entramado jurídico del país a partir del articulado de la Constitución estrenada en 2019.

Las ocho normas de la actual agenda parlamentaria tienen gran impacto en la ciudadanía. Las tres primeras aprobadas este sábado: Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional; y la de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, modernizan y atemperan a la realidad actual la legislación vigente en esas materias, mientras que la de Protección de Datos Personales, es primera vez que se promulga a fin de hacer efectivos derechos fundamentales que promueve la Carta Magna.

Ahora bien, son el Código Penal y la Ley de ejecución penal, las normas que más variadas expectativas han generado, igual que la nueva Ley del proceso de amparo a los derechos constitucionales, cuyo antecedente se remonta a la Constitución de 1940.

El actual Código Penal data de 1987 y fue posteriormente modificado de acuerdo con nuevos escenarios internos y externos. Junto a esta norma se elaboraron leyes especiales, en particular, las que fue necesario dictar para enfrentar actos de terrorismo y otras que ahora se reunieron en un solo cuerpo.

La inclusión de delitos que no aparecen en la ley vigente es una de las novedades de este texto. Como los actos ilícitos relacionados con el medio ambiente y el patrimonio natural, las telecomunicaciones y el uso del espacio radioeléctrico. Se penalizan las violaciones más graves relacionadas con la participación en actividades subversivas, la corrupción económica y administrativa, y hechos de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, violencia de género y familiar.

El proyecto de ley prevé la privación perpetua de libertad y la privación temporal hasta 30 años, aunque mantiene la posibilidad de aplicar con carácter excepcional la pena de muerte –hace 18 años no se aplica en Cuba–, para varios tipos de delitos de extrema gravedad, como los que atentan contra la seguridad del Estado, el tráfico internacional de drogas, entre otros.

Por su parte, el anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, aglutina varias normas vigentes en torno a cómo se practican las sanciones, y al actualizarse se busca solucionar el mejor acceso a derechos, con tratamientos diferenciados a sancionados con discapacidades o enfermedades, a los que tengan entre 16 y 18 años de edad, a víctimas de violencia o discriminación por razones de género, orientación sexual, color de la piel.

Incluido en la agenda para este domingo está también el proyecto de Ley de proceso de amparo de los derechos constitucionales, indispensable para reclamar lo dispuesto en los artículos constitucionales 1, 7, 13, 41 y 99, ante perjuicios que sufra la ciudadanía por acciones indebidas de funcionarios o empleados de los órganos estatales, o de entidades particulares y privadas.

Por primera vez en los últimos 50 años se podrán establecer demandas contra quienes afecten a las personas. El objetivo de las reclamaciones será la rectificación de los actos que causaron perjuicios. Algo así como un antídoto o vacuna contra los insensibles, los maltratadores, los que incumplen su responsabilidad social.