En un año y medio en el poder el expresidente peruano no supo o no pudo enfrentar a sus enemigos políticos que terminaron dándole un puntapié y sin remordimientos lo mandaron a la cárcel.

---

Desde su llegada al poder, el 28 de julio de 2021, Pedro Castillo ya tenía un pie en el patíbulo.

Tocado con su tradicional sombrero de palma y la mano en la Biblia, prometió entonces transformar un país fracturado y profundamente polarizado tras unas elecciones que lo enfrentaron a la derechista Keiko Fujimori. Pero nunca fue así, no lo dejaron.

Con el ascenso a ese supuesto poder, era lógico fuera abriéndose paso y colocando a todos en su sitio, pero los miles de ardides de la derecha para sacarlo del medio y sus procederes nada legítimos tejieron la soga que terminó asfixiándolos a él y al país.

No es que Pedro Castillo tenga la culpa del actuar sin escrúpulos de una derecha que no tiene frenos a la hora de arremeter contra quienes “no les gusta”, tampoco es culpable de los hechos posteriores a su salida abrupta del poder, mas la realidad es que no supo o no pudo enfrentar a sus enemigos políticos.

Durante un año y medio fue cediendo, una tras otra, a las presiones de un Congreso mayoreado por la derecha. El mismo ente legislativo abucheado y repudiado en noviembre de 2020 y que hoy el pueblo vuelve a exigir se disuelva.

Ministros que designó y luego cambió por figuras más potables para la derecha. Acercamientos a la Organización de Estados Americanos para pedirle implementara su Carta Democrática ante la desestabilización congresista, fueron algunos de las tantas concesiones que hizo para complacer a esa oligarquía que luego le dio el puntapié preparado durante mucho más de un año.

En su intento desesperado por complacer a la derecha, el mandatario dejó de usar hasta su habitual sombrero blanco, que lo tipificaba como un hombre tradicional, maestro rural oriundo de las montañas peruanas, pobre y sin vida política anterior.

La fábrica de mentiras en su contra que edificó la derecha, más los seis procesos judiciales preparados para él y su familia, justificó la aplicación al mandatario de la llamada vacancia presidencial, es decir, la destitución “por incapacidad moral” para gobernar, la cual, finalmente, terminó con su mandato, acusado de antidemocrático y golpista.

¿Quién es Dina Boluarte?

En el lapso de pocas horas, desde la destitución y detención del mandatario, emergió la figura de la exviceministra Dina Boluarte y el Congreso la juramentó al frente del país.

«Hago un pedido muy concreto a la representación nacional, solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional”, expresó durante su primer discurso a la Nación.

Bajo el Gobierno de Castillo, Boluarte se encargó de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, pero cuando el expresidente decidió disolver el Congreso marcó distancias y calificó lo ocurrido como un “golpe de Estado” que agravaba una crisis política e institucional.

Dina Boluarte (Apurímac, 1962) ganó los comicios generales de 2021 en segunda vuelta, en los que participó como candidata a vicepresidenta de Castillo por el partido Perú Libre.

Abogada de profesión, es la primera mujer en dirigir la nación peruana y también la única fémina en poner énfasis en la idea de que la mejor receta es una brutal represión para los que ella denomina “vándalos”, pero que no es más que el pueblo protestando por la ruptura constitucional del país.

Su decisión de darle luz verde a la policía en las calles se cobró la vida de más de 25 personas, dejó centenares de heridos y detenidos, y –además- la implantación de un estado de militarización que no se veía desde los tiempos del dictador Alberto Fujimori.

Ese es el verdadero rostro de quienes, por la fuerza, desalojaron del Gobierno al presidente legítimo Pedro Castillo. 

Lo cierto es que Perú salió de una crisis para entrar en otra peor. La gestión actual sumió al país andino en una etapa de inestabilidad acelerada

No obstante, las movilizaciones lograron forzar el adelanto de la convocatoria de elecciones, mas no el objetivo que buscaban de cerrar el Congreso, celebrarlas de forma inmediata y liberar a Pedro Castillo.

Una vez fracasada la iniciativa de convocarlas para diciembre de 2023, el Parlamento aprobó celebrarlas en abril de 2024, contra el criterio de la misma Boluarte y del 83 por ciento de los peruanos que querían el anticipo, según la última encuesta del Instituto Peruano de Economía.

El contexto sigue siendo dramático y la represión policial y de las Fuerzas Armadas despertó fantasmas del pasado reciente, trayendo a la memoria incluso los peores abusos de Alberto Fujimori.

La presidenta que sustituyó a Castillo encabeza un Gobierno que no salió de las urnas, por lo cual no existen motivos para pensar pueda ser acompañada por esa ciudadanía harta de que no se respete su voto en las urnas.

Todas las mentiras orquestadas en su contra, les hicieron pensar que las masas, las mismas que le dieron el voto a Castillo en 2021, habían terminado creyendo las denuncias y le darían la espalda.

No obstante, fieles a Castillo, pese a todo, piden la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y la celebración pronta de elecciones generales.

Un gabinete de mano dura

Dos semanas después de asumir la presidencia, Dina Boluarte renovó el Consejo de ministros, cambió cuatro titulares y ratificó 14.

El nuevo gabinete tiene el rostro de la mano dura contra las protestas sociales.

El nuevo presidente del Consejo de ministros es el abogado Alberto Otárola, antes ministro de Defensa, cargo desde el cual dio su respaldo “incondicional” a las Fuerzas Armadas acusadas de disparar contra la población durante las movilizaciones populares.

Por esta razón desde la izquierda se criticó su designación y la derecha le dio su respaldo.

Ministro de Defensa en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), Otárola es el ministro de más peso político en un gabinete de técnicos.

En sus primeras declaraciones desde el cargo, Otárola ofreció “una gestión dialogante”, pero su respaldo público a la represión contra las protestas sociales y un discurso de criminalización de esas protestas juegan en contra de ese llamado al diálogo, considera Página 12

Para el despacho de Defensa, la mandataria designó a Jorge Chávez Cresta, un general del Ejército del Perú en situación de retiro, el cual cuenta con amplia experiencia en el sector público.

Víctor Eduardo Rojas Herrera juró como nuevo ministro del Interior en reemplazo de César Cervantes.

Rojas Herrera es también un general de la Policía Nacional en situación de retiro y fue el jefe de la XI Dirección Territorial de la Policía en Arequipa.

Para las carteras de Educación y Cultura, vacías luego de las renuncias de sus titulares, en rechazo a la represión gubernamental contra las protestas sociales, Boluarte designó a Óscar Manuel Becerra y Leslie Carol Urteaga Peña, respectivamente.

Entre los 14 ministros ratificados está la canciller Ana Cecilia Gervasi.

Mientras, el nuevo Gabinete y el Congreso, sin un proyecto de fondo, se sumergen en debates técnicos y legalistas sobre los próximos comicios; en las provincias y en la capital los peruanos piden la destitución del legislativo, el adelanto de las elecciones y la liberación del legítimo presidente, democráticamente electo en las urnas.

El futuro para Perú

El caso de Pedro Castillo está en total sintonía con los golpes parlamentarios, mediáticos o militares contra otros líderes progresistas y revolucionarios de la región.

El exmaestro fue víctima de una trampa igual a la fabricada contra Manuel Zelaya, Cristina Fernández, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rouseff, Rafael Correa, Evo Morales, entre otros. Todos ellos sufrieron los mismos procesos amañados que se enfilan contra el progresismo latinoamericano, al estilo del lawfare.

Ante la experiencia, los líderes de México, Cuba, Venezuela y Bolivia enfatizaron desde temprano el carácter golpista de la destitución de Castillo.

Desde días antes advirtió el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador sobre los peligros que corría el Gobierno peruano.

Consecuente con su tradición, le ofreció asilo político en cuanto supo de su destitución y apresamiento inconstitucional. El mandatario no pudo salir del país, pero sí lo hicieron su esposa y sus hijos menores de edad.

Las denuncias de López Obrador molestaron al actual Gobierno peruano que declaró persona non grata al embajador mexicano en Lima y le dio 72 horas para salir del país. El futuro peruano no se vislumbra de colores. Solo a través del diálogo y los acuerdos Perú podrá afrontar la salida de la crisis, evitar más muertes y celebrar unos comicios que convenza a la mayoría.