San Martín, situado en el municipio capitalino de Cerro, a pocos pedales de la Plaza de la Revolución, es un barrio fruto del “esfuerzo propio”. Sus casas de madera mudaron de piel hacia el tono opaco de la cal y el cemento, mientras sus calles han permanecido prácticamente intocadas desde hace más de 10 años, con tantos baches que los ciclistas, aunque puedan acortar por allí, prefieren tomar la paralela, angosta y muy transitada calle de Zaldo.

En una punta del vecindario, las inundaciones son tan comunes como el aroma a café molido y, en algún momento, la venta furtiva de marihuana. Algunos residentes de pisos bajos construyeron, luego de muebles y colchones enchumbados, pequeños diques en la entrada de sus hogares. Durante las anegaciones, adolescentes aparecían remando en balsas de poliespuma, río abajo, en dirección a la calzada de Infanta; a veces, corriente arriba, navegando hacia el Estadio Latinoamericano: un Mississippi lleno de tom-sawyeres y huckleberry-finnes. Y aunque el alcantarillado de esa zona ha sido intervenido tantas veces como veces ha dado problemas, las crecidas persisten; de hecho, desde hace meses brota, además, un salidero que ha empantanado hasta el asfalto.

Por eso, cuando alguien ve que el Gobierno está remodelando los despojos de una antigua fábrica de San Martín en viviendas sociales, no puede nada menos que sentir un corto sosiego.

La edificación de viviendas en Cuba es uno de los pilares de la política retomada por el presidente Miguel Díaz-Canel. Ya en la sesión parlamentaria de diciembre de 2018, calculaba que, si cada municipio levantaba al menos un domicilio diario, podría reducirse con más agilidad la deuda habitacional. “El tema fundamental está en la producción local de materiales (de construcción)”, reconoció.

Un año después, Díaz-Canel recalcó que solucionar el desabastecimiento de dichos materiales y acelerar los ritmos constructivos permitirían acercarse a la posibilidad de erigir 60 000 casas al año. En 2020 esta cruzada se divulgaría otra vez, con  un tuit de la cuenta del presidente como evidencia: “La construcción de viviendas con máxima prioridad en la estrategia de desarrollo local”.

La realidad fue que en 2020, con la crisis económica y sanitaria derivada de la covid-19, el desempeño constructivo lució incluso peor: según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), ese año apenas se terminaron 32 874 viviendas (en 2019 fueron 44 566). En ambos años –un dato extra–, más casas fueron terminadas por “esfuerzo propio” que por gestión estatal.

Cuando empezó 2021, la situación no era más alentadora: quedaban –según la ONEI– 60 908 viviendas paralizadas y 100 916 en plena faena constructiva, en un contexto donde la crisis engordaba y se notaba la escasez y el sobreprecio de los materiales.

Ese año estuvo, además, cargado de tensiones y desahogos sociales. En abril, para zanjar viejas deudas ciudadanas, se lanzó desde La Habana proyecto de trabajo en comunidades vulnerables: se empezó por San Isidro, luego fue Jesús María (vecindarios del municipio de La Habana Vieja). Después, este plan recibió apoyo de los organismos de la Administración Central del Estado e incluyó una estrategia para 60 barrios “priorizados”, a los que se sumaron otros.

De modo que se arreglaron fachadas, calles y aceras de algunas localidades, se instó otra vez a expandir y reparar el fondo habitacional. Lo curioso es que, con tales vientos de bloques y cemento, no se hable mucho de proyección arquitectónica y urbanística.

Mínimo costo, mayor bienestar y calidad de vida

A tono con la urgencia constructiva del Gobierno, en agosto de 2021 la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (Unaicc), a solicitud del Ministerio de la Construcción (Micons), convocó a concurso de diseño de edificaciones de viviendas. Un objetivo del certamen era disponer de anteproyectos viables ante la situación del déficit habitacional existente.

Para esto, a los arquitectos se les exigió propuestas flexibles que satisficieran las necesidades de la población y los requerimientos del entorno urbano con el empleo, eso sí, de materiales locales y un mínimo uso de acero y equipos pesados. La convocatoria insinuó que esta vez se ejecutarían las obras destacadas.

Se presentaron 19 trabajos, de los cuales tres recibieron premios y otras menciones. “Hubo de todo”, resumió la doctora arquitecta Martha Garcilaso, presidenta del jurado. Desde “edificios simplistas, cajones como los habituales”, hasta propuestas que “integraron lo urbano y lo arquitectónico de forma adecuada”.

El equipo laureado con el segundo premio, compuesto por cuatro estudiantes y dos profesoras de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae), entregó un proyecto de “vivienda inteligente” (específicamente, de un edificio en el cruce de la calle 43 con 64, municipio de Playa) que, según Garcilaso, destaca porque incorpora espacios para uso social y colectivo, y tiene una adecuada volumetría, fachadas dinámicas, manejo del reciclaje, entre otros aderezos.

La doctora Dayra Gelabert, una de las profesoras miembros del equipo, explicó que una vivienda inteligente “tiene que ser específica, que nazca del contexto, que responda al lugar y sea adecuada no solo al ambiente construido, sino también al clima, a la orientación del sol… No es solo un edificio con un aparataje tecnológico”.

Su colega del claustro, la doctora Dania González, añadió que la inteligencia del diseño radica, además, en garantizar, con el mínimo costo, mayor bienestar y calidad de vida.

“Es pensar, según el espacio, y que mejore el confort… básicamente, es pensar en la experiencia del usuario…”, redondeó Larisbel Navarro, una de las estudiantes.

“Es más, con menos. Lograr el máximo bienestar con el mínimo costo”, sentenció González y luego remató: “Esto solo se logra con el diseño arquitectónico”.

Según su criterio, no se debería construir una vivienda sin una proyección específica y adecuada para el entorno, pero, lamentablemente -deja entrever la interlocutora-, esto ocurre a cada rato.

¿La construcción se tragó a la arquitectura?

Michelle Rodríguez, otra estudiante, explicó que, a la larga, las viviendas inteligentes son más baratas: si, por ejemplo, la casa no se ventila naturalmente, necesitará climatización y más consumo energético, algo que puede solucionarse desde el diseño.

Por su parte, Garcilaso dijo que para el Micons resulta más práctico utilizar las tecnologías constructivas más disponibles en Cuba, como los sistemas prefabricados de losa y muros, por citar alguno. En teoría, como estas se producen en el país y de forma seriada, se ahorra tiempo en la ejecución de la obra; en cambio, la “inteligencia” de un edificio a veces implica otras técnicas de avanzada que son caras en su instalación y no están concebidas en el presupuesto para el programa de viviendas. “Además, es necesaria una fuerza de trabajo con especialización, que no existe”, sentenció.

Si bien estas últimas pueden resultar más complejas y costosas, “a largo plazo esas soluciones resultan económicas para el ciclo de vida de la edificación y los gastos de las familias”, aseveró con sus 55 años de experiencia.

Como la mayoría de esas “tecnologías disponibles” obliga a construir en las periferias, esto provoca, según Garcilaso, el encarecimiento de las urbanizaciones debido a los movimientos de tierra indispensables para preparar el terreno. Dicha práctica, además, se desvía de los Planes de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que plantean la necesidad de compactar la ciudad.

¿Entonces la decisión de usar, o no, diseños de viviendas inteligentes recae en una mera cuestión monetaria? ¿O tal vez influyen en esta criterios achantados de los decisores correspondientes?

“Desde los años 80 estoy en esa lucha”, dijo la profesora González. “En esa época, cuando empezamos a insistir en la necesidad de hacer viviendas solares, bioclimáticas, sustentables, etcétera… nadie te hacía caso. Te oían y apenas decían: ‘qué interesante’”.

“Hay investigaciones publicadas y premiadas”, insistió González. “Pero no se han podido aplicar… porque no les interesa”.

El sector de la vivienda se rige por un enfoque demasiado tecnológico –señaló Gelabert–, “donde lo importante es con qué sistema constructivo trabajo y que me cueste muy poco la ejecución. Por eso, casi todo lo que se construye, a los dos meses ya hay que darle mantenimiento porque no tiene pintura, la superficie está mal acabada, con una escorrentía horrible, porque no hay elementos que protejan el propio inmueble desde la etapa de diseño”.

“La construcción se tragó a la arquitectura…”, fue rotunda González. “Y todavía se piensa que los arquitectos son unos intelectualoides, que lo que hacen es complicar el problema”.

Garcilaso, quien además dirigió el Programa Arquitecto de la Comunidad entre 1997 y 2004, reveló que sus colegas a veces tienen que cumplir tareas de proyección no siempre elaboradas por especialistas, en detrimento de la funcionalidad del edificio.

Además, mencionó ejemplos en lo que pudiera no haber arquitectos: en los “cambios de usos” a nivel local, donde oficinas, almacenes y antiguas fábricas subutilizadas (como la de San Martín) terminan transformadas en malas viviendas con espacios no adecuados, sin iluminación ni ventilación confortables y otros defectos.

En construcciones particulares a veces sucede que “no hay proyecto porque no se exige Licencia de Obra a los propietarios. Sobre todo, si es en interiores. Ha habido casos en los que se demuelen muros de carga y se producen accidentes graves”, reveló.

Sobre el proyecto en comunidades vulnerables de La Habana, como precedente, tiene los llamados Talleres para la Transformación Integral de los Barrios (TTIB): Creados en 1988, fueron instancias de trabajo social en barrios capitalinos; se subordinaron administrativamente al Gobierno municipal y los integraron ingenieros, arquitectos y técnicos residentes del propio territorio.

“Lamentablemente, desaparecieron (los TTIB)”, dijo Garcilaso y prosiguió: “La idea actual (la de los más de 60 barrios) es genial, necesaria. Pero en un número considerable de casos se trabaja sin plan ni proyectos. Las acciones en las viviendas tampoco se proyectan. Se repetirá lo que sucede con los ‘cambios de uso’. El resultado no podrá ser bueno ni sostenible en el tiempo”.

El yin y el yang de la arquitectura

El programa de la vivienda prevé para el presente decenio la construcción de más de medio millón de viviendas nuevas y la rehabilitación de casi 400 000 del fondo habitacional existente. Muchos especialistas se cuestionan si las estructuras estatales podrán asumir una proyección urbanística de semejante envergadura.

La concursante Gelabert explicó que hay un grupo de obras a pequeña escala que no puede encargarse al Estado. Las empresas de proyectos suelen diseñar hoteles, hospitales y edificaciones por el estilo. Por otra parte, los arquitectos de la comunidad no deben proyectar una transformación general del espacio (ejemplo, convertir una vivienda en restaurante), y sí ampliaciones u otra modificación. “Pero estos profesionales tampoco dan abasto y, en general, no siempre son arquitectos”.

Y aquí entran los estudios de arquitectos privados, cuyos reclamos de normalizar su estatus legal quedaron zarandeados en agosto de 2021, tras la prohibición oficial de ejercer esa actividad como negocio no estatal, junto a otras prácticas profesionales.

Para González, permitir el emprendimiento del gremio sería una solución a la ausencia de diseños inteligentes de las viviendas.

Sin embargo, Garcilaso piensa que la licencia de arquitecto independiente no resolverá los problemas arquitectónicos:

“Es que no trabajan en viviendas sociales, sino en residencias. Sus inversionistas son familias con recursos financieros considerables. Esas circunstancias permiten proyectar con pocas limitaciones de materiales y dimensiones. ¿Por qué el trabajo independiente sería la solución de la buena arquitectura? ¿Es que los arquitectos que trabajan en las empresas estatales no son buenos?”.

Ante el reclamo de los arquitectos privados, el Gobierno les ofreció la opción de hacer Mipymes estatales; proposición que no satisfizo las demandas de esa parte del gremio. Por su lado, reveló Garcilaso –también Vicepresidenta Nacional de la Sociedad de Arquitectura de la Unaicc–, que la organización gremial a la que pertenece propuso retomar los antiguos “trabajos técnicos”, los cuales funcionaban como una vía legal para que arquitectos e ingenieros realizaran trabajos de forma más autónoma. Esa posibilidad fue rechazada posteriormente por el Gobierno.

“Se compara con la medicina y la educación que no tienen trabajo privado. No es lo mismo”, valoró Garcilaso: “La Unaicc no está de acuerdo y está apelando”.

Una mejor estructura, según la doctora, estaría basada en pequeñas empresas estatales o bajo la gestión de la Unaicc, que garantizarían la calidad de los proyectos, presupuestos definidos, etcétera.

Liberar la gestión privada en la arquitectura, probablemente solo genere una mayor oferta de tales servicios en el mercado más oneroso, aunque inicialmente. Aun así, debería considerarse si es sensato hoy limitar esa fuerza productiva cuando, en la práctica, el desplazamiento de recursos humanos del sector estatal al informal es creciente, así como la cifra de arquitectos que emigran del país.

Mientras, preocupa al vecindario de aquel nuevo hogar de San Martín, que la pintura se disuelva tras las primeras lluvias, el calor ahogue sus salas y el sol calcine los muebles; o peor, que el salidero de la esquina acabe desmoronando los cimientos del edificio.