La postergación de un censo volvió a encender los ánimos en la zona oriental, considerada un bastión de la oposición. ¿Qué vendrá detrás? 

---

Bolivia revive por estos tiempos experiencias vividas durante los años de mandato del primer presidente indígena del país, Evo Morales.

Una derecha radical que no perdona al Movimiento al Socialismo (MAS) vuelve a arremeter contra el actual mandatario Luis Arce quien, a pesar de contar con el apoyo del expresidente, ha tambaleado en algunas decisiones desoyendo a los de más experiencia.

El departamento de Santa Cruz, esa región rica en exportaciones de carne y soya, también es un bastión para la oposición del Gobierno actual como lo fue durante el mandato de Evo.

Esta vez la causa es la exigencia para realizar un censo poblacional que las autoridades derechistas cruceñas exigían para 2023, pero el Ejecutivo nacional proponía 2024. 

Por ello paralizaron la zona considerada como el motor económico de Bolivia durante más de un mes con las consiguientes pérdidas económicas.

En casi un mes de paro el Ministerio de Economía consideró que los déficits podrían ascender a mil millones de dólares, cifra que influirá en el Producto Interno Bruto (PIB) de este año.

Hasta junio de 2022, Bolivia tuvo un alza del 4,13 por ciento de su PIB. Se vaticinaba que para fin de año se registraría un crecimiento del 5,1 por ciento, pero alcanzar esa cifra ya es muy difícil.

Una historia contra el MAS

Cuando se nacionalizaron los hidrocarburos y recuperaron para el Estado las empresas privatizadas, entre septiembre y octubre de 2008, se produjo un conato de guerra civil también en Santa Cruz.

En esa ocasión buscaban impulsar el federalismo y separatismo territorial y político impulsado también por Comités Cívicos y autoridades regionales.

La mano de Estados Unidos estaba claramente representada en todo. Evo respondió entonces expulsando al embajador estadounidese Philip Golberg, por injerencia política y apoyo a los subversivos.

El siguiente movimiento conspirativo, también organizado por la derecha radical dentro y fuera del país, se produjo en noviembre de 2019 y culminó con un Golpe de Estado cívico-policial-militar que obligó a Evo Morales a salir del país.

Con el artificio de un supuesto fraude electoral ante el cuarto triunfo electoral del MAS, sectores radicales dirigidos por Fernando Camacho del Comité Cívico de Santa Cruz organizaron todo para que el gobierno de facto de Jeanine Añez tomara el poder por más de un año y hundiera casi totalmente a la, hasta ese momento, próspera nación sudamericana.

Hoy, los santacruceños están de nuevo en el ruedo. Esta vez reclamaban la realización de un censo, programado originalmente para el 16 de noviembre de este año. El último fue en 2012.

Con la nueva data poblacional podrían acceder a mayores recursos estatales y representación legislativa.

El Gobierno pretendía fijar el nuevo conteo para 2025 cercano la elección presidencial de ese año, argumentando problemas técnicos y la necesidad de «despolitizar» el proceso.

Pero la postura defendida por Camacho, también gobernador de Santa Cruz, es que la postergación es ilegal porque el censo debe llevarse a cabo cada 10 años.

Los datos de la encuesta anterior de 2012, no son confiables para redistribuir los presupuestos federales, afirman.

Antes y con mirada previsora, el presidente Evo Morales advirtió a Arce sobre los problemas que podría acarrear alargar el censo hasta la fecha de los comicios. Y tuvo razón.

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó una ley para llevar a cabo el empadronamiento el 23 de marzo de 2024 y la distribución de los recursos con los datos preliminares se hará en septiembre de ese año.

Inmediatamente las medidas de presión desde Santa Cruz fueron levantadas.

La distribución de recursos

En la actualidad, Santa Cruz crece poblacionalmente más rápido que otras regiones de Bolivia, debido a la migración interna y a la necesidad humana de asentarse en zonas más prósperas.

Según la ley boliviana de asignación presupuestaria por población, a medida que aumenta el número de habitantes se le asignan más recursos. Por tanto, un censo implicaría darle más capital a esta región.

Una ley de 1994 determina la coparticipación tributaria en Bolivia. Esta define que el 20 por ciento de las rentas nacionales va a los municipios, de acuerdo a su cantidad de habitantes, y un cinco por ciento a las universidades públicas.

Antes de esta reforma, en la mayoría de la extensión territorial de Bolivia no se recibían recursos del gobierno central. Era la primera vez que los municipios contaban con caudales de los que podían disponer de manera autónoma.

Y eso cambió al país, desató un proceso de democratización e integración, pero le dio al conteo un carácter político más que social y económico.

Más allá del censo

El debate de la ley para realizar y luego aplicar los resultados del censo, una de las exigencias para levantar el paro, se sumó a las ya latentes divisiones al interior del MAS, esta vez entre los legisladores que se consideran del ala de Morales y los que han declarado públicamente su apoyo al actual presidente Arce.

Las especulaciones giran alrededor de un tema vinculado al futuro del MAS y también del proceso de transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas de cara a las presidenciales de 2025.

Otros dirigentes se bandean entre apoyar la candidatura presidencial de Evo Morales para esa fecha y otros por la de Luis Arce.

Para Evo la principal decisión ahora no es si va a las urnas o no, eso se concluirá en 2024. En este momento corresponde defender al gobierno, asegura. No obstante, Bolivia necesita de su fuerza visionaria y su prestigio en la región.

Esta vez fue el censo y ganaron la jugada. Mañana será otro el conflicto en ciernes —quizá hasta desde Santa Cruz. Bolivia no está exenta de nuevos intentos para desestabilizar al MAS e impedir, sobre todo, que Evo se decida o no para dentro de dos años.