Los acuerdos del nuevo ciclo de conversaciones entre el ELN y el Gobierno significan un precedente para la nación sudamericana y va configurando la agenda Paz Total que Gustavo Petro intenta implementar, a pesar de los grandes obstáculos
Avanza la mesa de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y uno de los grupos guerrilleros más antiguos de América Latina, el Ejército de Liberación Nacional. Los adelantos, históricos a gran escala, despiertan la esperanza de cerrar siete décadas de violencia continuada.
Son años de guerras y conflictos internos generados por múltiples factores, orígenes profundos y visiones diferentes, pero que hoy sientan en la misma mesa un gobierno progresista, de izquierda y liderado por un presidente con pasado guerrillero, y una guerrilla que trae consigo una fuerte carga política colmada de cuestionamientos, que -sin embargo- viene con intenciones reales de taponar ese ciclo oscuro. La voluntad de las partes es palpable, aunque las diferencias pesan, las heridas existen y no sanan en dos días. Demasiados los años en pugna, en los que el principal implicado es el pueblo colombiano, que carga un peso político violento.
Acuerdos sin precedentes
Seis ciclos de diálogos adelantaron ya las partes durante algo más de un año. Al término de este sexto período de conversaciones, en La Habana, las partes alcanzaron acuerdos sin precedentes para Colombia.
Dentro de todo ese proceso difícil, las delegaciones anunciaron la prórroga por otros 180 días de la tregua y extienden así por un año el inédito cese del fuego de seis meses vigente desde el 3 de agosto de 2023.
El pacto tiene carácter bilateral, nacional y temporal, que pretende instaurarse para mantener esos diálogos en medio de un clima pacífico. Este es un privilegio del que no gozó el proceso de paz impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep) entre 2012 y 2016.
Mientras se negociaba en La Habana, en Colombia seguían los combates. Mas esta vez, quizá tomando las experiencias negativas anteriores, intentan apaciguar los frentes de batalla y ofrecer a las negociaciones un ambiente de confianza y gestos positivos de ambas partes.
El ELN ya tuvo un antecedente, cuando negoció con Santos: la interrupción de las hostilidades entonces duró solo 100 días. Hoy hablan de una tregua que funcionó por seis meses y, de cumplirse cabalmente para otro medio año, será la primera vez que por más tiempo no se escuchen los fusiles entre el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Militares Colombianas.
Otro gran hito en este ciclo es la creación de un fondo multidonantes, a partir del cual las partes acompañantes del proceso, organizaciones internacionales y otros actores aportarían un capital que garantice al ELN su sostenimiento en tanto dialoga con el Gobierno en busca de una solución política. Esta es también una forma de garantizar que la guerrilla acabe con las cuestionadas retenciones con fines económicos, uno de los reclamos constantes de la sociedad colombiana que vive hace siete décadas en medio de conflictos armados y secuestros de toda índole. El ELN se comprometió a parar estas acciones, lo que constituye otro punto inédito para este proceso.
Otros procesos de paz
En Colombia existe un conflicto múltiple y atomizado, con hay varios actores implicados —la disidencia de las FARC, las bandas paramilitares, el propio ELN, entre otros—, y hacia ese entramado está justamente enfocada la política de Paz Total de Gustavo Petro, tan criticada por la oposición pero tan necesaria para el país.
Al tiempo que transcurren los diálogos con el ELN, el Gobierno está sentado a la mesa con el llamado Estado Mayor Central y con la Segunda Marquetalia, ambas disidencias de las Farc. La primera, compuesta por el liderazgo que no se acogió al acuerdo de 2016; y la segunda, conformada por actores guerrilleros que decidieron salirse de la implementación del pacto de La Habana después de la firma oficial.
El pasado 9 de febrero la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia compartió una declaración conjunta con la Segunda Marquetalia para anunciar la instalación de la mesa de diálogo.
Las negociaciones tienen como objetivo la desescalada de hostilidades, la conformación de nuevas zonas fronterizas libres de conflicto, junto con el estímulo de nuevas economías de paz bajo el respeto a la población civil, señaló el comunicado conjunto.
No faltan los cuestionamientos al Gobierno sobre ofrecerle una segunda oportunidad a estos grupos, mas la agudeza del actual Ejecutivo determinará para estas negociaciones y pautas términos diferentes a los de hace ocho años.
Cerrándole el círculo a Petro
En medio de todos esos frentes abiertos, Gustavo Petro vive una de las etapas más tambaleantes de su gestión. Con un cuestionamiento tras otro, una zancadilla tras otra, le cierran el círculo y son tantas las escaramuzas que el mandatario ya habló hasta de un intento de golpe de Estado.
Miles de sus partidarios tomaron las calles en los últimos días en respuesta a una petición del propio mandatario. Les pedía ejercer presión sobre la Fiscalía General para que designe un nuevo representante a ese organismo, luego de que finalizara la gestión de Francisco Barbosa, uno de los hombres más críticos de la actual gestión.
Como corresponde a la ley, Petro presentó una terna de candidatos que rechazó ese ente del Estado, considerado el de mayor peso después de la presidencia. Esa instancia estará regida hasta el próximo día 22 de febrero por Martha Mancera, actual vicefiscal, una figura también reacia al mandatario, con muchas sombras y denuncias que pesan en su contra.
Mancera sustituye por el momento a Francisco Barbosa, quien terminó su mandato el pasado 12 de febrero y a quien Petro acusa de querer derrotarlo. Además, es famoso por su postura complaciente durante el mandato de Iván Duque y por sus resultados poco loables.
El exfiscal es autor de una investigación abierta en contra del actual jefe de la Casa de Nariño por una financiación a su campaña que hiciera un sindicato de trabajadores de la Educación y que presuntamente violó los topes establecidos por la ley.
Desde la Procuraduría también le aprietan la soga. Allí inhabilitaron por tres meses al canciller Álvaro Leyva por un tema de licitación de pasaportes. El objetivo real era sacar del escenario actual a un hombre que le ha respaldado en toda su política exterior, e igualmente en el plano doméstico.
Y en medio de todo, su agenda legislativa sigue estancada en el Congreso.
Desde hace meses, Petro denuncia la existencia de un plan en marcha, alerta sobre una rotura institucional y un golpe blando que busca hacerle un juicio político para deponerlo. Todo se está preparando con esa finalidad y su gestión cada vez se hace más difícil.
