Después de la sentencia dictada en su contra, la vicepresidenta anunció que no se postulará para las elecciones presidenciales de 2023.

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Impávida, elegante y con esa fortaleza que la caracteriza Cristina Fernández Kirchner escuchó el veredicto en su despacho del Senado.

El Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. Sin embargo, la absolvieron del delito de asociación ilícita, penada con hasta 12 años.

Los magistrados Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu también dictaron condenas para los demás acusados, 13 en total.

Sentenciaron a seis años de prisión a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti; cinco años para Juan Carlos Villafañe; cuatro para José Santibañez y Mauricio Collareda; cuatro y seis meses para Raúl Pavesi, entre otros.

Absolvieron además a los tres primeros del delito de asociación ilícita.

Minutos después de escuchado el veredicto, Cristina respondió a cada una de las acusaciones. En una transmisión en vivo a través en YouTube, el mundo conoció una vez más el verbo directo y claro de esa mujer para una pléyade derechista que le teme.

Sí, le teme a su poder de convocatoria, a su prestigio nacional e internacional, a su temple, a que Fernández de Kirchner es la figura política más importante del país sudamericano desde 2007, cuando se colocó por primera vez la banda presidencial.

«La condena estaba escrita (…) Está claro que la idea era condenarme como finalmente lo hicieron», dijo.

Un día antes había dijo al diario brasileño Folha do São Paulo el lunes, “el 6 van a dictar la sentencia. El día 7 saldrá en las tapas de los diarios ‘condenada Cristina”. No hubo sorpresas.

«Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo, por eso me condenan. Pero la condena no son los seis años o la cárcel, la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos cuando todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular», acotó.

Rememoró los cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganados con el apellido Kirchner en 2003, 2007, 2011 y su contribución a la victoria de 2019. “Por esto me están condenando”, destacó.

El caso por dentro

Cristina aseguró —y el mundo lo sabe— que la sentencia tuvo todo de político y nada de judicial. “Lo raro es que la condena es por administración fraudulenta”, dijo.

Tanto la propia vicepresidenta como su defensa –encabezada por Carlos Beraldi– resaltaron varias veces durante los tres años de juicio que no tenía el control de las leyes, ese tema está en manos de diputados y senadores.

Tampoco llevaban el presupuesto, pues después de la reforma constitucional de 1994 es facultad del jefe de Gabinete. “Curiosamente los jefes de Gabinete solo declararon como testigos. Y esto no quiere decir que fueran culpables porque a lo largo de todo el juicio se probó que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola eran ciertas”, subrayó.

Entonces, se preguntó enfática: “¿A mí administración fraudulenta? Y los amarillos que nos endeudaron en 45 mil millones de dólares y hoy se pasean orondos en aviones de Clarín”.

Ese consorcio mediático argentino instaló en la sociedad la idea de que Kirchner era culpable, cualquiera que fuese el veredicto,  estrategia que polarizó a la sociedad argentina hasta límites nunca vistos desde el regreso a la democracia, en 1983.

 Contra la complicidad de los medios también arremetió Fernández de Kirchner. La confabulación mediática, ironizó, es necesaria para “ejercer condenas sin sustento”.

Un estado paralelo

“Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal”, dijo Kirchner minutos después de leído el veredicto. “Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”, disparó.

Se refería Cristina a una filtración reciente de mensajes donde el juez instructor de la causa, Julián Ercolini, y un grupo de magistrados, fiscales, políticos opositores y empresarios de grandes medios negocian entre ellos cómo ocultar con mentiras un viaje a la Patagonia, realizado en octubre, a la finca del multimillonario inglés Joe Lewis.

Los mensajes involucran además a Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; y dos directivos del Grupo Clarín, entre otros.

Fueron publicados por los diarios Tiempo Argentino, Perfil y el portal web El Cohete a la Luna a partir del hackeo de la línea del teléfono celular de uno de los implicados. El origen ilegal de la fuente impide puedan ser usados como prueba ante la Justicia.

Los involucrados se muestran preocupados por la publicación en el diario Página 12 de un viaje pagado que realizaron el pasado 13 de octubre en avión privado a Bariloche para alojarse durante un par de noches en la estancia del multimillonario inglés Joe Lewis en Lago Escondido.

 Lewis es cercano al expresidente Mauricio Macri, cuya su estancia es una vieja conocida de los argentinos, por la decisión del empresario de bloquear a los turistas el ingreso al lago.

En el intercambio, los involucrados —que se hacen llamar “los huemules”— analizan si responder o no a los periodistas que los llaman para confirmar el viaje y debaten distintas estrategias para hacerlo pasar por una escapada conjunta que pagaron de su bolsillo.

El viaje “es la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la libertad de la vida de los argentinos. La familia judicial en su máximo esplendor. Este es el sistema que funciona bajo la pomposa figura de poder judicial”, dijo Kirchner.

Son todos hombres, como lo son los de las juntas militares y el pacto de Olivos, observó. “Pero yo nunca voy a ser una mascota de ellos, ni aunque me den 20 años”, sentenció.

“Me van a poner presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí: que esté presa o muerta”, dijo en referencia a los magnates del chat.

No voy a ser candidata

Pero, más allá de la condena, no hay ninguna posibilidad de que Fernández de Kirchner vaya presa.

Primero, porque gracias a su cargo como vicepresidenta cuenta con fueros. Por ello, antes debería enfrentar un juicio político para ser destituida del cargo para el que fue elegida y cuyo mandato vence el 10 de diciembre de 2023.

Además, sus abogados apelarán cualquier sentencia de culpabilidad, por lo que el fallo deberá pasar para su análisis a la Cámara de Casación Penal. La última etapa se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia, mas es un proceso que puede demorar varios años.

Otro motivo por el que la expresidenta no podría ser detenida de inmediato es que cumplirá 70 años en febrero próximo y la ley le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a cualquier condenado a partir de esa edad.

Mientras la sentencia no quede firme, Fernández de Kirchner tampoco tendrá que sujetarse a la inhabilitación. Es decir, que, si lo desea, se podrá postular a cualquier cargo público en las elecciones generales del próximo año.

Sin embargo, adelantó que no será candidata para esos comicios.  “Una muy buena noticia para usted, Héctor Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros y les van a poder dar la orden a sus esbirros para que me metan presa. Pero mascota de usted, jamás”, le disparó Cristina al magnate del grupo Clarín con la mirada fija en la cámara.