“La vivienda es uno de los problemas esenciales más graves que tenemos y el país tiene que hacerle frente”,  dijo Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía durante la reciente sesión extraordinaria.

Respecto al seguimiento del programa de la vivienda, Lazo puso contra las cuerdas al Ministerio de la Construcción (Micons) durante la rendición de cuentas del organismo ante los diputados presentes.

Resultado: se divulgó que durante este año, hasta abril, se han erigido menos de 8 000 viviendas de las 47 740 del plan trazado (21 por ciento) y apenas se han rehabilitado 3 897 con relación a las 37 827 previstas (10 por ciento). Cifras malísimas, teniendo en cuenta que 2022 lleva más de un tercio de vida y que esos planes, de cumplirse, aún no suplirían la demanda real de núcleos habitacionales en Cuba.

Por su parte, el ministro del Micons, René Mesa, centró el problema en -por citar ejemplos- las trabas de ciertos procesos burocráticos por parte de los gobiernos y empresas locales; los planes complacientes de estos, dispares con la necesidad y la premura de la población; o el afán de construir nuevas viviendas, en detrimento de la rehabilitación de las ya existentes.

Sin embargo, entre las varias aristas temáticas abordadas en este debate de casi tres horas, un apéndice sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se escabulló.

“La ventaja que tiene nuestro sistema social sobre todos los sistemas sociales del mundo es que podemos dirigirlo todo. Desde abajo, controlarlo todo, porque estamos unidos todos en la misma línea de trabajo, en los mismos principios, en la economía”.

Dicho argumento de Mesa resumió una polémica que sobrevoló por la Comisión sin llegar a imponerse, a pesar de su roce con un punto neurálgico del tema empresa privada: ¿Qué función, responsabilidad y nivel de autonomía debería tener una mipyme?

Sin salir del marco de la vivienda, Lazo confirmó que en Cuba existen actualmente casi 3 400 mipymes, de las que la inmensa mayoría son privadas y, poco menos de 300, se dedican a la producción de materiales de la construcción.

Si estos bienes se destinaran a los mismos territorios donde se elaboran, se reducirían importantes costos de transportación, un beneficio que se multiplicaría si, de paso, las materias primas necesarias se obtuvieran en las propias localidades. Además, bajo esa lógica comercial, las mipymes podrían alcanzar un impacto significativo en el desarrollo económico -y social- de una localidad.

Pero las mipymes no producen, mayormente, áridos ni arcilla -se quejó el ministro-, sino algunos elementos de piso y pared, aditivos y otras fabricaciones más “decorativas”, razón por la que el ministro insistió en “orientar” tales negocios privados a que suplan, con su producción, las necesidades locales y del municipio.

“Hay que intencionar a las mipymes para que trabajen en función de los intereses del municipio y no solo de los suyos propios”, dijo Mesa. “Fundamentalmente, vemos las mipymes para el desarrollo territorial, pero lo que desarrolla el país, la economía y la Revolución está en brazos de la empresa estatal socialista”.

“Son (las empresas estatales) las únicas que pueden bajar los precios”, secundó Lazo, y luego añadió que las mipymes representan un complemento de la economía, y no un pilar. Pero urge que “se unan a los esfuerzos del país”.

“Debemos lograr la autonomía municipal y empresarial, pero sobre la base de un sistema cuyas políticas tienen que surgir de los burós nacionales. La autonomía no es solo la potestad para mandar, sino también la capacidad de resolver, con esfuerzos propios, los problemas de la comunidad. Además de potestad, hay responsabilidad”, sentenció el presidente del parlamento cubano.

Como este subtema apenas sobrevolaba la sala, el debate fue muriendo y quedaron cuestiones inconclusas como los métodos para “orientar” los tipos y volúmenes de producción de materiales de las mipymes privadas, según propuso Mesa. ¿Se concretaría mediante beneficios fiscales, precios preferenciales o estímulos de otro tipo? ¿O a partir de medidas administrativas que incluirían, por mencionar un extremo, la intromisión en la autonomía o la gestión interna de un negocio?

Probablemente, si esas mipymes prefieren fabricar baldosas, más que metros cúbicos de áridos, debe ser, entre otros factores, porque requieren menor equipamiento o saberes, los precios en el mercado las favorecen y el balance entre gastos e ingresos para su confección muestra números más atractivos. Al final, todo se reduce a un asunto matemático, a esa rentabilidad que se repite indispensable para los actuales tiempos de crisis.

Y, realmente, si un gobierno o empresa local quiere que el sector privado contribuya al desarrollo territorial, pues lo idóneo sería facilitar, en primera instancia, condiciones más lucrativas.

¿Acaso no soplan así los vientos de hoy, en el paisaje del ordenamiento económico de Cuba? ¿O no es la función de una empresa, sea estatal o privada, la de generar utilidades?

De cualquier manera, el diputado Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión, convidó a profundizar más adelante el tema de las mipymes y pasó a otro cerrando con un comentario que auguró una interesante y quizás peliaguda segunda parte en la próxima sesión asamblearia de 2022:

“Si dejamos esto al libre albedrío, dijo, ni vamos a tener vivienda, ni vamos a construir nada”.