Los cubanos tenemos que llevar los gastos del hogar a punta de lápiz, en medio de cíclicas penurias. No queda otra que sacar bien las cuentas. Administrar lo que ingresamos, y en qué lo vamos a gastar, se torna un ejercicio inapelable.

Algo similar debía suceder dentro del sistema empresarial. Pero, a todas luces, algunas cosas ahí no están tan claras. ¿Por qué operando en un mismo contexto de restricciones materiales y financieras un grupo de empresas logra rentabilidad, mientras otro cae en pérdidas?

Al despedir el primer mes del año, 457 entidades –27 por ciento de las registradas por la Oficina Nacional de Información y Estadísticas– cerraron la contabilidad con números rojos. Mientras, otras 273 dejaron en suspense sus estados financieros. Los montos de las pérdidas superan los miles de millones de pesos y se focalizan en la agricultura, industrias alimentaria y azucarera, construcciones, transporte y entidades de subordinación local.

Por fortuna, 1 232 –representan el 72 por ciento del tejido empresarial–, coronaron su gestión con utilidades. Estas últimas generaron ventas netas superiores a lo previsto en 75 000 millones de pesos.

Si hacemos un paneo histórico en la economía cubana, el fenómeno de las empresas con pérdidas no es algo nuevo. Ni sorprende. Debilidades estructurales como baja productividad, igualitarismo en la retribución salarial, exigua tasa de retorno de las inversiones estatales, desconexión entre precios e ingresos, desequilibrios macroeconómicos, poca o nula competitividad, entre otros, habían matizado al modelo centralizado y paternalista heredado por décadas.

Como parte de las reformas emprendidas desde el año 2011, comenzaron a moverse las piezas como en un complejo tablero de ajedrez. La implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución destapó una serie de reformas que buscaban precisamente dinamizar el inveterado puntal socio-económico del país. Sin embargo, resistencias internas a los cambios y demoras –más allá de lo aconsejable, como por ejemplo, el ineludible ordenamiento monetario y cambiario–, dieron al traste con el objetivo de cambiar lo que debía ser cambiado.

El llamado a trasmutar la mentalidad, reiterado en varias tribunas, no lograba materializarse de manera efectiva en la práctica.

Los puentes tejidos en la recta final del gobierno de Barack Obama fueron cayendo como fichas de dominó luego de asumir Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Su administración intentó estrangular a Cuba por todas las vías posibles y la persecución alcanzó ribetes de encarnizada jauría.

Como si fuera poco, en los primeros meses de 2020 llegó la covid-19, con sus terribles secuelas para la economía insular, aún pugnando por resistir y progresar. Luego de Joe Biden ocupar la presidencia, no movió ni un solo dedo para enmendar los desafueros del anterior inquilino del despacho oval. El escenario no podía ser peor.

En tales condiciones de excepcionalidad, había que cambiar las reglas de juego. Una estrategia innovadora comenzó a sacudir rigideces en la producción agropecuaria, el acceso a mercados y divisas, la diversificación de los actores económicos y la gestión de la empresa estatal socialista.

Además del paquete de medidas aprobadas para dotar de mayor autonomía a las entidades estatales, fue suscrita la aplicación de una nueva organización salarial (eliminación de una escala centralizada) con carácter selectivo y experimental. Sus resultados pudieran ser alentadores.

A escudriñar en las causas que provocan la ineficiencia de un grupo de empresas, de esas que obtuvieron pérdidas al cierre de enero pasado, convocó la máxima dirección del país. Para algunos estudiosos, estas presentan exceso de plantilla y muchos cargos indirectos. O realizan gastos superfluos, distribuyen utilidades sin saldar deudas contraídas.

Otros valoran que en medio de la implantación del ordenamiento monetario y cambiario no han podido expresar sus costos en los precios y terminan desfavorecidas. No son pocos los que aluden al factor subjetivo, la falta de acometividad de los directivos, el seguir esperando órdenes de “arriba”, sin utilizar las facultades otorgadas.

Lo cierto es que aún se anda lejos de satisfacer las necesidades del mercado. La crisis de oferta aguijonea la demanda y destapa una escalada inflacionaria. Las reiteradas exhortaciones a estremecer el tejido empresarial parecen chocar con un mal de fondo: la economía centralmente administrada. El doctor en Ciencias Económicas Oscar Fernández Estrada lo llama “el cancerígeno vicio de la administración totalitaria verticalista”, el cual urge sacudirse “antes que la metástasis ahogue las esperanzas de vida de manera irreversible”.