A partir de 2024 se implementará en Cuba una nueva normativa aprobada por la Asamblea Nacional, mediante la cual la problemática ambiental puede llegar a análisis penal e introduce como novedad el concepto de “daño ambiental”, entre otras cuestiones relativas al cambio climático y financiamiento
La Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, situó a la problemática ambiental en el primer plano de las preocupaciones internacionales y la acercó a la opinión pública mundial.
La cita culminó con una declaración que marcaba el compromiso de las naciones firmantes a proteger el medioambiente, como requisito indispensable para que las generaciones presentes y futuras tuvieran la oportunidad de prosperar.
Estocolmo marcó un punto de inicio que alcanzó otra dimensión con la celebración en 1992 de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (conocida como Cumbre de la Tierra).
En aquel encuentro, celebrado en Río de Janeiro, se aprobaron tres grandes acuerdos que regirían el camino a seguir en la materia y conllevaron a que la mayoría de los gobiernos presentes se enfocaran, en lo adelante, en consagrar sus derechos ambientales en sus respectivas constituciones nacionales, así como promulgar leyes y establecer ministerios y organismos que atendieran dichas cuestiones.
Fidel Castro estuvo allí en nombre de Cuba y su intervención se convirtió en uno de los discursos más memorables de aquel 12 de junio. Alertó sobre el peligro que se cernía sobre el hombre; señaló la necesidad de que se distribuyeran mejor las riquezas y convocó a lograr un equilibrio justo, y a veces soslayado, entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de los gobiernos y los pueblos.
Sus palabras no fueron demagógicas. Como quien predica con el ejemplo, y en respuesta a su llamado ambientalista, creó en 1994 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), organismo rector del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en el país y el responsable, entre otras tareas, de establecer mecanismos para perfeccionar de manera sistemática los instrumentos de la gestión ambiental.
Así lo establece la Ley 150 Del Sistema de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo de 2022 y publicada de manera oficial en la Gaceta Oficial de la República el 13 de septiembre del presente año.
La nueva normativa deroga la anterior Ley 81 Del medio ambiente, de 1997, e inicia el camino hacia su implementación luego de un proceso gradual de análisis, estudio, consultas, conciliaciones y elaboración.
En reciente conferencia de prensa, la ministra del Citma, Elba Rosa Pérez Montoya, destacó que entre los antecedentes que se tuvieron en cuenta para trabajar esta norma estuvieron los debates del sexto y el séptimo congresos del Partido Comunista de Cuba sobre temas ambientales y, en particular, el cambio climático. Mencionó, además, el trabajo realizado desde 2017 con el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, llamado Tarea Vida, así como los macroprogramas y el plan gubernamental para el enfrentamiento a los delitos e ilegalidades, entre otros.
“La Ley 150 tiene como objetivo principal asegurar la implementación y el funcionamiento del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, como condición para alcanzar el desarrollo próspero y sostenible del país en correspondencia con nuestro modelo de desarrollo socialista”, aseguró, por su parte, la directora general de Medio Ambiente del Citma, Odalys Goicochea.
Al mismo tiempo, destacó que “la normativa se articula con todas las disposiciones vigentes relativas a los recursos naturales, incluidas las leyes de Salud Pública; de Aguas Terrestres; de Pesca; de Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo; del Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural; además del Decreto-Ley 50 sobre la conservación, mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y uso de los fertilizantes”.
La promulgación de la Ley 150 y sus 11 resoluciones complementarias ponen de manifiesto, en medio de un contexto económico y social muy complejo, la voluntad de garantizar a la sociedad cubana el derecho a disfrutar de un medioambiente sano y equilibrado. Además –me atrevo a decir que podría ser de lo más importante del texto–, abre un nuevo capítulo en materia de responsabilidad civil y penal en temas ambientales.
El daño como novedad
Entre los nuevos preceptos incluidos en la Ley 150, citados por Pérez Montoya, se encuentran el fortalecimiento del papel del Citma como organismo rector, el perfeccionamiento de los instrumentos de la política y de la gestión ambiental, y la definición, por primera vez, del concepto de daño ambiental, así como la responsabilidad civil y penal de provocarlo.
“Este es uno de los puntos que no estaba en la ley anterior de manera tan explícita. Inicialmente se adoptaban vías más administrativas, o apelábamos a la educación ambiental y llamados de atención. Ahora, aunque no renunciaremos a esas vías, sí se llegará a la responsabilidad civil y penal de los autores, ya sean naturales o jurídicos, una vez se identifique y confirme que hubo daño significativo”, explicó Goicochea.
La directiva puntualizó que para calificar un daño ambiental como “significativo” se hacen las debidas valoraciones a partir de estudios comparados en los que intervienen expertos.
“Probar la existencia de un daño, en una legislación ambiental, es complejo, de ahí que se haya establecido la Resolución 91/2023 Reglamento para la declaración del daño ambiental, que establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las reclamaciones en esta materia y determina en qué momento se lleva un caso a los tribunales.
“Esto se vincula y tiene coherencia con otras regulaciones aprobadas en el país, como es el caso de la Ley de patrimonio cultural y natural, y el Código Penal, donde se reconoce el delito ambiental, muy discutido durante los últimos años”, agregó.
Cambio climático, ¿ausente?
Pues sí, el cambio climático era, hasta el momento, uno de los grandes ausentes dentro del ordenamiento ambiental en el país. Lo confirman ambas directivas. Si bien la aprobación de la Tarea Vida mostraba una fuerte voluntad de avanzar en este aspecto, no había un anclaje regulatorio o una norma legal que le acompañara.
“El trabajo de estos años nos condujo entonces a contar con una legislación que se aproximara a lo que estamos buscando. De ahí que en la Ley 150 se incluye de forma exclusiva el Decreto 86/2023 del enfrentamiento al cambio, que define cómo abordar los elementos del mismo”, refiere Odalys Goicochea.
En la elaboración de la ley se tomaron en cuenta, también, los compromisos y obligaciones internacionales en materia ambiental. De hecho, reconoce el Informe Bienal de Transparencia para el que cada uno de los países debe rendir información sobre cuánto está haciendo en función de la mitigación al cambio climático. De igual forma, en el contexto actual, responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Avanzar en su implementación es ahora un reto que conlleva el esfuerzo de muchos, además de financiamiento, otro tema medular presente en el nuevo estatuto.
Financiamiento para el desarrollo
De acuerdo con la directora de Medio Ambiente, la 150 respalda el financiamiento en cuanto a temas de daño y calidad ambiental a partir del desarrollo de instrumentos.
“Dentro de los instrumentos de la política y la gestión ambiental (algunos traídos de la Ley 81 con algún nivel de actualización y otros nuevos) están los económicos y financieros, en los que se plantea un grupo de cuestiones para buscar, desde las propias capacidades locales, insumos y recursos que existen en nuestros territorios, y la posibilidad de que estos recursos acompañen la consecución de las metas ambientales”, dijo.
En el tema climático se ha apostado por la creación de entidades dinamizadoras, capaces de buscar financiamiento desde la cooperación internacional o a través de los propios mecanismos financieros contemplados en la Convención Marco de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es signatario.
En el caso de Cuba resulta más complicado adquirir recursos directamente de otros gobiernos o estados como consecuencia del bloqueo estadounidense, pero se han creado alternativas como la Fundación Iris, Unidos por el Clima. Aun así, Pérez Montoya exhorta a lograr que estos recursos no sean solo producto de la colaboración internacional, donde tenemos muy buena práctica, sino que, de alguna manera, provengan de las propias capacidades con que cuenta el país.
“Es necesario que los municipios estén muy involucrados en el cumplimiento de la Ley. Insistimos en la importancia de tener también proyectos territoriales que incluyan temas ambientales y climáticos. La vía del presupuesto del estado no puede ser la única, porque no da respuesta a todas las necesidades que tiene el país para avanzar en esos temas; en este contexto, hago énfasis en el papel territorial y local, y en el apoyo desde los municipios, que son el escenario principal para la transformación”, concluyó.
El financiamiento para los temas ambientales tiene carácter transversal y es clave para el desarrollo sostenible. Es premisa del Citma trabajar para que se razone desde los planes de la economía.
La Ley 150 Del Sistema de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, como se dijo tras su aprobación, es otro gran paso de avance hacia el perfeccionamiento de la política ambiental cubana y su reflejo en el contexto internacional.
El éxito de la misma estará en una efectiva implementación. Ya comprobaremos los resultados una vez inicie su aplicación en 2024.
