Cuando una mujer decide ponerle fin a un embarazo no deseado, son miles los sentimientos que se le remueven. Es dueña de su cuerpo, y quiere decidir sobre lo que necesita para su existencia, aunque sabe que desechar esa vida que crece dentro de ella no es nada sencillo… ni natural.

El aborto nunca dejará de ser una opción para millones de mujeres, niñas y adolescentes en todo el mundo; de hecho, históricamente interrumpir un embarazo ha sido, es y será uno de los eventos obstétricos más comunes en la vida reproductiva de las mujeres, que recurren a esta práctica por una gran variedad de causas: la violencia sexual, la falta de acceso a servicios de salud y a los métodos anticonceptivos modernos, las dificultades para su uso correcto y consistente, las fallas propias de los métodos y el hecho mismo de que ellas no deseen ser madres en determinado momento de sus vidas.

De modo que nunca será posible erradicar el aborto, pero sí lo es lograr que las féminas accedan a procedimientos seguros y de calidad, sin que se ponga en peligro sus vidas y el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Decisión “histórica”

Colombia tomó una decisión trascendental en los últimos días. Dejó atrás la criminalización de las mujeres por decidir sobre su reproducción para convertirse en uno de los países del mundo con un plazo legal más amplio para el aborto.

Ya ninguna colombiana podrá volver a ser juzgada por interrumpir su embarazo hasta la semana 24. La Corte Constitucional decidió, por cinco votos a favor, cuatro en contra y tras más de 500 días aplazando el debate, que no iba a retirar el aborto como delito del Código Penal, pero que sí lo iba a despenalizar siempre que se cumpliera en el plazo establecido.

“Histórica” fue la palabra más repetida el pasado 21 de febrero. El movimiento Causa Justa, líder en las peticiones, pidió a la Corte hace un año y medio poner fin a la criminalización por abortar. Unas 400 mujeres eran condenadas cada año con penas que van de los 16 a los 54 meses de cárcel.

Desde 2006 en Colombia el aborto podía realizarse solo por tres causas: violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer.

La posibilidad de una condena frenó el acceso al aborto legal y seguro, pues el miedo a ser denunciadas separó a lo largo de estos 15 años a miles de mujeres de las clínicas legales, incluso encontrándose dentro de las causales.

Según datos ofrecidos por la organización feminista, entre 2006 y 2019 más 5 700 mujeres tuvieron que enfrentarse a la justicia. Las demandantes han defendido siempre que el delito no protege la vida en ningún caso ni frena los abortos, y que solo consigue apartar a las mujeres del sistema de salud para buscar métodos o clínicas ilegales que ponen en peligro su vida.

Otros datos aportados afirman que en el tercer trimestre del año pasado los partos de niñas menores de 14 años se dispararon 19 por ciento, y entre los pasados julio y septiembre, más de 1 300 niñas fueron madres sin llegar a ser adolescentes y casi 28 000 de entre 14 y 19 años también tuvieron un bebé.

El fallo coloca a Colombia entre los países de América Latina con derechos sexuales y reproductivos más amplios, además se busca eliminar el delito en todos los casos.

La ola verde del aborto en Latinoamérica

La lucha de las mujeres del continente ha vivido un despertar imparable en los últimos años. Lo que se ha dado en llamar “La ola verde del aborto en Latinoamérica” tuvo su génesis en Argentina, donde tras años de multitudinarias marchas y de esperar en vilo las votaciones en el Congreso y el Senado, los movimientos feministas lograron en diciembre de 2020 la legalización del aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación.

Las feministas argentinas no solo le reclamaron al Estado una ley, sino que trabajaron la idea de la despenalización social del aborto, que implicó armar redes de profesionales de la salud, de la comunicación, de docentes, de socorristas, de género, para mostrar el aval de la sociedad.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la nación austral se lanzó en 2005 y convirtió el pañuelo verde, que evoca a las Madres de Plaza de Mayo, en un significante para la lucha.

El esfuerzo continuó hasta que el gobierno de Alberto Fernández despenalizó el aborto con una ley, a finales de 2020.

Igualmente, en México, donde es legal la interrupción del embarazo en seis estados, algunos de ellos son pioneros en este derecho en todo el continente. Ciudad de México, por ejemplo, cuenta desde 2007 con una legislación para garantizar el derecho al aborto.

Más al sur del continente, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció que en los próximos días emitirá su criterio sobre el proyecto de Ley de aborto por violación, recién aprobado por la Asamblea Nacional y que establece que las gestantes violentadas pueden interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas, tiempo extendido a las 18 en el caso de niñas, adolescentes y adultas indígenas y de zonas rurales. Una decisión que beneficiará, pero nada remediará.

Otros países europeos contemplan la medida hasta la semana 12, como Francia, o la 14, como España.

Cuando los gobiernos o los que influyen sobre ellos entiendan que el rumbo de la historia está cambiando y que el cuerpo de cada mujer es un territorio sagrado, será posible entonces un mundo donde todas las maternidades sean deseadas.