A pesar de la sombra del coronavirus, gran cantidad de mujeres salieron a la calle para reclamar sus derechos este último Día Internacional de la Mujer en España. Las razones para protestar, como la brecha salarial, las condiciones de trabajo más precarias, la violencia intrafamiliar, el acoso callejero o los feminicidios, están muy lejos de ser erradicados. Realmente, debido a la pandemia mundial por la covid-19, no han hecho más que exacerbarse.

Los datos compilados por la agencia EFE lo confirman: el desempleo femenino en el país ibérico es del 17.4 por ciento, mientras el masculino es de 13.8. En lo referido a las pensiones, también se observa una inequidad notoria: como media, a los jubilados hombres le son asignados 1312 euros, en tanto las jubiladas reciben 858. “España no puede permitirse salir de esta crisis sanitaria, económica y social a expensas de las mujeres” había avisado ya el año pasado Irene Montero, ministra de Igualdad, en un evento celebrado a puertas cerradas y retransmitido por Internet.

En 2021, las restricciones impidieron la celebración de las actividades previstas. Y aunque este año quedaron lejos aquellos números gigantescos de 2018 y 2019, cuando más de 300 000 personas salieron a manifestarse, según datos oficiales, las imágenes difundidas a través de las redes demostraron una gran asistencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en varias ocasiones su intención de hacer valer la agenda feminista. Y aunque se han hecho avances con respecto a épocas no tan pasadas, lo cierto es que no se han concretado adelantos que puedan traducirse en cambios sistémicos duraderos. Por ejemplo, la tramitación de la ley del solo sí es sí, reactivada en el congreso luego de un año y medio, y la ley Zerolo, por la no discriminación y la igualdad de trato, han intentado de ser constantemente frenadas por políticos extremistas. La primera de estas reformas legislativas garantizaría una reforma del Código Penal, para que el consentimiento expreso sea clave a la hora de juzgar delitos sexuales.

Quizá la particularidad más significativa de este año ha sido que en muchas ciudades se llevaron a cabo dos marchas en lugar de una. Es el caso de Madrid, Barcelona o Sevilla, algunos de los lugares con mayor número de habitantes donde hubo separación en las demandas. Los motivos de la escisión han sido el abolicionismo o no de la prostitución y la incorporación de los movimientos trans y queer a la manifestación. Algo con lo que las llamadas feministas clásicas se han mostrado en desacuerdo.

Este grupo cree que el Gobierno y el Ministerio de Igualdad han puesto en el centro de sus políticas “la diversidad” y con ello se “olvidan” de las mujeres. Ante los reclamos, Ana Useros, de la Comisión 8M, dijo que en ese tema había un consenso claro. “Las mujeres trans forman parte de la lucha feminista y siempre la han formado. Sus derechos son derechos humanos y en eso no hay ningún tipo de discusión dentro de la organización”.