En menos de un mes de gobierno, el nuevo presidente argentino dio mucho de qué hablar y generó bastante polémica

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El intento de transformación integral de la economía de Argentina impulsada mediante decretos por su nuevo presidente, Javier Milei, busca revertir la crisis económica del país con medidas de choque.

Por suerte, en el camino, se topan con los primeros obstáculos judiciales, las protestas masivas de la población y hasta cierto rechazo entre la cúpula militar del país.

En menos de un mes de gobierno, ya dio mucho de qué hablar y generó bastante polémica, algo muy usual desde que su personalidad tan poco cuerda anunciara su intención de llegar a la Casa Rosada.

Entretanto, las fuertes protestas desafían al Gobierno de Milei. El pueblo está en las calles para oponerse a las reformas y proyectos que empeorarán aún más las ya difíciles condiciones de vida de los argentinos.

Milei devaluó la moneda 50 por ciento, eliminó los subsidios al transporte y la energía, limitó las protestas en la vía pública y despidió a unos siete mil trabajadores estatales.

El flamante presidente cumplía apenas 48 horas de mandato cuando su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció diez medidas de emergencia.

En su segunda semana el propio Milei dio a conocer los detalles del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que el Poder Ejecutivo pueda modificar o derogar 366 leyes que regulan distintos sectores de la economía.

Y apenas 17 días después de llegar al poder envió al Congreso su controversial Ley Ómnibus, con la cual abarca reformas en materia económica y tributaria, electoral, laboral, penal y energética.

El también llamado “proyecto con muchas leyes” conforma la tercera y última parte del plan de reformas liberales con el que planea dar un punto de giro en la historia argentina, como alegó en múltiples ocasiones.

Ley Ómnibus y DNU

El megadecreto de Milei propone desregular una gran variedad de sectores económicos, como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol; el paquete de leyes se centra en áreas que, según la Constitución, solo pueden ser modificadas por el Congreso.

El texto incluye reformas profundas, “necesarias” y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética, electoral, y en sus más de 600 artículos modifican una veintena de leyes.

Hay un capítulo dedicado a la reforma del Estado, que propone declarar sujetas a privatización a todas las empresas del sector público.

En el acápite sobre la reforma electoral figura, entre otras medidas, eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La propuesta gubernamental incorpora asimismo nuevos límites a las manifestaciones y penaliza con cárcel a quienes organicen, alienten o participen en protestas populares.

En contradicción, la propuesta elimina las penas a quienes utilicen armas en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.

En la actualidad, el Código Penal solo permite usar armas a las fuerzas de seguridad cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo.

La Ley Ómnibus propone el blanqueo de hasta 100 mil dólares en activos, beneficiando a quienes declaren bienes o dinero efectivo por debajo de ese monto.

Y propone dejar en manos del Poder Ejecutivo, a través de decretos presidenciales, el aumento de las jubilaciones, que hoy se regulan por ley.

La justicia frena la demencia

Recientemente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió de momento la reforma laboral recogida en el DNU.

Los jueces de la cámara dictaron una medida cautelar a petición de la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato ligado al peronismo, y la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA).

Anteriormente, los gremios organizaron una movilización contra el DNU, exigieron al Poder Judicial suspender la nueva legislación y denunciaron que las medidas castigan a los trabajadores y generan altos índices de desigualdad.

 Algunas de las principales normativas que contempla es la reducción de las aportaciones y contribuciones para la jubilación, de las indemnizaciones por despido y de las multas por registro deficiente de los trabajadores.

Igualmente recoge la extensión de los periodos de prueba en las empresas, cambios en los juicios laborales y la reducción de los permisos por embarazo, entre otras.

Contra los jubilados

 El “León Milei” también suspendió el acceso a los créditos para pensionados y jubilados del programa de financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La regulación afectará a los trabajadores dependientes y negará el acceso a créditos de hasta un millón de pesos (aproximadamente mil 250 dólares), y ya aseguró que perdurará indefinidamente hasta una evaluación de las condiciones financieras del país.

Con el programa de ayuda, las personas en edad de jubilación tenían condiciones de acceso más flexibles que en una entidad bancaria y les permitían acceder a financiamientos de entre 312 y 750 dólares.

 El “loco de la motosierra” extendió sus afilados dientes hasta la cúpula de las Fuerzas Armadas y le designó una nueva dirección. Asignó a la Fuerza Aérea la jefatura del Estado Mayor Conjunto, el órgano que ejerce el mando máximo de los militares. Además, introdujo cambios en las direcciones del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.

Las modificaciones más drásticas se hicieron dentro del Ejército, donde Milei nombró un nuevo jefe y pasó automáticamente a retiro a 22 generales.

De esta forma, quedaron fuera de la estructura de dirección del Ejército los mandos que tenían vínculos con el anterior Gobierno del peronista Alberto Fernández.

La decisión de la Cámara del Trabajo es apenas el primero de los varios obstáculos que enfrentará el polémico “megadecreto” de Milei.

Desde el momento en que el presidente “libertario” lo anunció, una lluvia de medidas cautelares para frenar las reformas inundó los juzgados, pero el comienzo de las vacaciones de verano congeló la mayoría de los reclamos.

La Justicia no es el único Poder del Estado que podría frenar los planes del nuevo mandatario, pues el Congreso debe pronunciarse al respecto.

Una comisión bicameral, compuesta por ocho diputados y ocho senadores, deberá decidir si el uso de un decreto de necesidad y urgencia para derogar y modificar 366 leyes está justificado.

Si lo avala, lo elevará al plenario de la Cámara de Diputados y del Senado, que deberán aceptar o rechazar el DNU completo (ya que no puede analizarse por partes). Con que una sola de las instancias le dé su visto bueno, todo el Decreto queda vigente. Lo mismo ocurrirá si el Congreso no vota sobre su validez.

Pero para eso habrá que esperar hasta que el Parlamento retome sus sesiones ordinarias, en marzo próximo. Mientras, Milei sigue con su motosierra encendida y hasta sus votantes ya deben estar algo arrepentidos.