Tras diez años de guerra, la mayoría de las fuerzas mambisas firmaron el Pacto del Zanjón. Este tratado de paz con España no incluía las principales demandas por las que los cubanos se habían lanzado a la lucha

Por./ Ariel Pazos Ortiz

Una década de incesante bregar había trascurrido desde que los cubanos se lanzaron a la primera guerra independentista. Contrario a cualquier lógica bélica, el poderoso ejército colonialista no lograba sofocar a los insurgentes. Estos, que no contaban con otro entrenamiento que la propia lucha, numéricamente inferiores y carentes de los equipamientos logísticos básicos, se habían anotado importantes triunfos militares desde octubre de 1868.

Sin embargo, para inicios de 1878 la guerra en Cuba se encontraba estancada. Los mambises estaban agotados, sin fuerzas de reemplazo como las que periódicamente el ejército colonial tenía a su disposición. La enorme escasez de recursos prevaleciente durante estos años de batallas también iba contra los ánimos de las tropas. El Ejército Libertador tuvo un apoyo casi nulo del exterior, tanto política como materialmente. El gobierno de Estados Unidos, novel nación que ganaba importancia en este hemisferio, se opuso a la lucha de los cubanos, mientras de disímiles formas apoyaba a España.

Aun así, el ejército español, que a diferencia de los criollos no peleaba por ideales, era incapaz de aniquilar la insurgencia por la vía armada. De ese modo pensaba, el mayor general Máximo Gómez, quien con su característica lucidez daba a entender al patriota Manuel Sanguily, en carta de octubre de 1877, que una derrota militar no era inminente. El dominicano confiaba en que los mambises podrían salir adelante, como en aprietos anteriores.

Pero a las difíciles condiciones materiales se sumaba una problemática tal vez más letal: la crisis interna de la dirección revolucionaria. Indisciplinas militares y políticas inconsecuentes de los poderes civiles socavaban la imprescindible unidad entre los cubanos. En ese contexto arrancó la labor de Arsenio Martínez Campos, general enviado por la metrópoli para pacificar la Isla.

Trámites de pacificación

A través del tiempo mucho se ha debatido sobre la sucesión de hechos que conllevaron a la firma de la paz del Zanjón. Algunas interpretaciones han apuntado hacia Gómez como responsable de la propuesta que desencadenó los trámites de paz. Pues en la frialdad de una noche de manigua, un grupo de oficiales del Camagüey se reunió para evaluar el estado de la guerra en ese territorio.

Allí Gómez expuso su criterio acerca de cómo los insurrectos podrían seguir adelante. La exposición del  Generalísimo ha sido citada como un aliento a la búsqueda de la paz en aquellas difíciles condiciones. Sin embargo, de la historiografía trasciende lo que propuso el general dominicano fue:

“(…) por los Poderes Supremos pasar una comunicación al general Martínez Campos diciéndole que deseando una parte del pueblo la paz (sin decir bajo qué bases) suspenda las hostilidades en toda la Isla por un plazo determinado, para que reunido el pueblo en una asamblea pueda deliberar libremente sobre sus destinos; mientras tanto se mandará una comisión al extranjero; una vez reunidos, si quieren la paz se estudia bajo qué bases y si se quiere seguir la guerra, se consiguen grandes ventajas, se ganaría tiempo, se unificarían los cubanos, nombrando un gobierno por el voto popular, que sería por esta razón fuerte y con verdadera existencia moral, y lo que es más, dada esta solución, indudablemente decaería el prestigio del general Martínez Campos, quedando quizás asegurada la revolución, porque gastado él, a España no le quedan otros hombres que enviar a Cuba”.

Como se ve, Gómez no sugería pactar una paz sin independencia. Más bien pretendía ganar tiempo, fortalecer las bases de la insurgencia, debilitar la moral del enemigo y dotar a la revolución de una democracia superior. En esto coinciden los historiadores Eduardo Torres-Cuevas y Oscar Loyola Vega, quienes dedicaron un epígrafe al tema del Zanjón en su libro Historia de Cuba. 1492-1898. Formación y liberación de la nación.

Por su parte, la labor pacificadora de Martínez Campos fue eficaz. El mérito de este competente jefe español estuvo en saber combinar la presión militar (unos 26 000 soldados ibéricos habrían llegado desde septiembre de 1876 para la pacificación) con la persuasión. Con el ánimo de desestimular a las huestes mambisas, emitió un bando en el que se indultaba a los que desertaran del campo insurrecto.

Disponía, además, la entrega de dinero a quienes se presentaran con armas y caballo. Esta medida estaba diseñada, sobre todo, para los soldados de fila. Para colmo, algunas autoridades mambisas no impidieron el abandono de los campamentos por parte de los combatientes. A su vez, la estrategia española también concibió medidas que propendían a desmoralizar a la dirigencia revolucionaria.

A finales de 1877, del lado de la Cámara de Representantes crecía la descomposición política. Sus miembros se reunieron para evaluar la situación. El ente legislativo resolvió sostener conversaciones con Martínez Campos, pero la mayor contradicción de lo que acordó el órgano encargado de las leyes de la revolución fue que, hasta entonces, era ilegal portar propuestas de España para alcanzar la paz si esta no incluía la independencia. Quien incurriera en ello podía ser tratado como espía, juzgado y fusilado. Así lo estableció el llamado decreto Spotorno, aprobado en 1875.

De hecho, poco antes de estos acontecimientos, tres oficiales del Ejército Libertador habían sido condenados por entablar negociaciones con el enemigo, pero escaparon de los campos mambises. No obstante, los legisladores hallaron una fórmula para curarse en salud: ellos mismos derogaron el decreto Spotorno. No pasó mucho tiempo para que comisionados de la Cámara obtuvieran del jefe español una suspensión pro tempore de las hostilidades.  

El armisticio expiró con la llegada del año 1878. Ante la solicitud de los enviados de la Cámara de Representantes, accedió a prorrogarlo, como último límite, hasta el 10 de febrero. Sus ofertas se tornaron aún más atractivas cuando habilitó una zona por la cual los insurrectos que lo desearan podrían salir del país. En todo ese tiempo no se desarrollaron las propuestas de Gómez. Todo lo contrario: la confusión con lo que ocurría y el derrotismo se adueñaban, cada vez más, de los mambises.

Salvo excepciones, los líderes políticos y militares de la Guerra Grande se enrumbaban a la aceptación de una paz que no satisfaría los objetivos de una lucha de casi diez años. Jefes militares reunieron a sus tropas para que, como representantes del pueblo cubano, votaran por la paz o la guerra. De acuerdo con Torres-Cuevas y Loyola, existen testimonios de que la opción de la paz alcanzó un apoyo casi unánime, aunque “investigaciones posteriores han tratado de establecer que una tercera parte decidió continuar el combate”.

Pero la Constitución de Guáimaro no facultaba al gobierno ni a la Cámara para entablar negociaciones como las que se avecinaban. Así que esta, reunida en San Agustín del Brazo, aprobó el último de sus acuerdos: autodisolverse. La muerte del legislativo dio paso al llamado Comité del Centro, integrado por militares y civiles: los brigadieres Manuel Suárez y Rafael Rodríguez, los coroneles Juan B. Spotorno y Emilio L. Luaces, el teniente coronel Ramón Roa, el comandante Enrique Collazo y el exdiputado Ramón Pérez Trujillo. Vicente García, entonces presidente, fue notificado de que como la República en Armas se disolvía, él cesaba en sus funciones. 

Pocas horas después se daba por terminado el conflicto bélico entre España y la mayoría de las fuerzas independentistas de Cuba. El 10 de febrero de 1878 fue firmado en Camagüey el tratado de paz que pasó a la historia como Pacto del Zanjón. Unas escasas concesiones y garantías fueron aprobadas para los criollos por los colonialistas. Sin embargo, tras una década de enormes sacrificios, los cubanos no lograron sus objetivos fundamentales: la abolición de la esclavitud ni la independencia de la metrópoli.