Dos meses de protestas violentas solo lograron, hasta ahora, el rechazo del Congreso a la propuesta presidencial de adelantar las elecciones, una de las principales demandas sociales

---

En un laberinto peligroso entró Perú. Los gritos de “¡Dina asesina! ¡Dina asesina!” estremecen desde casi dos meses las más grandes ciudades.

Dina Boluarte es la jefa de Estado impuesta por el mismo oficialismo que durante más de un año tuvo al expresidente Pedro Castillo esquivando zancadillas y al final lo sacó del poder de la peor manera. Del Congreso, directo a la cárcel donde aún está.

Los peruanos no la quieren. Su nombre se ha vuelto tóxico y carece de toda legitimidad. Su deprimente gestión lleva al país en una explosión parecida a la vivida en Chile en 2019, en Colombia en 2021 y en Ecuador el año pasado.

La población indígena lidera las protestas que iniciaron en el interior del país y ya se movieron a la capital, con su alta dosis de violencia policial y víctimas. Suman ya casi 60 los muertos por una represión policial sin precedentes

La indolencia del nuevo Ejecutivo, embarcado en un destino incierto, exacerba el desencanto hacia los gobernantes y desata el clamor internacional para que cese la represión policial.

Una reciente encuesta de la consultora CID-Gallup indica que 71 por ciento de los peruanos rechaza la gestión de Boluarte, 83 por ciento no se siente representado por ella y 63 por ciento quiere un adelanto electoral.

Otra pesquisa publicada el 29 de enero por el Instituto de Estudios Peruanos arroja que 90 por ciento de los nacionales desaprueba al Congreso y 74 por ciento piensa que la mandataria debe dimitir.

Pérdidas considerables

Decenas de carreteras, sobre todo en la sierra sur, permanecen bloqueadas. Las grandes minas y el ferrocarril turístico a la ciudadela inca de Machu Picchu, cerrados. El turismo es nulo.

Durante gran parte del mes de enero, varios aeropuertos estuvieron fuera de servicio. En algunas ciudades escasean los alimentos, la gasolina y el oxígeno para los hospitales. La intimidación a los viajeros y a las empresas que desafían los bloqueos de carreteras y las órdenes de paralización es generalizada.

Según el Ministerio de Economía, hasta finales de enero el conflicto costó unos 625 millones de dólares en pérdidas de producción, además de los daños causados a las infraestructuras públicas, las fábricas y la agricultura.

En el centro de Lima solo predominan las vallas protectoras levantadas por la Policía, las tiendas vacías. La gran capital tuvo su primera víctima mortal el pasado 28 de enero, durante un enfrentamiento entre manifestantes y policías.

En estos dos meses las exigencias no han cambiado: se reclama la dimisión de la mandataria, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones generales.

Unos comicios este año pueden ser la única forma de restablecer la calma, consideran analistas.

El pueblo también quiere una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución y la liberación del legítimo presidente Pedro Castillo.

Un raro matiz en el discurso presidencial

El pasado domingo la Presidenta habló al país y se le notó un ligero cambio de tono respecto a mensajes anteriores.

Le pidió al Congreso que asuma la “responsabilidad histórica” de aprobar el adelanto electoral para 2023, en lugar de abril de 2024, como previeron antes.

“Digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad: nos vamos todos”.

Pero los congresistas dejaron pasar esa “papa caliente” y no muestran querer cambiar sus posiciones.

El Pleno del Congreso en su último debate rechazó el adelanto por mayoría. Solo hubo 45 votos a favor y 65 en contra. Hay partidos que exigen la renuncia de Boluarte y congresistas que insisten en celebrar las elecciones en abril de 2024 para luego llevar a cabo reformas políticas previas. Otros, los menos, abogan por irse cuanto antes.

Ella no parece planear una renuncia por ahora, algo que tampoco desembocaría en elecciones inmediatas. En ese caso, el presidente del Congreso, José Williams, asumiría la presidencia del país y el problema solo cambiaría de nombre…

En su alocución, Boluarte también aclaró que, si el Congreso no aprueba esta vez la convocatoria a octubre de 2023, el Ejecutivo presentará dos proyectos de ley para hacerlo. Aunque también tendrían que pasar por el Parlamento para ser admitidos. Una madeja sin fin…

En otro cambio de talante, la mandataria propuso la reforma total de la Constitución de 1993, la que se promulgó durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Esto, que resultaba inimaginable hace unas semanas, es otra de las demandas que más se escuchan en la calle.

En cualquier caso, el horizonte se vislumbra demasiado lejano. Se necesitan medidas más inmediatas y claras para paliar la convulsión social y que remita una movilización tan masiva como la actual.

En la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada la pasada semana en Buenos Aires, se denunciaron los abusos policiales registrados en Perú.

Una de las intervenciones más duras fue la del presidente chileno, Gabriel Boric, quien a principios de diciembre condenó el autogolpe de Castillo, y ahora le reclamó a Boluarte un “cambio de rumbo” en la gestión de esta crisis social.

No hay un punto que marque el camino hacia una salida para esta crisis y desde ahí emprender un nuevo y necesario rumbo. Perú está al borde de la explosión total, cuyos destrozos salpicarán cada uno de los asientos del Congreso. El mayor trozo caerá en la silla presidencial…