Ecuador celebrará un referendo en plena guerra contra las pandillas y el crimen organizado. El tema, la seguridad y más poder al Ejército
Cuatro meses después de asumir la Casa de Nariño, el presidente Daniel Noboa convocó a una consulta popular acerca de reformas legales y enmiendas a varios artículos de la Carta Magna sobre seguridad, justicia, inversión y empleo, a través de diez preguntas que ya fueron calificadas por la Corte Constitucional.
Noboa llamó al electorado para el 21 de abril y el tema principal será la seguridad; en ese contexto, se indagará sobre si dotar de más poder al Ejército para acabar con el crimen organizado. La consulta incluye seis preguntas sobre seguridad y acción contra el crimen; otras cuatro, que serán refrendadas y fueron propuestas por Noboa, se relacionan con temas que atañen a la Constitución sobre extradición, creación de judicaturas especiales, arbitraje en inversiones y contratos de empleo por horas y plazo fijo.
La gota que colmó la copa
El 9 de enero, tras la toma en directo de uno de los principales canales de televisión de Ecuador por un gru po armado, Noboa decretó el estado de emergencia en el país y declaró un «conflicto armado interno», lo que le permitió utilizar a las Fuerzas Armadas como apoyo a la Policía en las operaciones anticrimen desarrolladas en la nación sudamericana.
El hecho fue la gota que colmó la copa tras años de extrema violencia y una inseguridad sin precedentes que llevó a una guerra contra una veintena de bandas criminales. Solo en 2023 la contienda interna dejó más de ocho mil muertes.
En concreto, entre las cuestiones que tendrán que responder los ciudadanos figura una reforma al artículo 158 de la Constitución sobre si las Fuerzas Armadas pueden apoyar el trabajo de la Policía en su lucha contra el crimen organizado. Iniciativa impulsada infructuosamente en un ejercicio anterior por el expresidente Guillermo Lasso, uno de los principales responsables de que los índices de violencia alcancen hoy en ese país niveles tan avanzados.
Las otras seis preguntas, que serán respondidas a través de consulta popular, están el posible incremento de las penas por delitos de terrorismo, trata de personas o tráfico de drogas, entre otros, así como la tipificación del uso de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
Asimismo, una de las interrogantes también tiene que ver con el cumplimiento de las penas en centros de rehabilitación social, mientras que otra alude a si el Estado puede ser titular de bienes de origen ilícito o injustificado.
Las diez interrogantes fueron aprobadas por el Tribunal Constitucional a finales de enero. El Gobierno remitió en un principio una veintena, pero retiró una propuesta sobre los casinos y quedaron 19. Del total, diez pasaron la censura máxima y cuatro de ellas lo hicieron con enmienda.
Salvo el tema de la extradición, el resto pasará el voto de la ciudadanía sin problemas, según aseguran los expertos. No obstante, algunas de las preguntas planteadas por Noboa en esta consulta popular ya recibieron una respuesta negativa en el plebiscito que convocó Lasso. En ese momento, el expresidente recibió un revés en los ocho asuntos propuestos, entre ellos la extradición de ecuatorianos y el apoyo de los militares a la Policía contra el crimen organizado.
Los resultados del referendo se sabrán el próximo 5 de junio. Mientras tanto, desde que el país entró en estado de emergencia, ya están detenidas más de siete mil 500 personas y se han confiscado 50 toneladas de droga.
Este plebiscito se celebrará a menos de un año de las nuevas elecciones generales de Ecuador, cuya primera vuelta está fijada para el 9 de febrero de 2025, y la segunda, en caso de requerirse, se efectuará el 13 de abril de 2025. De ganar, Noboa iría a esos comicios con todas las posibilidades de mantenerse en el poder.
