La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ejecuta sin pudor el plan golpista para impedir a toda costa que el presidente electo pueda tomar posesión de su cargo

---

Desde hace semanas Guatemala vive jornadas consecutivas de paros, protestas y bloqueos en sus principales carreteras, como medida de fuerza para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, principal artífice de una arremetida golpista contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, parte de la cual es un reconocido intento de impedir la ceremonia de oficialización en el poder, fijada para enero.

Porras figura hasta el momento como la inquebrantable punta de lanza de un pacto corrupto que pretende desconocer los resultados electorales y descalificar penalmente a Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla.

Los pueblos originarios –que constituyen al menos la mitad de la población– están dando una cátedra de civismo y defensa de un sistema político y de justicia que históricamente los excluyó, pero que aspiran a transformar pacíficamente.

Fueron ellos quienes abrieron las protestas el pasado 2 de octubre, con plantones en sus territorios y frente a la sede del Ministerio Público (MP), en Ciudad de Guatemala. Con el paso de los días, se activaron estudiantes universitarios, profesionales, organizaciones sociales, comerciantes y comités de vecinos en todo el país para exigir el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.

Los piquetes se multiplicaron hasta paralizar toda la nación centroamericana, pero Porras descarta presentar su renuncia y el Ministerio Público continúa sus trabajos de manera normal.

Con esos intentos, el partido progresista que ascendió al poder sin figurar en ningún pronóstico afronta riesgos de cancelación, que raya en lo inconstitucional, según varios juristas.

Tanto Arévalo como los dirigentes de la organización temen que la Fiscalía redoble su persecución, pues sus pretensiones escalaron, incluso, hasta asaltar las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y secuestrar las boletas depositadas por la ciudadanía en las dos vueltas de los comicios, rompiendo la cadena de custodia de la autoridad jurisdiccional.

Esto ocurrió cuando oficialmente Guatemala está regida bajo el calendario electoral, que vence el 31 de octubre. Según la ley, hasta entonces ningún poder del Estado puede interferir en la esfera de dominio del TSE. Pero la fiscal Porras lo hizo y exigió, además, levantar la inmunidad de las autoridades electorales.

Para ello argumentó que con el material comicial en sus manos avanzará en una nueva investigación sobre la supuesta recolección de firmas falsas para la inscripción de Semilla en la contienda.

Además, dijo, analizará a los magistrados del TSE y a más de 100 000 ciudadanos que participaron en la recepción, conteo, resguardo y digitalización de votos y actas que certificaron la victoria.

Arévalo calificó la operación de escalada de violencia jurídica que busca anular el resultado en las urnas y la destrucción del régimen democrático.

Todo contra Arévalo

Bernardo Arévalo es el líder de la fuerza política progresista Semilla, surgida después de las movilizaciones anticorrupción de 2016, y ganó la primera y segunda vuelta de junio y agosto pasado con el apoyo de 2.4 millones de ciudadanos, lo cual constituyó 58 por ciento de los votos válidos.

Tanto apoyo generó el recelo inmediato de una élite apuntalada en el poder desde hace décadas.

Desde el momento en que comenzó a emerger, prometió castigar la corrupción y reconducir un país al borde del autoritarismo, lo cual causó ruido en el Gobierno saliente y rompió un bien elaborado programa para perpetuarse en el poder.

“Con nuestro voto les arruinamos el plan y por eso quieren robarse las elecciones”, aseguran los manifestantes, que exigen la renuncia de Porras y los integrantes de su equipo, totalmente carentes de la confianza ciudadana.

Esas movilizaciones son el único recurso de la población, que no encuentra respuestas ni defensa en el sistema de justicia.

Ante el desamparo, Arévalo y las autoridades indígenas invocaron la aplicación de la poco creíble Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar la situación y adoptar decisiones necesarias en aras de la normalización de la institucionalidad.

Por su parte, el aún presidente Alejandro Giammattei también pidió al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, mediar en un diálogo entre el Ejecutivo y los sectores sociales.

Ante la organización, Arévalo solicitó emitir una declaración o resolución en “términos claros y contundentes” e instar al gobierno de Giammattei a cumplir con sus responsabilidades constitucionales y compromisos con la democracia, para instruir al ministerio público de que cese el acoso y la persecución penal.

En respuesta, el ente regional descartó cualquier irregularidad en las elecciones y otorgó su beneplácito para reanudar el proceso de transición.

Según Almagro, la misión que viajó a Guatemala entre el 27 y 29 de septiembre calificó de infundadas las denuncias planteadas sobre presuntas irregularidades en la primera y segunda vueltas.

Detrás del telón de los inconformes, también figura la exprimera dama Sandra Torres, perdedora en segunda vuelta contra Arévalo y quien se niega a aceptar su derrota, y blande las mismas denuncias de fraude que Porras investiga.

En medio de este caos, los manifestantes pacíficos denuncian la infiltración de desconocidos vándalos que intentan subirle el tono a las protestas. Casualmente fue la propia fiscal general quien anunció en un video grabado saqueos en la capital cuando aún no se había reportado ninguno.

Recursos tienen de sobra para evitar la ceremonia de investidura del próximo 14 de enero. Le corresponde a esa fuerza social que le dio el voto a Semilla defender lo logrado y a Arévalo responderle después al pueblo que hoy se bate por él y sus ansiados cambios democráticos.