Chile inició este domingo el último tramo de un largo proceso constituyente sin precedentes en América Latina. Desde aquellas revueltas de 2019, que pusieron patas para arriba una vez más al país, los chilenos han buscado una puerta de salida democrática, que se comenzó a concretar tras la victoria de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de diciembre de 2021.

Tras aprobar que se redactara una nueva Constitución en 2020, con 80 por ciento de aceptación, y de elegir la Convención que la escribió, los ciudadanos decidirán finalmente, el próximo domingo 4, si aprobar o rechazar la Carta Magna propuesta.

La Convención comenzó su trabajo el pasado 4 de julio de 2021 y exactamente un año después entregó el nuevo texto, que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.

«Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos: que en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos», subrayó Boric durante la ceremonia de recibimiento del proyecto de la ley de leyes que se llevara a votación.

La cédula electoral pregunta: «¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?». Las respuestas posibles son Apruebo o Rechazo, que figuran debajo de la pregunta para que el elector haga su elección.

Para el 4 de septiembre, unos 15.1 millones de personas darán su veredicto. Las últimas encuestas conocidas antes de que comenzara la prohibición de informar nuevos sondeos dan al Rechazo una ventaja de entre nueve y 16 puntos. Si triunfa el Apruebo será profundo el impacto en el futuro del país.

El gobierno de Boric, que impulsa la aprobación del texto, ha trabajado para revertir la desventaja o, al menos, lograr que se pierda por poco. Aunque los sondeos dan una clara ventaja al NO, nadie descarta del todo una sorpresa.

En este contexto, Chile se acerca a unas elecciones históricas. Si gana la opción del cambio la Carta Magna empezará a regir de inmediato y se irán creando los nuevos órganos que contempla, como una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si ganara el Rechazo, la Constitución de 1980, la de la era Pinochet, seguiría vigente y contrastaría con la abrumadora mayoría que en 2020 votó por su reemplazo.

Boric ha manifestado su opción por el Apruebo: “Me cuesta mucho imaginar que, tras todo lo que ha pasado en Chile, decidamos volver a fojas cero respecto de la Constitución de 1980”.

Resta ahora que la población la acepte mediante este referendo vinculante y de participación obligatoria.

De la vigente a la propuesta

La propuesta de Constitución registra numerosos cambios y actualizaciones que intentan romper con décadas de debate por la influencia de la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó el país entre 1973 y 1990.

La del 1980 es extremadamente hostil a la democracia participativa. En ambos textos el Gobierno y la administración del Estado corresponden a la figura presidencial. Sin embargo en el nuevo, la edad para postular al cargo baja de 35 a 30 años cumplidos y el período presidencial se mantiene en cuatro años; se autoriza la reelección consecutiva por una vez.

Sobre el poder legislativo, la Carta actual define un Congreso Nacional con dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado, y precisa que ambas concurren a la formación de leyes.

En el nuevo proyecto se elimina el Senado y se crean dos Cámaras de poder «asimétrico»: un Congreso de Diputados y Diputadas para la formación de leyes (con al menos 155 integrantes), y una Cámara de las Regiones acotada a las leyes de acuerdo regional.

El proceso legislativo chileno, que requiere de alto quorum para realizar reformas en áreas clave, es uno de los elementos que definen a la Constitución de 1980. La nueva propuesta rebaja la asistencia y suma elementos como las iniciativas populares de ley.

Es la primera vez en la historia nacional que un grupo equiparado de hombres y mujeres escribe una Constitución.

Ese principio se refleja en la nueva Carta Marga y define a Chile como una «democracia paritaria». Plantea que las mujeres ocupen al menos el 50 por ciento de todos los órganos del Estado y ordena tomar medidas para «alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad». La democracia paritaria es un principio que inunda todo el texto y constituye una diferencia radical con la vigente, que solo plantea que «hombres y mujeres son iguales ante la ley» y que el Estado debe «asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional».

La antigua no incluye nada relacionado con enfoque de género y paridad. Lo más cercano fue la reforma constitucional donde se estableció que las personas nacen libres e iguales en derechos. Antes solo decía los hombres.

Otro detalle que hace más progresista el nuevo proyecto es que define a Chile como Estado Plurinacional e Intercultural, reconociendo 11 pueblos y naciones: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros, que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley, reza el texto.

El que está en ejercicio no menciona a los pueblos originarios ni indígenas. De manera que, con la aprobación, se produciría un giro radical que también ordena constituir Autonomías Regionales Indígenas con independencia política, precisando que su ejercicio no permite la secesión, ni atentar contra el carácter «único e indivisible» del Estado de Chile, y que sus competencias se establecerán por ley.

Plantea que, dentro de las entidades territoriales que forman el Estado chileno, pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgar consentimiento en aspectos que afecten sus derechos.

Asimismo, la propuesta reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, precisando que deben respetar la Constitución y tratados internacionales, y que cualquier impugnación a sus decisiones será resuelta por la Corte Suprema.

La Constitución en ejercicio protege en forma explícita «la vida del que está por nacer», pero no impidió despenalizar el aborto en tres causales en Chile en 2017, ya que el Tribunal Constitucional planteó que la persecución penal no era «mecanismo idóneo para proteger al no nacido» y que la sanción penal absoluta choca con los derechos de la mujer.

La ley fundamental propuesta reconoce el ejercicio libre, autónomo y no discriminatorio de los derechos sexuales y reproductivos, y plantea que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo.

No obstante, este derecho no implica interrumpir el embarazo en cualquier momento. Esa práctica estará regulada y reglamentada por el legislador, que dirá cuáles son los plazos y la forma de hacerlo.

La demanda general del estallido social de octubre del 2019, que abrió paso al proceso constituyente en Chile, fue recuperar un sentido de dignidad dañado por las equivocaciones del modelo político y económico refrendado en la Constitución de 1980. En ella se favorece el actuar de las instituciones privadas por sobre el Estado en la provisión de bienes sociales como educación, salud y pensiones (en este último caso, exceptuando a las Fuerzas Armadas).

El nuevo documento constitucional describe a Chile como un «Estado social y democrático de derecho» que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas.

La Constitución en vigor afirma la prescindencia del Estado siempre que el privado pueda. Ahora se afirma de forma contundente que es deber estatal preocuparse de educación, vivienda, salud, pensiones y trabajo. Esto último constituye un cambio de paradigma en el modelo político chileno

En otro de los acápites, ambas constituciones consagran el derecho a la seguridad social. La actual indica que el Estado debe garantizar prestaciones básicas uniformes otorgadas por instituciones públicas o privadas. En cambio, la propuesta recién elaborada propone un Sistema de Seguridad Social público, financiado con rentas nacionales y cotizaciones obligatorias. No menciona a prestadores privados.

En un tema tan sensible como el de la salud, ambas Cartas incluyen prestadores públicos y privados. Pero la ley vigente permite que las personas destinen todos sus pagos forzosos a las aseguradoras privadas, mientras que ahora se propone crear un Sistema Nacional de Salud que recibirá todas las cotizaciones obligatorias en salud, dejando abierta la opción de contratar seguros privados extra.

El carácter social del Estado se expresa también en otras normas, como el derecho a la ciudad, a una vivienda digna, el reconocimiento al trabajo doméstico o la creación de un Sistema Integral de Cuidados universal y solidario.

El tema del agua tiene especial significación en Chile, donde, en medio de una megasequía, decenas de comunas viven bajo emergencia hídrica. Su uso, acceso y preservación están en el corazón del debate y son parte de un creciente número de conflictos ambientales y casos judiciales.

La Constitución en vigencia incluye una mención poderosa a este tema y plantea «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley”.

La propuesta recién escrita establece el agua como bien «inapropiable». También un «derecho humano al agua», que prioriza sobre sus demás usos y crea una Agencia Nacional de Aguas para su sostenibilidad.

Agraviada por la imposibilidad de haber logrado reconstruir un proyecto después del triunfo de Gabriel Boric, en diciembre de 2021, la oposición concentra sus esfuerzos en lograr el rechazo a la propuesta.

Entre algunos contratiempos de último momento en su gabinete que fueron caldo de cultivo para la oposición, Boric sigue buscando adeptos a la nueva campaña y ha dado a conocer algunas iniciativas importantes y populares de su agenda, como el proyecto de ley que establece un máximo de 40 horas de trabajo. Un anuncio muy conveniente para los intereses tanto de La Moneda como del Apruebo.

De ganar el SÍ, la derecha deberá necesariamente emprender un camino de refundación para ofrecer un proyecto en un país diferente al de las últimas décadas y con una Constitución en la que los derechos sociales se instalarían con fuerza en la ciudadanía Tenemos que ver qué pasará, pero hasta ahora Chile tiene posibilidades de conseguir ese logro.