“En la ciencia no hay calzadas reales y quien aspire remontar sus luminosas cumbres tiene que estar dispuesto a escalar la montaña por senderos escabrosos”, citó a Karl Marx. “Y nosotros somos alpinistas”, acotó Juan Díaz. Se refería a la arena. Y un poco a la economía y la burocracia. Pero, en definitiva, hablaba de arena.

Cuba tiene reservas de piedras calizas como para 450 años. “Si falla el cemento, es por la industria”, advirtió Juan Ruiz Quintana –otro Juan–, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas. “Faltan materiales, equipos, cargadores, camiones… pero no recursos minerales”. Rememoró que, en la década de 1980, el país llegó a producir en un año, 16 millones de metros cúbicos de áridos y seis millones de toneladas de cemento.

En comparación, los volúmenes actuales son deprimentes: en 2021 se produjo, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), poco más de un millón de metros cúbicos de arena y 817 000 toneladas de cemento.

El Gobierno se propuso revertir dichos índices y para ello ha apostado por la descentralización de la industria de los materiales de la construcción y por la minería local de áridos y arcilla.

En esa tónica, la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) –autoridad que gestiona y supervisa la actividad minera y petrolera de Cuba– notifica regularmente a los gobiernos locales sobre los depósitos mineros identificados en cada territorio. Además, a partir de la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto-Ley 46 de 2021 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), empuja la inclusión del sector privado en el negocio de la extracción de piedra, arena y arcilla, las únicas excepciones legales en el sector minero para los nuevos actores económicos.

En la práctica, dos Mipymes serán las primeras en recibir y explotar un yacimiento concedido por el Estado: una de Mayarí Arriba, en Santiago de Cuba; y otra de La Habana. Así lo asegura Maddiel Reyes, director de la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM).

“Casi todo el mundo dijo que sí: Intendencia, Defensa, Agricultura, Citma (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente). Cuando se termine el proceso, (ambas empresas) conseguirán la firma del ministro de Energía y Minas en menos de 30 días”, aseguró. Luego de calcular durante unos segundos, estimó una fecha: “Eso sale en el primer semestre”.

Pero no existen calzadas reales, sino senderos escabrosos.

Tajadas de montaña

La gente asocia ‘la hermandad’ con algo sectario, religioso. Sin embargo, Juan Díaz asegura que entre sus trabajadores hay ateos, santeros, babalawos, judíos y de lo que menos se habla es de religión. 

“Somos unidos, pero con un propósito: ayudar a la familia y la sociedad”, sentenció el presidente y socio mayoritario de la junta directiva de la Mipyme La Hermandad, una de las dos mencionadas pioneras de la minería privada en Cuba, aquella cuya sede radica en La Habana.

Los seis socios de este emprendimiento se conocieron en años posteriores a 2011, cuando eran trabajadores por cuenta propia en la rama de la construcción. Entonces empezaban las probetas experimentales de los llamados lineamientos económicos. Coincidieron en obras como la reparación del Anfiteatro de Guanabacoa: cuatro de ellos viven en ese municipio.

La idea de crear La Hermandad es vieja. En 2013 lo intentaron bajo la fórmula de una cooperativa no agropecuaria, pero el proyecto se dilató y no pudo concretarse sino en diciembre de 2021, al establecerse como Mipyme.

“Nuestro encargo social es la extracción de arena, piedra y arcilla. En un segundo plano, la producción y comercialización de materiales de la construcción. Y en un tercero, el mantenimiento constructivo”, explicó Díaz.

Luego narró que, tras publicarse en agosto del año pasado el Decreto-Ley 46, acabaron tocando la puerta de Recursos Minerales con el afán de ejercer la actividad extractiva.

Su carta de presentación fue una muestra de arena, procedente de un yacimiento no registrado por esa oficina. Un equipo de geólogos la estudió y en una semana decidió visitar su procedencia en las profundidades de Campo Florido, cerca de la comunidad de La Coca, en el municipio de La Habana del Este.

Díaz guardaba aquel puñado de árido desde 2011. En ese entonces, la ya extinta Empresa de Servicios Ingenieros (ESI) de Guantánamo dirigía proyectos constructivos en la capital del país y, ante una necesidad grave de materiales, extrajo arena de allí mismo. El yacimiento no se certificó ni registró a pesar de su explotación, contó Díaz. Sin embargo, él pudo tomar su porción gracias a un amigo, vecino de la zona y empleado de aquella empresa, quien le avisó sobre la existencia de la arena más hermosa que ojos humanos hubieran visto.

Había ocurrido tanto tiempo atrás que, antes de pretender guiar a los geólogos de la ONRM al yacimiento, Díaz exploró nuevamente la zona hasta reencontrarlo. “La pelea de la memoria”, llamó a esa búsqueda sin hilo de Ariadna. Los expertos quedaron impresionados por lo allí visto.

Roberto Peró, ingeniero civil y también socio de La Hermandad, sabe bien el porqué de ese asombro. La arena para construir suele obtenerse en cauces de ríos y en áreas con infiltraciones del mar. Pero el yacimiento de Campo Florido es una loma de rocas sedimentarias, con más de 15 metros de altura y una arena compacta y fina, fácil de extraerse con un buldócer. Tan sencillo como cortar –poco a poco, metro a metro– tajadas de una colina, sin necesidad de utilizar explosivos ni equipos mecánicos sofisticados. Incluso, pudiera trabajarse de forma manual, como hacían los ancestros.

Hoy, la concesión minera apenas abarca 15 hectáreas (150 000 metros cuadrados), si bien el yacimiento es más extenso. Después podría autorizarse más, les informó la ONRM.

Acceder a la mina es el principal inconveniente geográfico. Existe un sendero yermo e irregular que los camiones, con dificultad, podrían transitar vacíos, pero les sería imposible hacerlo con toneladas de áridos en su espinazo. Cerca, una tríada de casas da vida al desierto contorno. Como no existe pavimento alguno, las guaguas no se molestan en entrar al caserío y siguen de largo hasta el no tan cercano poblado de San Gabriel. La Hermandad sabe que tendrá que reparar esas vías si desean llevarse alguna cantidad decente del mineral.

Por ese motivo, pretende crear con el apoyo del Gobierno municipal un proyecto de desarrollo local para asfaltar los caminos, emplear a algunos lugareños y hacer más acogedora la zona. Maribel, cuya casa se encuentra junto al terraplén, será la primera asalariada y la vigilante perfecta de la obra.

Como sea, antes de cualquier ensoñación, La Hermandad deberá concretar con el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu) un trámite de microlocalización, es decir, la determinación y delimitación del espacio físico a invertir y sus regulaciones pertinentes. Poco o nada podrá hacerse antes de que se seque la tinta de ese último cuño, suerte de coronación tras vencer un largo proceso con enjambres de sellos y firmas ministeriales.

El papeleo no ha sido fácil. Ante la falta de precedentes, estos emprendedores han recibido cualquier tipo de reacciones. Desde funcionarios que han celebrado la iniciativa de explotar y sacarle provecho a un terreno abandonado, hasta la trillada resistencia de “¿quién lo aprobó?”, “¿darán todo eso a una empresa privada?”, “¿qué está pasando aquí?”… Incluso, alguien de La Habana del Este se enardeció, le subió la patria chica y exclamó: “Ah, ¿les van a dar esto para que se lleven la arena de nosotros?”.

Todo eso sin contar la sangría monetaria que provoca el arrendamiento de un local, la certificación de la arena, la seguridad social… “No diré precios, pero hay que pagar bien”, reveló Ramón Torres, administrador y socio de la empresa.

Por suerte, las propuestas de La Hermandad han sido aprobadas por casi todos los organismos y han logrado costear sus gastos gracias a las labores constructivas que conforman su cartera de negocios, cuyos clientes son, principalmente, instituciones estatales.

De momento, al emprendimiento solo le falta el visto bueno del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo para comenzar a extraer y procesar arena. En un futuro inmediato, sueñan con fabricar productos de valor agregado, por ejemplo, bloques de concreto. Más adelante, cuando el negocio crezca, explotar una segunda mina, esta de piedra, y un tercer depósito de arcilla, por qué no. La empresa aspiraría entonces a duplicar la plantilla de 35 trabajadores y aumentaría, sin duda, el monto de las participaciones o “acciones”. Y lo más importante: podría vender sus productos a precios competitivos, incluso inferiores a los de un rastro. En resumen, un puñado de metas optimistas.

“El sueño es que nuestros intereses individuales se acerquen a los sociales”, defendió Díaz, exprofesor de Economía Política, en febrero de 2022. “Por eso estamos preocupados por el precio final de los productos. Ninguno de nosotros se sentirá bien llenándose los bolsillos y diciéndole a la gente que compre quien pueda. En eso consiste La Hermandad”.

Casi seis meses después, el sendero sigue igualito de escabroso.

Contra molinos de viento

El 1˚ de febrero, Juan Díaz entregó la solicitud a la dependencia municipal del Inotu de La Habana de Este, pero los papeles vegetaron durante meses. Hasta que recibió una llamada del director de la ONRM, quien le sugirió escalar el papeleo hacia la instancia provincial.

Al fin los especialistas en planificación física viajaron al yacimiento. Durante el trayecto, uno de ellos hizo una observación que le puso en el piso la presión arterial a Díaz: “Este lugar pertenece a la provincia de Mayabeque”.

El emprendedor no tuvo más opción que conseguir un certificado que por escrito constatara que la comunidad de La Coca pertenece a la provincia de La Habana. El registro de dirección de los lugareños lo decía claramente, pero surrealistamente solo podía confirmarlo la dependencia municipal del INOTU.

“Estoy luchando contra molinos de viento”, admitió Juan sentirse quijotesco.

Lo más doloroso para él, contó, fue que el Gobierno le dio solo seis meses para poder capitalizar y oxigenarse gracias a la excepción del pago de impuestos durante ese período. “Al parecer, piensan que me he capitalizado en medio de una pandemia”, gimió.

Asimismo, “los hermanos”, avanzado medio año, no lograban obtener un local donde procesar arena. Necesitaban una nave de 1 000 metros cuadrados. Sin embargo, varias entidades estatales les entorpecieron la adquisición, según detalló Alexander Díaz, segundo de la junta directiva e hijo del presidente del emprendimiento.

De más de una decena de empresas visitadas, dijo, la mayoría no les atendió o respondió con evasivas. Otras sí se tomaron la molestia de recibirlos, mas algunas ofrecieron precios espeluznantes de hasta 700 000 pesos mensuales por el arrendamiento de un local sin baño, techo, ventanas y paredes parciales. Inmuebles destartalados; en algunos casos, espacios con 30 años de desidia, “canibaleados” entre crisis espirales.

Apuntó Alexander que los directores de empresas, en su nueva y total autonomía para imponer precios, toman como referencia la tarifa de 240 pesos el metro cuadrado, aplicada por las inmobiliarias. Y la multiplican por tres.

La mejor oferta que recibieron hasta entonces fue de 200 pesos el metro cuadrado. O sea, 200 000 mensuales.

No es la única Mipyme del país que se encuentra con arrendadores que quieren capitalizar lo descapitalizado. ¿Acaso los alquiladores que se atreven a recibir naves en mal estado no correrán con la reparación de las mismas, y en el futuro las devolverán en mejores condiciones que las iniciales? Bastaría solo esa lógica para que las ofertas fueran tentadoras.

La calculadora de Alexander concluyó que para generar ingresos con esos abusivos precios, deberían vender cada bloque de concreto en 100 pesos, el doble del precio informal en “la calle”. Eso, si el suministro de cemento no fallara o no se interrumpiera la producción de su bloquera criolla, lo cual es algo improbable.

“Pareciera que esos directores quieren subsidiar, con los alquileres, las pérdidas de sus empresas”, se quejó Alexander. “Es un dinero que recibirían limpiamente, sin gastos. ¿Por qué tenemos que pagar por sus problemas?”.

El vicepresidente cree que debería regularse una especie de licitación de esos locales ociosos en la que mediara el gobierno: “El ambiente en que se mueven las Mipymes es demasiado agresivo. Estamos bien gracias a los trabajos de construcción que hacemos. Pero si fuera por la venta de materiales, estuviéramos arruinados”.

Con tales lloviznas, aumenta el escepticismo ante las borrascas de precios que podrían venir por el alquiler de maquinarias, buldóceres y demás. Cuando sondearon la oferta de un camión, la entidad propietaria les puso una cifra de renta de 45 000 pesos al mes, sin una cuota de diésel incluida y con el único aliciente de un período “de gracia” sin pagar para que La Hermandad arregle el vehículo, que no arranca en su estado actual. La calculadora de la Mipyme, obviamente, rechazó esa oferta.

“Si una empresa estatal entra en pérdidas, ¿qué pasa?…”, dijo Díaz, el presidente de la junta. “Si nosotros entramos en pérdidas, eso va contra nuestro patrimonio”.

Para él, la situación creada tiene su explicación en los “mecanismos de freno” y en la existencia de muchos empresarios y burócratas con una mentalidad conservadora de la economía, o peor, achantados e indolentes.

“Lo nuevo se impone a lo viejo tras una tenaz lucha”, meditó Díaz respecto a las nuevas condiciones de la economía y sus actores, sin perder su esencia quijotesca por más molinos de viento que aparecen.

Pequeño epílogo

“Ya resolvimos un local. Estamos contentos. De ese espacio, hay una parte que debemos techar para que el sol no castigue fuerte a los bloques y afecte el fraguado, y con ello, la resistencia. Tampoco hay conexiones eléctricas ni agua. No obstante, vamos a producir, que es lo que demanda el momento. Como decía Federico Engels: ‘a los hombres reales y vivientes, no hay más que un camino: verlos actuar en la historia’”.

No mucho después de nuestra última entrevista, cuando este texto estaba a punto de entregarse a los editores de BOHEMIA para su publicación, Juan Díaz me escribió esto a través de WhatsApp. Me precisó, además, que el contrato de arrendamiento será con la ECAL (Empresa Constructora de la Administración Local) número 5, por un costo de 20 000 pesos mensuales durante cinco años.

El mensaje continúa:

“Ya resolvimos el Certifico Catastral; en él consta que ese lugar (el yacimiento) pertenece a La Habana del Este y no a Mayabeque. Te envío una foto del lugar donde extraeremos arena. Lo bautizamos como Yacimiento La Hermandad”.

Si bien quedan la microlocalización y otros pormenores, la “tenaz lucha” a veces da resultados. Fue una noticia gratificante. Tanto, que me pregunté si cuando estos alpinistas alcancen la cima de la montaña, tras sus pasos, se asfaltaría la nueva calzada empresarial. ¿Serán arenas movedizas, como las que inevitablemente les toca atravesar a las obras pioneras? ¿O barreras que veladamente están siendo colocadas por fuerzas reacias a aceptar los nuevos emprendimientos?