La pequeña nación sudamericana, la patria de Pepe Mujica, se bandea en las últimas semanas en medio de un referéndum que, de aprobarse, pondría al actual gobierno en ascuas y traería a la tradicional izquierda uruguaya a la palestra pública.

El próximo domingo 27 de marzo se ponen en juego en las urnas 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la cual, aprobada en julio de 2020 durante el gobierno del actual Luis Lacalle Pou, ha sido el buque insignia de su gestión, pues pasó con mayoría parlamentaria gracias a la “coalición multicolor” de partidos de derecha que se formó durante la campaña electoral.

El SÍ a la derogación está en manos de la oposición del Frente Amplio y del movimiento sindical nucleado en el Pit-Cnt, mientras el NO es ampliamente defendido por el oficialismo.

La LUC impuso cambios clave en áreas tan diversas como seguridad, salud, educación, energía y derechos laborales; abarca temas que consagran reformas de corte neoliberal; implica ahorro fiscal y pérdida de salarios, más represión y mano dura hacia los pobres, un Estado más chico desde el punto de vista social y libertad económica para los ricos.

Entre los puntos más cuestionados están la severa limitación del derecho a la huelga, la ampliación de penas a los menores de edad y la flexibilización del uso de la fuerza policial, así como la extensión de la legítima defensa.

Pero también la precarización en el acceso a la vivienda, cambios negativos en institucionalidad educativa y reforma del mercado de combustibles.

Entre otras cuestiones, la Ley declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, establece la figura de la “apariencia delictiva” y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta cien mil dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos, según aseguran expertos.

Para tratar de frenar el avance de la legislación, el Pit-Cnt y el Frente Amplio realizaron una campaña de recolección de firmas que podían habilitar un referéndum y lograron, en julio de 2021, unas 795 mil rubricas, que, luego de validadas, llevaron a convocar el referéndum.

A escasos días de la votación, las casas encuestadoras han multiplicado sus pesquisas, que reflejan preferencias dependiendo del signo político.

La consultora Cifra mostró una aceptación del Sí de 41 por ciento, mientras el NO gubernamental llega a un 45, pero permanece un 10 por ciento de indecisos. Entretanto, otra encuestadora, Factum, presentó que 41por ciento de los uruguayos estaría a favor de no derogar la normativa y 35 votaría afirmativamente, contando 19 por ciento de indecisos.

Hacia esos deberán estar dirigidas las últimas acciones antes de la cita en las urnas para que, como aseguraran los partidarios del Sí en el acto de cierre de campaña, “el Uruguay no retroceda”.

“Que la rueda gire y el país avance, que la mayoría de la ciudadanía ponga la papeleta rosada”, agregaron en relación con el color de la boleta por el Sí.