La justicia bolivariana dictaminó la inhabilitación política por 15 años para la dirigente opositora María Corina Machado, acusada de múltiples delitos que le impiden ejercer cargos públicos. Estados Unidos estalló en cólera y una vez más ejerció su “mejor” papel hurgando en los asuntos internos de Venezuela

Venezuela le cierra el paso a una oposición que pretende llegar al poder invadiendo, extorsionando y promoviendo delitos contra la seguridad de la nación, que llegan incluso hasta el magnicidio. Pero mientras la nación bolivariana vela por la estabilidad y la democracia, Estados Unidos retoma la senda de amenazas de sanciones económicas que tanto daño hacen a la nación.

¿La razón? Pues que Venezuela ejerce su derecho a vivir en la legalidad y no permite la inclusión de sectores desestabilizadores en la carrera hacia las elecciones presidenciales de este 2024. Y es que la justicia bolivariana dictaminó hace pocos días la inhabilitación política por 15 años para la dirigente opositora María Corina Machado, acusada de múltiples delitos que le impiden ejercer cargos públicos.

La mencionada, que según ese sector de la derecha arrasó en las primarias y era la candidata a los próximos comicios, no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos dentro del Acuerdo de Barbados, rubricados el pasado 17 de octubre entre la delegación del Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

En el caso de Machado, la sentencia responde a su participación en la trama de corrupción orquestada por el exdiputado opositor Juan Guaidó, propiciando el bloqueo criminal al país. Además, por participar en el despojo de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, entre ellas las compañías Citgo y Monómeros, así como el secuestro y robo de 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra.

La sentencia también establece que Machado, junto con Guaidó y otros, solicitó la aplicación de sanciones y bloqueo económico contra el país, generando el secuestro de cuatro mil millones de dólares retenidos en el sistema bancario internacional. Estas medidas imposibilitaron adquirir ciertos medicamentos para la población y provocaron daños en la salud.

Asimismo, la decisión de la Sala Político Administrativa refiere que otra causa para la inhabilitación es que incumplió las disposiciones establecidas en el artículo 191 de la Constitución venezolana, el cual indica que los diputados a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva.

Al respecto, se precisó que la excandidata aceptó la acreditación como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos a partir del 20 de marzo de 2024 y perdió así la investidura de Diputada de la Asamblea Nacional.

Las decisiones suscitaron un revuelo en la cúpula opositora y en Estados Unidos, que rápidamente adelantó, a través de su Departamento del Tesoro, que no renovará la licencia general de seis meses que autorizaba temporalmente las transacciones relacionadas con el sector del petróleo y el gas. La autorización expirará el próximo 18 de abril de 2024 y quedará inactiva, pues Washington considera que se incumplieron las negociaciones entre el Gobierno y la oposición.

Es decir, volverá a endurecer las políticas de sanciones que supuestamente flexibilizó hace algunos meses.

Caprichos de una oposición en decadencia

Las decisiones de la justicia venezolana las delineó una por una el mandatario Nicolás Maduro. El pueblo venezolano, aseguró, no olvida a esos personajes que reclaman las más cruentas sanciones en contra del país y piden dañar al pueblo venezolano para luego culpar a la Revolución y al Presidente.

Esa misma oposición pretende tomar el poder y desplazar el chavismo con la falsa promesa de que resolverán los problemas que ellos mismos crearon, aseguró.

“¿Quién pidió máxima presión contra Venezuela? ¿Quién pidió una invasión de tropas estadounidenses a Venezuela? ¿Quién pidió que destruyeran la industria petrolera, que nos prohibieran el comercio, que persiguieran el oro, que no se pudiera comprar medicinas?”, cuestionó el jefe de Estado durante la más reciente edición de su programa Con Maduro.

También dejó muy claro que cada uno de los acápites de ese Acuerdo de Barbados lo redactó la propia oposición y que en sus puntos las partes se comprometen a renunciar a la violencia, respetar la legalidad y colaborar para la recuperación de Venezuela. Incluso, el documento solicita remisiones de las inhabilitaciones ante el TSJ y respetar las decisiones que allí se establezcan.

Ahora rompen todo lo acordado y está más que probada su participación en las cinco conspiraciones develadas hace unas semanas por el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab.

De acuerdo con este, los planes golpistas neutralizados entre marzo de 2023 y enero de 2024 incluían la desestabilización del país y el magnicidio; asimismo, planeaban sacar los restos mortales del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, del Cuartel de la Montaña.

Hoy, apuntó Maduro, ninguno se atreve a apoyar una investigación al respecto o condenar los intentos de asesinar al presidente y a otros dirigentes de la Revolución Bolivariana. Todos, los inhabilitados y quienes actúan a la sombra, son la expresión exacta de ese impudor con que accionan las sucesivas administraciones norteamericanas.

Ante la decisión de Washington, el Gobierno venezolano exigió una vez más el respeto a sus asuntos internos y afirmó que su respuesta será serena, recíproca y enérgica.