La sociedad cubana hoy percibe un aumento de la violencia en el país, y si bien esta apreciación se ve estimulada por los contenidos no siempre verídicos de redes sociales y medios no oficiales, existe un incremento de varios tipos de delitos que ha fracturado la sensación de seguridad de la población. El trasfondo económico-social incide en la aparición de vulnerabilidades, desigualdades, en la pérdida de valores y de mecanismos de solución de conflictos que a la postre generan mayor criminalidad

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Un murmullo envuelve la ciudad. Habla de temores en las guaguas, en calles solitarias u oscuras, parques nocturnos vacíos… Y nace también de las ventanas y puertas aseguradas antes del anochecer.

En las redes sociales digitales, el murmullo cobra voz, incluso imagen y advierte, con sus historias, de una realidad inconcebible para muchos:

Calle Luz y Caballero y Primera Sur, Guantánamo. En la madrugada del 26 de abril de 2023, el reconocido locutor de la radio provincial David Alexis González Joseph dormía solo en su casa, cuando tres jóvenes interrumpieron su sueño con el afán de robar. Con armas blancas cercenaron su vida. Dejaron su cuerpo con múltiples signos de violencia. Al día siguiente, la noticia hizo eco en medios no oficiales y perfiles de Facebook; caló a tal punto que, pasados tres meses, cuando sus presuntos asesinos fueron encontrados, el Ministerio del Interior en Guantánamo emitió una nota informativa, una práctica poco común en Cuba, pero que ya está cobrando espacio.

Cuatro meses después, otro relato se construía en las redes y medios alternativos: Brutal asalto a un anciano en Santa Clara. El bajante añadía: le quitaron a golpes el celular, la bicicleta y todo lo que traía. Lo dejaron tirado sin poder levantarse en la calle Nazareno, entre Robles y Segunda. La publicación se acompañaba de un video tomado por un usuario, que refería múltiples heridas en los brazos y la cara del hombre.

Sin embargo, esta última historia fue desmentida por un familiar de la persona, quien declaró al comunicador Henry Omar Pérez que el anciano sufrió una reacción adversa al mezclar sus medicamentos anti-depresivos con el alcohol que ingirió ese día, durante la fiesta de la Verbena. Por este motivo se desorientó, cayó al piso y se golpeó la mano. Minutos más tarde, los vecinos llamaron a la policía, que condujo al hombre al hospital y luego a su casa.

En el escenario virtual abundan muchos reportes de hechos violentos. Algunos son reales, otros responden a malinterpretaciones o tergiversaciones de los internautas, quizás aprovechando la necesidad de información aún insatisfecha, debido a la falta de espacios oficiales que aclaren y aporten cifras sobre este tipo de sucesos. Esa insuficiencia no desaparece, se redirige hacia diversos canales alternativos de comunicación.

Del otro lado están los medios no oficiales: algunos con rasgos amarillistas, que priorizan este tipo de noticias por las reacciones que generan. También existen los que, de manera intencionada, pretenden vender a Cuba como país inseguro y aquellos que carecen de rigor y profesionalidad.

Pero lo cierto es que sí, en las redes también hay denuncias de hechos reales. Una parte de ellos escala el interés popular provocando una respuesta, generalmente tardía, de los medios estatales.

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–Por favor, cierra ya –comenta la mujer de unos cincuenta y tantos

–Mami, pero todavía es temprano.

–No, no, cierra ya que la cosa está… ¿No te enteraste? Ayer le robaron la balita de gas al médico que vive al doblar y la semana pasada intentaron entrar en el garaje cercano al hogar de ancianos, lo que un vecino se despertó, encendió la luz y por eso se fueron. Cierra con yale, pasa pestillos, ponme esos palitos detrás de la puerta y la piedra para, en caso de que entre alguien, al menos haga ruido y me despierte.

La madre está casi paranoica y es comprensible, se pasa casi todo el tiempo sola. Su hermana le dice a la casa la cárcel de Sing Sing. Autoencerrarse ha sido su estrategia para sentirse segura en medio de los continuos comentarios e informaciones que le llegan.

Como ella, la mayoría construye su percepción sobre seguridad pública en base a experiencias propias, comentarios de conocidos y lo publicado en redes y medios de comunicación, oficiales o no.

Según una muestra no representativa aplicada por BOHEMIA en plataformas digitales, diversas entrevistas realizadas e investigaciones sociológicas, penales y antropológicas consultadas, en Cuba hay un aumento de la violencia.

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Un 92.39 por ciento de la muestra considera que ha aumentado mucho y el resto valora que poco. Más de dos quintos de los sondeados añadieron que en los últimos seis meses han conocido de 10 o más delitos violentos y casi la mitad (48.91 por ciento) tuvo un conocido cercano o fue víctima directa de transgresiones en el mismo período.

Sin embargo, sitios estadísticos comparativos como Infobae o Numbeo refieren que Cuba se ubica entre los países con índices de criminalidad más bajos de América.

A esta información se añade la presentada a finales de junio de 2023, durante el programa de televisión Hacemos Cuba, por el coronel Hugo Morales Karell, jefe de brigadas de patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien afirmó que los hechos violentos ocurridos hasta esa fecha solamente constituían el 8.5 por ciento del total de delitos del año en curso y que las tres quintas partes de los autores de esos actos ya estaban detenidos.

En la emisión, el coronel Raúl Cano López, segundo jefe de órgano de la Dirección General de Investigación Criminal, explicó igualmente que en los delitos en los que se priva la vida de una persona, existe un nivel de esclarecimiento de 98 por ciento, en tanto el resto no prescribe.

Mas, en las representaciones que se tienen sobre la violencia, no necesariamente influye un escenario exterior: las personas comparan cómo percibían su seguridad pública hace cinco o 10 años atrás.   

Además, el antropólogo Pablo Rodríguez Ruiz agrega que los delitos patrimoniales (hurto, robo con fuerza sobre las cosas), si bien no encajan en la definición de delitos violentos, sí inciden en la percepción que sobre la seguridad se tiene. Este tipo de casos no posee niveles tan elevados de esclarecimiento, a lo que se añade un número no despreciable de personas que no denuncian el robo o las lesiones leves.

El propio sondeo realizado por nuestro medio refiere que al menos un tercio de los encuestados o sus conocidas víctimas de los llamados hechos violentos no realizaron la denuncia, en tanto un 73.4 por ciento de los que sí la hicieron, no vieron solución a su reclamo.

Pablo, quien ha sido premiado cuatro veces por la Academia de Ciencias de Cuba, comenta sobre la llamada cifra negra del delito (casos que no son denunciados o asentados debidamente), la cual no es recogida por las estadísticas o informes institucionales, pero sí comentada en los entornos comunitarios, lo cual ha reforzado la idea de inseguridad en los imaginarios sociales.

Miradas desde las instituciones

Elizabeth Bello es una muchacha rubia, delgada y más bien bajita. Cualquier criminal la caracterizaría como una “presa fácil” por su delicadeza. A inicios de año, caminaba por Belascoaín alrededor de las tres de la tarde, cuando su teléfono móvil comenzó a sonar con insistencia. Lo sacó del bolso y atendió la llamada, pero no pudo hablar mucho. De algún sitio insospechado, aparecieron dos adolescentes, le propinaron un pescozón que la hizo caer al suelo y le arrebataron el celular.

“Fue todo tan rápido y tan traumático –recuerda. No les vi bien la cara. Creo que me confundieron con una extranjera. Nadie hizo nada para ayudarme. Por poco me fracturo un dedo porque al caer tumbé a uno de ellos con el pie e intenté quitarle el teléfono, pero eran como linces. Enseguida hice la denuncia. Estuve hasta las dos de la madrugada en la Unidad de la Policía. ¡Casi 12 horas allí! Puedo decirte que nunca más he sacado el celular en la calle, por nada en el mundo”.

A mediados de julio de 2023, durante la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue presentado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y de Defensa Nacional y Orden Interior un dictamen sobre las medidas adoptadas para el enfrentamiento al delito, las indisciplinas sociales y la violencia. Este respondía al informe del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz respecto a la situación de los delitos en el país.

Los debates dejaron claro que estos hechos son preocupación, tanto del pueblo, como de sus autoridades. Prueba de ello fue la aprobación del Acuerdo X-22 que llama a “encarar decididamente a los que vulneran el orden legal del país y atentan contra la seguridad de las personas, cuidando con especial atención la tranquilidad ciudadana, la integridad personal, la propiedad y enfrentando cualquier manifestación de corrupción”.

El documento refería que en el primer semestre de 2023 crecieron las cifras de asaltos, robos con fuerza, alteraciones del orden público, hurtos, agresiones y amenazas, al igual que los delitos asociados al sacrificio de ganado mayor y equinos. Estas últimas tipologías muestran un nivel de esclarecimiento muy bajo.

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el Tribunal Supremo Popular (TSP) consideraron que los datos oficiales de los hechos reportados están algo alejadas de la realidad, porque las víctimas muchas veces no formulan denuncias, quizás por miedo a represalias, por desconfianza en la posibilidad de solución de los hechos, o para no quedar expuestos ante la familia o la sociedad. 

Los representantes de ambos órganos añadieron que las estaciones de la PNR no son el único espacio adonde puede llegar quien haya sufrido estos hechos, también se puede formular denuncia o pedir consejos en las unidades municipales, provinciales y la nacional de la FGR.

Otra de las matrices de opinión que orbitan en redes sociales es la flexibilidad de las normas y sanciones con los autores de delitos. Al respecto, se puntualizó en la Asamblea que varias normativas jurídicas, aprobadas en la última etapa, hacen más severas las sanciones, mas, también amplían las posibilidades de los acusados de ser defendidos por sus abogados.

Se trata de coartar el ascenso de delitos vinculados a la violencia, sin renunciar al debido proceso y la aprobación de normativas que aumenten los derechos ciudadanos. Nadie puede afirmar que las autoridades judiciales son más benévolas hoy. Las sanciones son fuertes, explicaron.

Añadieron, además, que a un alto porcentaje de los penados se les impuso sanciones accesorias como el decomiso y confiscación de los bienes o la prohibición o limitación de acercamiento a las víctimas (en 51 casos).

El incremento de la violencia, al decir de los especialistas, tiene lugar en medio de una de las más profundas crisis económicas y sociales que atraviesa el país.

Los directivos del sector jurídico vinculan el notable incremento de los delitos en nuestra nación a la escasez de recursos, bienes, alimentos y también a la elevada inflación. De ahí la decisión de las autoridades jurídicas de juzgar con mayor rigor hechos, como -por ejemplo- los robos y hurtos en viviendas ocupadas, que también pueden asociarse a acciones violentas.

Sin embargo, lo que este enfoque desestima, como afirma la doctora en Ciencias Jurídicas Iracema Gálvez Puebla, en el artículo “La comunidad como estrategia fundamental en la prevención de la delincuencia”, es que “el sistema penal no puede alcanzar, ni puede pretender por sí solo garantizar la seguridad… porque interviene sobre los resultados, sobre los hechos acontecidos y no sobre las causas que generaron el conflicto social”.

El Derecho Penal no es un instrumento de cambio. Para ello se trazan las políticas públicas del Estado, mediante las cuales se trata de producir con su implementación un impacto positivo en la comunidad, tal como añade la también profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

En concordancia, las autoridades del TSP afirmaron durante la sesión del Parlamento que los Tribunales Populares han intensificado su labor de prevención mediante encuentros sistemáticos con quienes cumplieron sanciones penales y gozan de libertad condicional o plena en la comunidad. En esos intercambios se les escucha y se dan respuesta a inquietudes, como la dificultad de esas personas de reinsertarse en la sociedad. “Les es difícil encontrar trabajo e incluso ser recibidos por sus familias”.

Justamente la estigmatización y la persistencia de condiciones de vulnerabilidad en los sancionados son estímulos a la reincidencia y limitan la labor de los jueces de ejecución quienes, desde la comunidad, intervienen en la prevención delictiva mediante el control y la atención de exconvictos.

Los eslabones de la cadena

Una de las aristas más visibilizadas de la violencia social ahora es la basada en cuestiones de género. Los datos más generales del fenómeno, que datan de 2016, cuando fue aplicada la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, refieren que un 26.7 por ciento de las mujeres había sido víctima de algún tipo de violencia de mano de su pareja actual o anterior durante los 12 meses previos a la investigación.

Con el confinamiento derivado de la pandemia de la covid-19 y el agravamiento de los parámetros económico-sociales, como indican algunas investigaciones y expertos, es probable que la cifra de mujeres violentadas pudiera ser mayor.

Dentro de estos delitos está el femicidio (asesinato por motivos de género), uno de los más seguidos por su trascendencia. El observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género informó que en el 2022 hubo 18 mujeres asesinadas por esta causa, en tanto los expertos aclaran que este año la cifra ha aumentado.

Mas, este tipo de fenómeno, de los que antiguamente se tenía una baja percepción, siempre genera en los investigadores el sinsabor de no poder determinar si es que existe tal aumento o si en realidad siempre existió un número similar de casos que no era tipificado como tal.

El análisis de los Anuarios Estadísticos de Salud entre 2011 y 2022, en el apartado de muerte por agresiones, muestra cifras bastante constantes (unos 500 fallecimientos por esta causa), máxime en el último lustro. No obstante, los decesos por eventos de intención no determinada, que pudieran incluir algunos asesinatos sin esclarecer, sí han sufrido un aumento significativo (de 185 defunciones en 2011 a 544 en 2021 y 495 en 2022).

Desde el punto de vista de las víctimas, principalmente, las de violencia de género, suelen manifestarse insatisfacciones respecto al debido proceso, la insensibilidad de funcionarios y la revictimización.

Cuestionamientos a los damnificados a la hora de hacer la denuncia, desestimación de peligro o la gravedad que implica la situación, demoras en la toma de declaraciones en las Unidades de la PNR o en el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos, exposición de las víctimas a la reconstrucción del relato demasiadas veces…, todo lo cual pudiera estar influyendo en la pérdida de la confianza a la hora de establecer la acusación.

El investigador Pablo Rodríguez Ruiz comenta que, como detalle de esta crisis, se puede apreciar que las fuerzas del orden también se ven afectadas por el panorama socioeconómico imperante, lo que provoca una disminución del personal policial encargado de atender, procesar y resolver los delitos.

Al final, ni víctimas ni victimarios ni ejecutantes escapan de su contexto.

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De causas y consecuencias

“La violencia criminal es aquella que quebranta normas legales e incluye los delitos que se tipifican en el Código Penal como homicidios, asesinatos, lesiones, violaciones y robo con violencia e intimidación en las personas”. Así definía el fenómeno, en 2002, un estudio presentado de manera conjunta entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y el Ministerio del Interior.

El máster en Antropología Sociocultural Pablo Rodríguez Ruiz, quien entonces dirigió aquel equipo investigativo, explica que el tema fue solicitado por la máxima dirección del país para analizar el aumento de la criminalidad en el contexto del llamado período especial.

Hoy, cuando conversamos con Pablo, coincidimos en que la definición bien podría incluir otras perpetraciones, como amenazas, riñas y altercados, acoso…

Una actualización del texto publicado en 2002, que elabora actualmente Pablo, valida que sobre la violencia criminal actúan la sociedad, el conjunto de sus instituciones y segmentos regionales, el universo de relaciones inmediatas de las personas en la familia, el barrio y, en última instancia, la subjetividad de cada individuo.

Existen factores que inhiben el fenómeno. En el caso cubano “son la inexistencia de redes de crimen organizado, la multiculturalidad, la poca distribución de armas de fuego, los niveles de esclarecimiento de los delitos graves… También subsisten elementos que lo estimulan, los cuales van desde el nivel macro (sistema sociocultural) hasta el individual”, explica.

El estímulo de las crisis económicas a la violencia criminal es una cuestión reconocida por todos los expertos que se han aproximado al tema, afirma el nuevo documento. Y como parte del macrosistema, el contexto económico impregna y condiciona los factores que se producen en los otros niveles.

De este modo, reduce la disponibilidad de recursos de las instituciones encargadas del orden interior y la lucha contra la delincuencia, afecta los niveles de vida de la población, limita el desarrollo social, agudiza la situación de vulnerabilidad de los grupos de riesgo y los de menores recursos, además genera desigualdades con los consiguientes sentimientos de frustración, desaliento e irritación.

Otras investigaciones desarrolladas por diferentes grupos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas en barrios vulnerables (Un estudio sobre familias en situación de vulnerabilidad social en los barrios habaneros El Fanguito, la Güinera, la Corea y el Palenque, y Socialización para una integración social efectiva: la construcción de un camino con adolescentes y jóvenes de Los Sitios) refieren conductas de desintegración social, asociadas básicamente a la violencia. Estas siguen pautas culturales y de mentalidad que se transmiten de padres a hijos (entornos familiares) y entre pares (entornos escolares y comunitarios) y que a veces son normalizadas.

Ante estas realidades, desde la dirección del país se emprendió un programa de transformación de barrios vulnerables. Como parte de las acciones, se han priorizado instituciones y espacios con impacto colectivo (redes hidráulicas, bodegas, calles). Esto, si bien repercute positivamente en las comunidades, también hace que las personas no perciban beneficios a escala individual. Al final, las carencias materiales acumuladas se arreciaron ante la inflación, el impacto de la crisis mundial y las medidas restrictivas del gobierno estadounidense como parte del bloqueo.

Por otra parte, la pérdida de valores y la crisis formativa, la vagancia y la deslegitimación del trabajo como fuente de ingresos, el machismo y la violencia representada en los medios, así como las características y experiencias personales, también configuran el entramado sociocultural que envuelve a la violencia social.

Varios especialistas del campo de la psicología apuntan a una fracturación de los mecanismos de solución de conflictos y manejo de la ira de la población, producto al desgaste continuo y la escasez, lo cual puede encausarse fácilmente de modo violento.

Cambiaron los tiempos

Mi historia fue hace casi cinco años en un P5 –comenta Gabriela Orihuela. Salía de mis prácticas profesionales en Habana Radio. Eran las 5:00 p.m. Vestía un pantalón apretado y un pulóver. Estaba con una amiga y llegó la guagua. Venía medio vacía, así que nos montamos. Ella logró sentarse, yo quedé de pie. Mi móvil estaba dentro del bolsillo de mi pantalón, pero sobresalía. Como un hombre lo miraba demasiado, me corrí un poco porque presentía la escena. Él se paró de su asiento y caminó hacia la puerta. Me sentí más relajada porque pensé que iba a bajarse. Cuando abrió la puerta, se viró y me estrelló contra uno de los tubos. Me sacó el móvil y se mandó a correr. Nadie dijo nada. Mi amiga estaba escuchando música y no vio el momento. Me ayudaron unas personas de la guagua.

Historias como la de Gabriela reflejan que se trata de un fenómeno percibido desde años atrás; sin embargo, también permite analizar cómo ha modificado los comportamientos de la población en los últimos tiempos.

Por ejemplo, hoy casi no se concibe que una persona aborde un ómnibus en La Habana con un celular que sobresalga del bolsillo. La principal consecuencia de estos hechos antisociales es justamente la modificación de la percepción sobre seguridad y los consiguientes cambios en la vida cotidiana, la toma de decisiones y los modos de actuar.

El muestreo aplicado por BOHEMIA refleja que el 83.7 por ciento de los consultados ha modificado su rutina y su comportamiento ante el acrecentamiento de estos hechos.

Frases como “ya no saco más mi celular en la calle” hoy se escuchan a diario, cuando hace unos años muchos no solo se comunicaban, sino que trabajaban y/o estudiaban en espacios públicos con estos equipos tecnológicos expuestos.

“El Parque Central antes estaba repleto de jóvenes en la noche, hoy te lo encuentras vacío. Han asaltado a muchos para robarles motorinas, celulares, joyas o carteras. Por eso preferimos quedarnos en casa”, sentenciaba una joven en Villa Clara.

En sentido general, la ciudadanía ha optado por disminuir las salidas nocturnas –también impactadas por los problemas del transporte y la inflación–, llevar menos dinero en efectivo, no transitar por rutas solitarias, no utilizar joyas, dejar de visitar lugares, parientes y amigos lejos de su lugar de residencia, sostener aferrado contra el pecho bolsos y carteras en el transporte público…

El futuro debe deparar para Cuba una sociedad mejor organizada, donde el empleo formal ocupe el lugar que le corresponde, las calles estén debidamente iluminadas y quizá cuenten con mayor presencia de agentes del orden en sitios vulnerables, en horarios clave, y exista mayor agilidad en la atención a las denuncias ciudadanas.

No es una solución sencilla, porque una vez se resquebraja un modo de vida, y mientras se acrecientan los problemas económicos, ¿qué alternativas quedan que no sean las punitivas para detener el problema?

En el debate entre representaciones y realidades de la violencia, debe primar el enfoque preventivo-educativo comunitario e individual; pero también será necesario lograr de una vez la transformación económico-social que impida ver el delito y específicamente a la violencia como forma de expresión y de satisfacción de las necesidades.