En los últimos días, España ha sido impactada por una huelga de camioneros que comenzó el 14 de marzo y hasta el momento no parece tener definida una fecha de culminación. Los transportistas de mercancías denuncian los altos precios que deben pagar por el combustible y el margen de pérdidas que sufren en su oficio. Las consecuencias de la protesta han sido casi inmediatas: carreteras cortadas, escasez de algunos bienes y dificultad de otras empresas para realizar su negocio.

Hace pocos días, las asociaciones más pequeñas no aceptaron la propuesta de acuerdo que el Gobierno pactó con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, uno de los sindicatos más grandes, pero que solo representa a un 15 por ciento del sector.

El viernes 25 de marzo, luego de reunirse con la ministra de Transporte, los conductores rechazaron un paquete de apoyo de mil millones de euros, dirigido a paliar los estragos causados por el costo del gasoil. También los sindicatos menores, a diferencia de sus compañeros del Comité Nacional, dijeron NO inicialmente a un subsidio estatal de 20 céntimos por cada litro echado en los tanques de sus vehículos. Ante estos resultados, integrantes de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, organización que fue dejada fuera de la mesa de negociaciones y que convocó a la acción, exigieron la renuncia de Raquel Sánchez, cabeza del ministerio.

Algunos Ejecutivos, como el de la Junta de Andalucía, donde los pequeños comercios han sentido con más fuerza la huelga, declararon que para ellos todo esto es insuficiente. La consejera de Fomento e Infraestructuras, Marifrán Carazo, manifestó el pasado martes 29 en la “esencial reactivación” del sector del transporte, a pesar de que las medidas que aplica el Gobierno son “tardías”. Carazo apuntó que la Junta ha estado “muy atenta” y “sigue solicitando la convocatoria de la conferencia sectorial” para hablar de las “medidas del Ministerio”, que “llegan muy tarde” y son “claramente insuficientes”.

Para expresar su descontento ante el ofrecimiento del gabinete que dirigen el PSOE y Unidas Podemos, los choferes adheridos a la plataforma bloquearon el céntrico Paseo de la Castellana de la capital española. “Desafortunadamente continuaremos con la huelga”, dijo Manuel Hernández, líder de la protesta, al ser entrevistado por la prensa.

Para Hernández, la clave reside en que las autoridades competentes apliquen las políticas prometidas de inmediato. “No podemos trabajar porque no podemos cubrir nuestros gastos”, explicó. Una información de Televisión Española señaló que al representante de los camioneros le fue dicho que la ayuda que vendría sería en forma de un proyecto de ley que debería ser aprobado en los próximos meses. Hasta entonces, no se puede asegurar mediante medidas transitorios que lo que ganen los transportistas esté por encima de lo que pierdan.

“Nunca he tenido ningún problema en reunirme con ellos”, comentó Sánchez, “pero lo que tenemos que celebrar aquí es un acuerdo. Y eso es lo que voy a explicarles”. La funcionaria inicialmente había invalidado a los representantes de la plataforma y los había calificado de gente de “extrema derecha”. En la entrevista también contó que “todas las demandas estaban incluidas en el acuerdo, así que no hay motivo para mantener la huelga”.

La delegada gubernamental explicó que el reembolso del precio de la gasolina, un cuarto del cual será pagado por las compañías petroleras, se le aplicará a otro tipo de transportistas. Conductores de autobús, taxi y ambulancias, por ejemplo, recibirán una compensación, aunque más pequeña.

Sin embargo, las entidades convocantes piden una garantía que les asegure que los acuerdos se cumplan. “Nos intentan apagar y hacer invisibles, y el problema no se puede tapar porque no está solucionado. De nada serviría volver ahora, enseguida estaríamos parados de nuevo porque no hay posibilidad de desarrollar la actividad” sin enfrentar pérdidas, comentó Hernández, el portavoz de gran parte de los camioneros. Al respecto, ha matizado que desde la plataforma continuarán con el paro indefinido: “Nosotros seguimos y seguiremos hasta el final, todo lo que sea arrancar sin soluciones es un suicidio económico”.

Aun así, el parón ha ido perdiendo fuerza en los últimos días, con las autoridades locales anunciando una paulatina vuelta a la normalidad. Al respecto de los compañeros suyos que habían abandonado las protestas y aceptado lo que les ofrecía el Gobierno, Hernández dijo que “los que arrancan bajo presiones van a terminar al final solos, arruinados, pero también humillados y sin ningún tipo de dignidad”.

¿Cómo afecta el paro la vida diaria?

La parte más visible de las manifestaciones de los transportistas ha sido la insuficiencia de algunos productos en los supermercados. Los recuerdos de marzo de 2020 y la demanda de papel sanitario han vuelto, pero esta vez, en forma de puntual, falta de productos frescos, como leche, carne o vegetales.

De igual forma, otros aspectos cotidianos están siendo tocados por los últimos acontecimientos. Atascos en el tráfico debido al corte de carreteras y un aumento del costo de la comida en establecimientos gastronómicos como bares y restaurantes son los que más molestia han generado. Pero uno de los que más preocupan  es el riesgo de que algunas comunidades del norte se queden sin agua potable en sus casas. El químico utilizado para hacerla potable no está siendo entregado a las plantas de tratamiento. Si no se llega a una solución pronto, el gerente de Asturquimia, José Luis Caravia, considera que “el suministro de agua del grifo debe ser interrumpido y que se debe publicar una alerta sanitaria”. Al menos para la región de la que es responsable su empresa.

A la espera de lo que pueda suceder, la incertidumbre sigue siendo el sentimiento predominante en muchas personas, tanto familias, como comerciantes o choferes. Lo que ha sucedido en las últimas semanas es expresión de la crisis económica agravada por la pandemia y los conflictos. España está todavía lejos de la normalización del estado de cosas.