El Segundo Período Ordinario de la X Legislatura tuvo un enfoque marcadamente economicista y augura la llegada de un año complejo, con varias transformaciones estructurales y medidas ahorrativas que influirán en la vida de la ciudadanía cubana

Por. / Nailey Vecino, Ricardo R. Gómez Rodríguez y Dariel Pradas
Fotos. / Jorge Luis Sánchez Rivera

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Año duro, palabras duras: “No faltan los que piensan que el fin de año es solo para buenas noticias. Nada nos haría más felices que anunciarles que suben los salarios y tendremos divisas y combustibles suficientes para terminar con el agobio que provocan las carencias. Lamentablemente, todos sabemos que no es posible”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel el pasado 22 de diciembre de 2023, en el discurso de clausura del Segundo Período Ordinario de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Año, palabras y también cifras duras: ya es imposible alcanzar el crecimiento proyectado del tres por ciento del PIB a precios constantes; de hecho, cuando caiga la última hoja del almanaque, es probable que se registre una contracción de entre uno y dos por ciento.

En general, los planes no se cumplieron: volúmenes de exportación deprimidos (9 070 millones de dólares, 770 menos a lo planificado), reducción de los valores del níquel y el azúcar en el mercado internacional, producciones afectadas por la falta de insumos y combustibles, inflación acumulada de un 30 por ciento, un despunte del déficit fiscal y, como consecuencia, un aumento de la deuda pública, que asciende en 2023 a más de 151 000 millones de pesos.

Existen tres tipos de problemas que afectan la actual situación del país –explicó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el contexto de la Comisión de Asuntos Económicos de la ANPP: el primero y principal, el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba; el segundo, la coincidente crisis económica internacional, que alza los precios de bienes vitales en el mercado global; y tercero, los propios errores cometidos por el gobierno.

“Que han provocado un grupo de distorsiones”, afirmó el mandatario respecto al último motivo. “Pero vienen porque se deben tomar decisiones en situaciones muy adversas”.

Y en la última jornada de la reunión asamblearia, reiteró:

“Durante estos días hemos hablado de esfuerzos que todavía no se traducen en soluciones, de medidas que no fructificaron, de pronósticos que no se cumplieron. Así como reconocemos errores en el diseño de la Tarea Ordenamiento y su inadecuada implementación, hemos cuestionado también la aprobación de nuevos actores económicos sin la adecuada precisión de las reglas de actuación que podían haber evitado numerosas desviaciones.

“Es importante señalar también que la falta de control y defensa de las normas que se aprueban y el inadecuado funcionamiento de entidades estatales responsables de ejecutarlas, han afianzado los errores. Corresponde ahora avanzar en la rectificación paulatina… Otra vez es tiempo de rectificar”.

Cómo rectificar

Con el recuerdo de la covid-19 cada vez más distante, y sin grandes eventos meteorológicos destructivos a lo largo de 2023, se puede reflexionar más fríamente sobre el estancamiento financiero del país y las causas que derivan del funcionamiento de la estructura interna. No hay otra opción: se necesitan nuevas estrategias que reorganicen y dinamicen la economía cubana.

Una de las líneas de acción fundamentales para 2024 es avanzar en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica, el cual busca garantizar un entorno favorable que propicie el desarrollo del país.

Para ello, argumentó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante su intervención en la ANPP, se vuelve indispensable fortalecer la disciplina fiscal financiera y la transformación productiva. Entre los objetivos está recuperar un turismo que irradie su recuperación a otros sectores y contribuya a elevar los ingresos en divisas, e incrementar las exportaciones de bienes y servicios. A su vez, se buscarán métodos que incentiven la captación y recuperación de los flujos de remesas, redimensionen el mercado cambiario e intervengan en las tasas especulativas del informal.

El plan busca flexibilizar los vínculos entre todos los actores de la economía, pero sin que las empresas estatales adopten soluciones fáciles para obtener utilidades, en detrimento del potencial de sus medios de producción. De hecho, se aprobará una norma jurídica que establezca esas relaciones mercantiles: “La mayoría de las distorsiones parten de la debilidad de funcionarios que no defienden la empresa estatal. Esta norma no es para prohibir, es para regular a la empresa estatal las condiciones del juego y que no se pongan en riesgo sus intereses”, precisó el primer ministro.

Otras medidas potenciarán el comercio electrónico con pagos desde el exterior, de forma que los productores puedan acceder a divisas para reaprovisionarse y completar sus ciclos productivos. Una carencia que ha afectado en los últimos años tanto a las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como a determinadas entidades de propiedad estatal.

La venidera hoja de ruta pretende garantizar el uso racional de la tierra para incrementar la producción nacional de alimentos y fórmulas para explotar las capacidades ociosas de la industria, a través de contratos de producción cooperada que involucren, como financistas o proveedores de materias primas, a inversionistas extranjeros, mipymes y otros actores económicos.

A su vez, se prevé reducir en un 50 por ciento el pago de aranceles por las importaciones de materias primas y bienes intermedios, mientras se desestimula la importación de productos terminados mediante subidas en las tarifas arancelarias de bienes que ya se fabrican en el país, como tabacos, cigarros, rones, cervezas y otros.

Uno de los principales retos es retener el éxodo de los recursos humanos de las empresas: se flexibilizará, entre otras soluciones, la organización salarial de esas entidades sin tener que ceñirse a la escala salarial única. Y en el sector presupuestado se planifican incentivos para los trabajadores de la salud (pago de guardias nocturnas, por exposición y complejidad, años de servicio y el “máximo esfuerzo”) y la educación (pago por antigüedad, sobrecarga docente y otros adicionales).

En aras de reforzar la autonomía empresarial, se encuentra en discusión la Ley de Empresa, según Marrero, “un proceso profundo y necesario” que será vital para el redimensionamiento de la economía nacional.

Además, en pos de solventar los propios gastos públicos que conllevan las políticas sociales –y esta será una estrategia medular en 2024–, se perfeccionarán los sistemas de tributación, que irán complementados con el nuevo proceso de bancarización (para los primeros meses del próximo año, el gobierno espera resolver los problemas relacionados con los mecanismos de pago electrónico).

Lo recién mencionado tendrá una atención más dirigida a los actores no estatales que, de acuerdo a lo discutido en la ANPP, incurren bastante en declaraciones de ingresos con valores inferiores a los números reales. Y como ya existen actualmente casi 10 000 mipymes privadas (para 2024 se estiman 4 000 nuevas), unas 500 cooperativas no agropecuarias (CNA) y más de 596 000 trabajadores por cuenta propia (TCP), se creará un Instituto para la atención de todos estos.

Por otra parte, con el propósito de disminuir la carga del Estado, se eliminarán ciertos subsidios a determinados servicios y productos: se actualizará el costo de la canasta familiar normada; se incrementarán precios minoristas y mayoristas de los combustibles, que incluirá la instauración de una red de servicentros para turistas con pago en divisas; se aumentará en un 25 por ciento la tarifa eléctrica del sector residencial a partir de un consumo de 500kWh. También crecerá el costo del agua, del gas licuado, de los servicios de transportación de pasajeros…

De acuerdo a la política de subsidiar personas y no productos, dijo Marrero que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social adecuará el procedimiento empleado en la identificación de familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Leyes aprobadas

En la recta final de la cita asamblearia, tres nuevas leyes fueron aprobadas por los diputados: las de Salud Pública, de Fiscalía Militar y de Atención a Quejas y Peticiones.

De ellas, la primera atempera el funcionamiento del sistema de salud cubano –sustituye la Ley 41 de 1983– sobre la base de la ciencia y la innovación:

“(El proyecto de ley) es actualizado, integral, protector, construido en colectivo, innovador y ético, comprometido con principios tan medulares como la dignidad humana, coherente, en armonía con el ordenamiento jurídico de la sociedad cubana, necesario y pertinente, respetuoso, inclusivo, visionario, enfocado en los derechos humanos más sagrados: la salud y la vida de las personas”, dijo José Ángel Portal, ministro de Salud Pública, quien aclaró que esa ley no solucionará la escasez de recursos médicos.

Además, “establece los derechos de las personas usuarias de los servicios y enarbola principios como la autonomía progresiva, interés superior de niñas, niños y adolescentes; el respeto a las voluntades, deseos y preferencias de las personas adultas mayores o en situación de discapacidad”.

Y contiene “normas dedicadas al consentimiento informado, la dación y trasplantes de órganos, tejidos y células en donantes vivos, y el derecho a la muerte digna mediante la implementación de las determinaciones para el final de la vida”, dijo Portal, y explicó que otra norma jurídica de mayor rango desarrollará los protocolos para la aprobación de “las técnicas que ponen fin a la vida”.

Una vez se apruebe dicho procedimiento y entre en vigor la ley, Cuba ingresará a la reducida lista de países que aceptan la eutanasia o suicidio asistido en pacientes que se hallan en una fase complicada de salud. En América Latina, ya Colombia permite esta práctica medicinal y, a escala global, lo hacen Suiza, Países Bajos, Canadá, España, Portugal, Alemania, Nueva Zelanda y otras pocas naciones o regiones específicas.

Cifras para un 2024

“Las proyecciones para el año 2024 confirman que la contención y reducción del déficit fiscal son los desafíos inmediatos del desempeño del presupuesto estatal”, advirtió Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, y destacó que el presupuesto del Estado en 2024, incluso en las complejas condiciones del desarrollo de la economía cubana y el discreto crecimiento proyectado (dos por ciento del PIB), asegura la continuidad y desarrollo de políticas y programas económicos y sociales, además de abarcar gastos financieros asociados a la deuda pública, que en años anteriores no fue atendida.

En total, son 480 707 millones de pesos lo planificado para los gastos totales máximos (un 37 por ciento superior a la cifra de 2023). El 67 por ciento se destina a la salud pública (esta posee un 26 por ciento por sí sola), la educación, la cultura, el deporte, la asistencia y la seguridad social, y otros sectores y programas sociales.

En cambio, los ingresos netos estimados, que cubren apenas el 69 por ciento de esos gastos totales (333 316 millones de pesos), proceden, en un 64 por ciento, de la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones, y en un 22, de los aportes por la utilidad empresarial y un 12 por ciento de aporte de las formas de gestión no estatal.

Por supuesto, ninguna de esas entradas de dinero bastará para alcanzar un balance positivo en 2024. De hecho, el déficit fiscal caerá aún más profundo, en unos 147 000 millones de pesos, mientras que el endeudamiento proyectado es de 201 760 millones.

Al menos en números, no parece que en 2024 ocurra algún tipo de despertar notorio en la economía cubana, sino más bien será un año cargado de medidas ahorrativas y reestructuraciones empresariales, cuya efectividad solo podrá medirse tras su ejecución. Por su parte, las inversiones extranjeras, que podrían tener la fuerza de cambiar el panorama, no dejaran huella de inmediato.

“Esta última sesión de la Asamblea de 2023 puede marcar el inicio de una nueva tendencia en el comportamiento de la economía cubana”, aseguró Díaz-Canel en su discurso de clausura. “Una vez más, todo dependerá de la capacidad que tengamos de ejecutar e implementar adecuadamente las medidas aprobadas aquí”.