Parte II >

Los tiempos cambian. Durante la Colonia, digamos, se ajustaban los relojes con el cañonazo de las nueve. En la República neocolonial se fijaba hasta el minuto gracias a Radio Reloj. Pero hoy la hora exacta la dicta, hasta el segundo, el celular, según el Meridiano de Cubacel.

Precisamente, los tiempos tienen nuevas exigencias y, a nivel de sociedad, hasta los ritmos circadianos cambian. Por tal razón, a trancos se pone a tono el país y, por ende, el Poder Popular, que en su VIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional se imantó con los imperativos de las premuras y modernidades.

Las urgencias, se saben: luego de un reordenamiento financiero, monetario y salarial –y en consecuencia, de prácticamente toda la vida económica del país– los diputados no pudieron eludir el análisis de las torceduras que el nuevo sistema propició debido a malas interpretaciones y ejecuciones de lo previsto, a un poco de pillería de algunos “vivos” y a la vuelta del torniquete que significaron las más de 240 sanciones restrictivas impuestas por la Casa Blanca para arreciar el estrangulamiento de la nación. Sin producción, sin divisas frescas ni mercado internacional, no fueron pocas las agonías sufridas, en particular una inflación que hizo que los precios se dispararan desde la cintura, como en el salvaje oeste.

Todo lo anterior –los traumas de la transformación y el bloqueo exterior (aun cuando el primer ministro Manuel Marrero Cruz advirtió que este no puede seguir siendo excusa para no lograr los niveles productivos planeados)– podría resultar un folclorismo, o más de lo mismo, si no se hubiera agravado en el contexto de la pandemia excitada por la covid-19, que obligó a destinar cientos de millones de pesos no solo para tratamientos médicos, sino para subsidiar a los trabajadores en ociosa cuarentena forzada.

También se vio casi paralizada la actividad parlamentaria de esta, su novena legislatura, y hasta algunos diputados fallecieron a causa de la enfermedad. En los dos últimos años, la Asamblea tuvo que conformarse con reuniones virtuales. Si bien la solución tecnológica de la videoconferencia fue aplaudida, constataron que no eran igual de ricos los debates, a tenor con la espontaneidad de un argumento, el lenguaje corporal, el pase de un papelito o la calidez de una expresión, que a veces en pantalla fluía electrónica.

De manera que la reunión de diciembre, después de largo tiempo, volvió a ser presencial, analógica, táctil, con chácharas en pasillos y cafés. Esta fue la primera alegría de los asistentes. Deambular, entonces, permitió exhibir sobrias guayaberas a la moda, elegantes vestidos y, mire usted, diversos modelos y colores de nasobucos, suerte de pasarela poscovid en un remozado y desempercudido Palacio de Convenciones que era, y a la vez no, el mismo.

Tampoco fueron sus debates como los de antaño. Quien habitualmente sigue la pista de estos, ha visto que cualitativamente es superior en cada cita. Y en esta más, sobre todo porque esta diputación carga con el apuro de calzar los 100 pies de legalidad que requiere la nueva Constitución para caminar sin trabas, y justo cuando fue el año en que más amenazas recibió de ser desarticulada como fuente de derecho socialista.

Si algo decisivo ocurrió durante esta cita fue que la mayor justicia plena posible, la que busca la Carta Magna, se discutiera a niveles quisquillosos para que esta sinfónicamente contara con diversas partituras, reflejos de su espíritu en un puñado de leyes.

Radiografías de las autonomías

Algunos proyectos de legislaciones suelen llegar casi “redondos” a su discusión en plenaria, gracias a largos análisis previos en comisiones, encuentros interinstitucionales e, incluso, con peritos y ciudadanos conocedores de los temas que abordan los articulados. En esos casos, los parlamentarios apenas tienen que darles pulimento, o reclamar precisiones por tecnicismos o procedimientos enfrentados ante los ojos de los más versados.

Es el caso de las leyes del Proceso Penal Militar y de los Tribunales Militares, discutidas en las sesiones, que procuran una mayor justicia dentro del ámbito de las instituciones armadas sin solapar lo dispuesto para el resto de la sociedad en las leyes civiles equivalentes.

Es decir, la autonomía de esas legislaciones no privilegia ni menoscaba el ejercicio de la justicia que ampara con celo la Constitución para todos los ciudadanos de la República.

Otras, vale apuntar, arrastran en sus análisis las propias contradicciones que sufre buena parte de las instituciones y la población. Esto se pudo constatar al ser ventilado el proyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano, una legislación sin precedentes. Tales asuntos, hasta hoy, eran regulados por obsoletos decretos.

Un particular análisis brotó cuando para algunos no quedaba claro, en esa ley, el respeto a la descentralización de las atribuciones en el país y del estipulado empoderamiento de los municipios.

¿Quién para construir, por ejemplo, tendría la facultad de entregar terrenos en un territorio a gente de otro que no cuenta con espacio para hacerlo? ¿Otorgaría el Consejo de la Administración Municipal o el Consejo Provincial?

El dilema quedó salomónicamente zanjado: el gobernador de la provincia estará encargado de coordinar con los intendentes: el que pide suelo y el que lo concede. Esto, en conformidad con el abecé de la autonomía, que debe regirse por los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con otros territorios y sin detrimento de los intereses superiores de la nación.

“Todo el mundo lo que quiere es que la ley garantice que, según vayamos aprendiendo a tener autonomía, no haya trabas; ahora hay muchas limitantes psicológicas”, ajustó ópticamente el argumento la diputada Lourdes Caballero para BOHEMIA. “Hoy no estamos acostumbrados. Es como la primera vez que te dejan salir a la calle: tú estás libre para ir, pero no cruzas a la otra acera”.

La Constitución en la casa

Discursos solemnes en plenaria, pragmáticos o poéticos; concilios entre disímiles representaciones sociales; cotilleos ante los dispensadores de jabón líquido en los baños… ningún proyecto legislativo acaparó tanta atención como el futuro Código de las Familias. Sencillamente, atañe al total de ciudadanas y ciudadanos, consanguíneos o no, e incluye el abanico de diversidad sexual, parentesco y, sobre todo, responsabilidad familiar en cualquier jerarquía.

Se trata, ni más ni menos, de la futura “Constitución” para las pequeñas repúblicas hogareñas. Aunque las encuestas crecientemente reflejan que sería aceptada en un ejercicio de referéndum por la mayoría de las personas, el perfeccionamiento de su letra ha sido incesante y ha tenido por brújula el mayor grado de inclusividad y de respeto a los acuerdos internacionales suscritos.

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La justicia plena, a plenaria (II): Código de los afectos  

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El presente código, así es de ambicioso, pretende dejar puertas abiertas a los afectos mutuos, reales. De ahí que la resolución de conflictos sea también abierta y adaptable al tipo de unión.

En consonancia con la Ley de Bienestar Animal, el nuevo Código –a solicitud de la estudiante de Derecho, Karla Santana Rodríguez, diputada por La Habana Vieja– podría incorporar la protección de las mascotas ante los procesos de divorcio o separación.

Más allá de “dividir la jicotea a la mitad”, como bromeara el diputado, caricaturista y héroe Gerardo Hernández Nordelo, la ley podrá proponer custodia y cuidados compartidos, régimen de visitas, similar a lo que sucede hoy en España, Reino Unido y algunas regiones de Estados Unidos, lo que demostraría que en Cuba se hace ley mirando al futuro.

Los 118 metros cuadrados de la sala 6 del Palacio de Convenciones acogieron los análisis sobre el Programa de Adelanto de la Mujer, y la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Intrafamiliar. Estos no solo engranan sus muescas con el Código, sino buscan solucionar algunos vacíos legales para el amparo a las víctimas del fenómeno, con carácter vinculante y de responsabilidad para todos los organismos.

Si bien ambos instrumentos son sumamente pertinentes, nada resuelven de no impactar y transformar otras normativas como los códigos de Trabajo, de Procesos y Penal, el Decreto Ley de Contravenciones y la Ley de Salud.

Sin embargo, a Teresa Amarelle Boué, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), le choca no encontrar en estas normas mención alguna a los refugios para mujeres, un antiguo reclamo de activistas contra la violencia con el fin de garantizar la seguridad de ellas mientras los agresores son puestos en custodia.

Amarelle, ante una interrogante de BOHEMIA, aclaró que en el país se buscan soluciones que perduren en el tiempo. Según su experiencia, aprehendida en otros lugares del mundo, “en muchas ocasiones, transcurrido el tiempo de estancia en el refugio, las mujeres regresan al ciclo de violencia. De ahí que nuestra apuesta sea por asignación de subsidios y por establecer como prioridad en la entrega de casas a las víctimas de violencia”.

Desafíos

A 45 años de instaurados los órganos del Poder Popular en el país, siguen siendo asignaturas pendientes el correcto funcionamiento de los gobiernos locales y el proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores. Son precisamente estos los pilares de la democracia que ha elegido edificar la nación cubana.

Al respecto, Yumil Rodríguez, vicejefe de la secretaría del legislativo, detalló errores de conceptos que se practican en la actualidad en muchas asambleas municipales y que atentan contra el real ejercicio de poder popular.

El diputado señaló que se realizan procesos de forma empírica y no sobre la base de conocimientos jurídicos, y ondeó la necesidad de una capacitación efectiva a los delegados. Mencionó que a veces se llevan temas a esa instancia que no son de interés de la población, con lo que concordó Miriam Brito, presidenta de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, quien además pidió a los presentes, ante sus intervenciones triunfalistas, que ilustraran qué iban a hacer para realmente efectuar ese poder.

Entre otros aspectos, Brito destacó la mala praxis de no contar con los ciudadanos para planificar las sesiones ordinarias de las asambleas municipales, así como no hacerlas públicas. Igualmente, apuntó que estas deben hacerse sentir siempre y no solo cuando se reúnen, además de enfatizar que deben ejercer control real sobre la administración municipal.

Rodríguez, por su parte, habló de la necesidad de un cambio en la atención y control de los planteamientos de la población. Las estadísticas que usó a modo de ejemplo delatan lo que valoró como “un mal trabajo” en los gobiernos locales, con 10 000 planteamientos de la población pendientes; cuando se evaluó su pertinencia, solo quedaron menos de 500 por resolver.

Ser sistemáticos con las buenas praxis, así como evitar que las rendiciones de cuenta sean un proceso mecánico, fue el camino recomendado por el diputado a los órganos locales.

Aun así, la democracia participativa, comparadamente, gana mayores grados y será su sólido avance el más preciso reloj de los tiempos que corren. De hecho, nuevas experiencias parecen haber llegado a la Asamblea Nacional para consolidar el republicanismo socialista y se ejemplifica con, por primera vez, las rendiciones ante los diputados del primer ministro; y de la gobernadora de Sancti Spíritus, para retomar una práctica inactiva.

Hasta la comunicación social, modernizada, marcó diferencias con el pasado, al aumentar el órgano legislativo su transparencia en los medios y mediante una aplicación para teléfonos y nueva página web, estrenadas en plenaria. Mitad en broma y mitad en serio, un colega hasta sugirió programar un videojuego que lúdicamente permitiera elevar la cultura jurídica y democrática en la ciudadanía.

El VIII Período Ordinario de Sesiones se apuntó, entre sus méritos, clasificar como uno de los más seguidos por la población en los últimos años. Quizás porque aconteció en un momento de importantes transformaciones estructurales en el país y en medio de grandes desafíos económicos, políticos, culturales y hasta existenciales.

Una rara leyenda urbana, que se cuchichea en las oficinas, conjetura que si el almanaque trae muchos feriados que caen en fechas no laborables, ese año será malo. El maleficio se cumplió en 2021. Pero en 2022 habrá menos coincidencias de este tipo y, por tanto, puede resultar mejor… a menos que no se trabaje para ello.

En cualquier caso, debe ser un período de auge, con mejor visión de las prioridades y organización, y en gran medida, debido a las discusiones de la Asamblea, portadoras de mayor justicia social.

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Por primera vez

La imagen de una madre con su bebé en brazos, lágrimas en los ojos, y agradeciendo tener al fin una vivienda digna, conmovió al plenario. Así, con un emotivo audiovisual, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, comenzó la rendición de cuenta de sus funciones, suceso inédito en el Parlamento cubano. Segundos después, con frente sudorosa, daba a conocer que el plan de la vivienda quedó muy por debajo de lo planificado.

La causa parecía estar en el déficit de recursos. Pero las carencias no pudieron justificar por qué hubo menos casas entregadas que materiales para construirlas. Evidentemente esos materiales extraviaron su rumbo.

Para garantizar el techo a miles de familias necesitadas, Marrero Cruz instó a elevar la producción local de materiales, responsabilidad que recae en los gobiernos territoriales. El déficit habitacional en Cuba supera el millón de moradas. Con estos truenos no hay tiempo que perder.

Habló de otros temas igualmente perentorios para el país: el plato medio vacío en la mesa, el ómnibus para ir y venir del trabajo, los servicios básicos… y una larga lista de trámites burocráticos a la carta. Estos últimos denotan “falta de sensibilidad, malas prácticas, y peloteos que se mantiene”, dijo el primer ministro.

Sancti Spíritus: cuentas claras

Hacía más de 20 años que no se realizaba la práctica de fiscalizar las actividades gubernamentales en un territorio. El debate sobre la marcha de la provincia en función del desarrollo, aportó más de una idea para mejorar el quehacer de las autoridades en su ejercicio de administración pensando en el pueblo al que se deben.

En su rendición de cuenta, la gobernadora Teresita Romero Rodríguez destacó avances, deficiencias y retos en las inversiones, el programa alimentario, los servicios a la población y el uso eficiente del presupuesto, entre otros asuntos. Valoró las principales quejas e insatisfacciones en relación con el abasto de agua, la reparación de viviendas y de vías urbanas y rurales, que marcan las prioridades a futuro del quehacer gubernamental.

Punto neurálgico de su intervención ante el plenario fue la atención a los planteamientos, quejas y peticiones de la población, ejercicio que requiere de mayor sensibilidad, no solo al atender a las personas, sino para lograr calidad en las respuestas. Tras las visitas a la provincia y el intercambio con trabajadores, campesinos, estudiantes y población, se palpó que hay un sistema de trabajo para la atención a las políticas aprobadas, y según valoraciones del dictamen de la Comisión de Órganos Locales del Poder Popular.

Esta práctica de rendir cuenta no debería desestimarse, por su repercusión social y ser claro ejemplo de lo que puede lograrse con la participación popular, el uso racional de los recursos, la transparencia y sensibilidad de los funcionarios.

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Este texto es el primero de la serie «La justicia plena, a plenaria», realizado por el equipo de información nacional de la Revista Bohemia.

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