Durante las jornadas de sesiones de las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional de Poder Popular se analizó, entre otros temas, el impacto de los nuevos actores económicos en el desarrollo del país y las medidas de control que se ejercen sobre su funcionamiento, así como la incidencia del consumo de drogas y la estrategia para su prevención

Por. / Nailey Vecino, Dariel Pradas, Ricardo Gómez
Fotos. / Jorge Luis Sánchez Rivera

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Casi mil actores económicos se han aprobado en Cuba hasta la fecha. De ellos 9 747 representan mipymes privadas, 171 son mipymes estatales y otros 70 constituyen cooperativas no agropecuarias, en tanto unos 183 forman parte de proyectos de desarrollo local y otros 21 han sido incubados en los Parques Científicos Tecnológicos de La Habana y Matanzas.

Así lo informó la viceministra de Economía y Planificación Yohana Odriozola, al presentar ante los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional, el informe sobre el impacto de los nuevos actores económicos existentes en el país y el control que se ejerce sobre su funcionamiento

La organización del trabajo, la posibilidad de habilitar nuevos puestos laborales, además de la contribución al incremento de ofertas de bienes y servicios y la reactivación de producciones nacionales, entre otros aspectos, figuran entre los elementos positivos señalados por la directiva en relación a los nuevos actores.

No obstante, una vez más el tema de las debilidades en el sistema de control, la inexistencia de un sistema de atención integral a esos actores por las organizaciones políticas y de masas, las distorsiones en los encadenamientos con empresas estatales, la no inserción efectiva en estrategias de desarrollo territoriales, o la evasión de impuestos y los precios abusivos que se aprovechan del déficit de ofertas y la inexistencia de un mercado estable y legal de divisas, salen a relucir en el debate como debilidades que continúan pendientes de una solución efectiva.

De acuerdo con Odriozola en base a estas problemáticas se han realizado transformaciones en normas jurídicas que proponen una nueva institucionalidad para la atención de los nuevos actores económicos, además de la descentralización en los municipios de los procesos de aprobación, la ampliación de los términos que definen sus actividades y el seguimiento al control y regulación de los precios.

En este sentido se han realizado unas 7 440 inspecciones en lo que va de año. La propia Oficina de Inspección del Trabajo examinó 481 mipymes en términos de temas tributarios para evaluar la existencia o no de subdeclaraciones o evasión de impuestos, mientras que en otras 189 mipymes se evaluó el cumplimiento de los derechos laborales, la contratación y otros temas de seguridad y salud del trabajo. Los resultados, si bien no fueron representados en cifras, demuestran que aún queda mucho por hacer en materia de control.

“Ha de trabajarse en el seguimiento y la inspección, al igual que en el tema de los encadenamientos, la proactividad desde el sistema empresarial estatal, el aprovechamiento de capacidades ociosas, el aumento de la oferta, concertar precios e identificar nuevas oportunidades de negocios”, aseguró la viceministra.

Como novedad señaló la disposición de crear un instituto de atención a estos actores, que deberá conducir su organización y control, y que deberá acompañar a los organismos y órganos locales ya existentes para impulsar su propio funcionamiento.

La diputada por el municipio santiaguero de Songo La Maya, Sucel Alba Quintana, expuso la necesidad de flexibilizar aspectos relacionados con la contratación y de igualar las posibilidades de importar materias primeras tanto para la empresa estatal socialista como para las mipymes.

“Debemos potenciar cada vez más que los nuevos actores participen en el desarrollo de los territorios, que intervengan de una manera organizada y planificada, y que aporten a la contribución social y a los proyectos de recreación sana. Además, debemos ver los encadenamientos entre el sector estatal y no estatal como una posibilidad para aprovechar capacidades ociosas de la industria, incorporar objetivos sociales, impulsar las producciones nacionales e identificar nuevas oportunidades de negocios”, manifestó.

Por su parte Raidel Montesinos, diputado por el municipio habanero de Playa, alertó sobre la fluctuación de la fuerza laboral calificada existente en el país y se refirió a las experiencias positivas con el Parque Científico Tecnológico de La Habana, capaz de conectar el sector académico a la sociedad y la economía, con más de 50 proyectos incubados en los que participan profesores, estudiantes universitarios y también mipymes del sector no estatal.

Inés Vega, titular de Producciones MUHIA, mediana empresa habanera dedicada a la fabricación de productos de aseo y limpieza, enfocó su intervención hacia la necesidad de crear procedimientos para que las mipymes y sus líneas estratégicas de desarrollo estén estrechamente vinculadas a los municipios.

“La responsabilidad social de una empresa privada va desde el salario de los trabajadores, hasta los precios de sus productos, el aporte que hace a la comunidad y hasta el impacto que tiene sobre el Medio Ambiente. Esa responsabilidad social debe partir de la espontaneidad, y muchos la asumen, pero tampoco existe un estímulo para quien sí es responsable socialmente”, acotó.

En respuesta el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz aseveró que el municipio es quien se encuentra en mejores condiciones para tomar decisiones a tono con la estrategia de desarrollo económico y social. “Se aspira a que los gobiernos inviten en el futuro a crear mipymes vinculadas a actividades necesarias para el territorio, utilizando las potencialidades endógenas en esas formas de gestión”, puntualizó.

Algunas de las transformaciones propuestas se llevarán a cabo, como ya se ha dicho en otras ocasiones, de manera gradual. De cualquier modo, los gobiernos locales están en posición óptima para tomar decisiones acordes con la estrategia de desarrollo económico y social.

Tolerancia cero a las drogas

El enfrentamiento al delito, las ilegalidades y el consumo de drogas es otro de los temas a los que se ha prestado especial atención, sobre todo en un contexto en el que las manifestaciones de drogas en América Latina y el Caribe muestran un aumento sostenido de la producción de cocaína, sobre todo desde Colombia, Perú y Bolivia.

Según informó el coronel Juan Carlos Poy Guerra, jefe de la Dirección Nacional Antidrogas del Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, el fenómeno se ha caracterizado además por el diseño, diversificación y expansión de nuevas sustancias sintéticas, mayores niveles de consumo de marihuana y disminución de la percepción sobre la magnitud de este flagelo.

Poy Guerra precisó que en Cuba el impacto de este comportamiento se refleja en la persistencia de la delincuencia cubana radicada en el exterior, quien fomenta un mercado interno con la introducción de sustancias por disimiles vías.

Advirtió que nos encontramos ante un escenario más adverso que en etapas anteriores y en un escenario socioeconómico y migratorio complejo.

Entre los rasgos más comunes señaló la sostenibilidad de los hechos de recalo como resultado del empleo de las rutas marítimas de tráfico cercanas a nuestro territorio; el empleo de lanchas rápidas en doble operaciones de tráfico de personas y drogas y el uso de la vía aérea para introducirlas a través de pasajeros, cargas o envíos postales.

En la lista de principales emisores figuran Surinam, Estados Unidos y Colombia a la cabeza, seguidos de Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Rusia y Chile, además de Perú y Guyana. Y pese a la permanente prevención por parte de las autoridades, todos los escenarios y territorios del país han tenido afectaciones, con mayor complejidad en la capital.

La Aduana General de la República (AGR), de conjunto con las fuerzas del Ministerio del Interior, han activado el Plan Operación Frontera Segura y el Plan Barrera, con el cual se han identificado en el último año 247 hechos de recalo.

En estas operaciones fueron obstaculizadas tres operaciones de narcotráfico por Pinar del Río y Artemisa con origen en México, asegurando 37 mil 499 kg de cocaína, el mayor volumen de droga jamás asegurada en Cuba.

La cifra de procesados por tráficos y tenencia de drogas alcanzó la cifra de 1440 personas, de ellas 1424 nacionales y 16 extranjeros.

El ministerio de Educación y Educación Superior, en trabajo conjunto la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, presentaron también sus informes sobre el tema, teniendo en cuenta que se ha detectado también el consumo de estas sustancias.

Ante este escenario, se establecen como prioridades impulsar el desarrollo del Observatorio de Drogas para el análisis, estudio, investigaciones científicas, compilación de datos e intercambio de información sobre el comportamiento del fenómeno; establecer alianzas con centros e instituciones científicas para perfeccionar e incrementar la capacidad de análisis y desarrollar investigaciones que contribuyan a la detección de nuevas sustancias por el Laboratorio Central de Criminalística.

Mantener la labor de los centros de bienestar, consolidar el trabajo de los observatorios sociales y universitarios para el monitoreo y detección temprana de consumidores, y acercar a los estudiantes a talleres como el de promoción de salud y prevención de enfermedades son otras de las fortalezas en las que Cuba ha avanzado y debe mantener.

A ello, sumar convenios entre todos los niveles de enseñanza, en función de intencionar también la recreación sana, extender programas sectoriales y ampliar el alcance de los mensajes y campañas para prevenir el consumo y aumentar la percepción de riesgo en los jóvenes sobre los daños que provoca el consumo de drogas en las personas y su entorno.