El escenario inflacionario en que se desarrolla la economía cubana, si bien no es exclusivo del país, cobra características particulares asociadas a la improductividad y el déficit fiscal

Por. / Nailey Vecino y Lilian Knight

El alza de los precios en el mercado mundial como consecuencia de la crisis económica global derivada de la Covid-19, los efectos negativos, cada vez más intencionados, del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estado Unidos y la falta de ingresos derivados de los sectores productivos han conformado una economía nacional cada vez más dispar.

Es un contexto en el que los trabajadores, sobre todo los del sector estatal (más rígido y lento en cuanto a adaptaciones económicas), ven disminuida la capacidad de compra del salario; un hecho que no solo genera una migración desmedida hacia los sectores no estatales –donde solo están los pequeños y medianos sectores productivos–, sino que también inhibe el principio del trabajo legal como fuente principal de ingresos.

Las consecuencias de esta situación no se hacen esperar: desde la emigración de profesionales, el poco interés en la superación académica hasta los aumentos en los niveles de robo o ciertos indicios de mendicidad, evidencian la necesidad de una transformación económica urgente, que no puede esperar a que factores externos como el bloqueo o el incremento de los precios de los insumos desaparezcan.

La solución debe ser inmediata y gestarse desde casa.

Quizás por ello, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, depositó toda la confianza en el incremento y diversificación de las producciones y ofertas nacionales, como la variable más efectiva para la reducción de los costos de vida.

Dichos incremento y diversificación deben ser proyectados desde la pequeña escala, apoyados en elementos dinamizadores que generen encadenamientos y aprovechamientos de cada recurso de un país pobre, que no se puede dar el lujo de desperdiciar absolutamente nada. Pero también deben ser gestados y estimulados desde arriba con una disminución de las burocracias y trabas procesales.

En el camino, el Estado no debe olvidar su misión social para con sus ciudadanos y trabajadores, de ahí que Regueiro Ale afirmara que “en el contexto actual cobra mayor relevancia la responsabilidad del Estado y del Gobierno en la implementación de medidas de regulación y control de precios, con una proyección integradora para todos los sectores de la economía, estatal y no estatal, soportadas en los análisis de los costos reales, las gastos incurridos y el reconocimiento de márgenes de utilidad razonables, en correspondencia con las características de los bienes y servicios, y la prioridad en la satisfacción de necesidades de la población”.

Para cumplir esta encomienda e impactar en la necesaria transformación económico-social fueron aprobadas ante el Parlamento las Directivas Generales para enfrentar el Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, que incluyen la regulación de precios por los gobiernos locales para una determinada nomenclatura de productos de impacto en la población, la concertación de montos entre acopio y los diferentes actores económicos, la vinculación directa entre las entidades presupuestadas que prestan servicios básicos (salud, educación, deporte y cultura), la aprobación por las autoridades locales de bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios desde los procesos de concertación y el ajuste de los márgenes comerciales a los límites establecidos, todo ello asociado a una constante comunicación e información a la población.

Las medidas adoptadas no son nuevas y continúan siendo insuficientes para lograr un impacto favorable en cuanto a la presencia de productos y disminución de los precios. ¿Por qué?

Algunos diputados atinaron en reconocer que los sistemas de trabajo aplicados en los municipios y provincias no están consolidados ni logran la sistematicidad requerida en su funcionamiento, que las acciones para la concertación de los precios son escazas y no incluyen todos los productos y servicios básicos, sigue existiendo insuficiente contratación de las producciones por parte de acopio, desvinculación entre productores y proveedores, y poco aprovechamiento de las capacidades productivas.

Regueiro agregó durante la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional que en la limitada efectividad de las medidas aplicadas ha incidido igualmente las insuficientes definiciones y regulaciones sobre formación y control de precios por parte del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), que garanticen su adecuada implementación.

La Resolución 148/2023 “Metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas”, norma que entrará en vigor este 21 de julio, viene precisamente a suplir dichos vacíos, a especificar los índices máximos para la formación de precios en la actividad comercial que desarrollan las formas de gestión no estatal con base en la importación, y a intensificar las labores de monitoreo y control.

Las insatisfacciones de la población son muchas, algunas llevadas a salón plenario del Palacio de Convenciones en voz de diputadas y diputados del Parlamento Cubano. Una realidad es palpable y es que el crecimiento sostenido de los precios exige soluciones en el orden productivo, de la generación de mayores capacidades para incrementar las ofertas de bienes y servicios, “a lo que estamos seguros que pueden contribuir estas medidas de regulación y control de precios, sin constituir por sí mismas la solución absoluta al problema”, concluyó el titular del Finanzas y Precios.