Llamado también “de los 100 días”, fue el primer régimen genuinamente revolucionario que llegó al poder durante la neocolonia al promulgar leyes que constituyeron verdaderas transformaciones para la sociedad de su época
Por. / Pedro Antonio Garcia*
Tras la visita de los pentarcas al Palacio Presidencial, al mediodía del 5 de septiembre de 1933, y el abandono de la mansión de Refugio N° 1 por el hasta entonces presidente interino Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, los cinco miembros de la llamada Comisión Ejecutiva se reunieron para determinar las responsabilidades que cada cual debía asumir.
Según dos notas publicadas en la Gaceta Oficial, fechadas el mismo día, el cenáculo se efectuó a la una de la tarde y en él los convocados prestaron juramento de honor “para cumplir y hacer cumplir las leyes y aspiraciones del pueblo de Cuba, consagradas en la revolución triunfante”.
Tras declarar que habían “tomado posesión del Gobierno de la República de Cuba”, acreditaban al periodista Sergio Carbó para ocupar las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones, Guerra y Marina; y al profesor universitario Guillermo Portela, las de Estado y Justicia.
Ramón Grau San Martín, profesor de Fisiología en la Universidad de La Habana, quedó a cargo de las carteras de Sanidad e Instrucción Pública; el abogado José M. Irisarri, las de Obras Públicas, Agricultura y Comercio; y el banquero Porfirio Franca, la de Hacienda. Se ratificaba al sargento Fulgencio Batista como jefe de las Fuerzas Armadas.
La composición de la Pentarquía auguraba futuras contradicciones entre sus integrantes. Grau e Irisarri profesaban ideas cercanas al nacional reformismo, afines con el Directorio Estudiantil Universitario (DEU). Portela y Franca eran sujetos abiertamente de derecha. Carbó era el clásico oportunista: navegaba según soplara el viento.
Oposición a la Pentarquía
El primer opositor a la Pentarquía era el embajador estadounidense Sumner Welles. Como un niño malcriado, no quería “quedarse dado”. Constantemente pedía a su gobierno una intervención militar en Cuba. Roosevelt envió como medida preventiva unos 30 buques de guerra a estacionarse en las aguas internacionales cercanas a las costas de Cuba.
El diplomático yanqui comenzó a conspirar con los militares que se reunían en el Hotel Nacional, liderados por el coronel Manuel Sanguily y su estrecho colaborador Horacio Ferrer, quienes decían controlar la tropa acampada en la Fortaleza de la Cabaña, lista para sublevarse contra la Comisión Ejecutiva.
Ferrer le comunicó al diplomático yanqui que emprenderían el levantamiento si Estados Unidos, al amparo de la Enmienda Platt, desembarcaba tropas en La Habana “para mantener el orden”. Welles informó de ello a sus superiores en Washington, incluso propuso apoyar el proyecto del militar cubano, pero Roosevelt no estaba dispuesto a pagar el costo político de tal empresa que echaba por tierra su estrategia de “Buena Vecindad”. Ya Argentina, Brasil y México habían declarado estar opuesto a una injerencia de esa índole.
La organización ABC, entretanto, fragmentada desde los tiempos de la Mediación de Welles por la escisión de sus filas del amplio sector autodenominado Radical, que se identificaba ideológicamente con el DEU, continuó con su doble cara de enarbolar un programa nacional reformista y tener como guía un proyecto de clara inspiración fascista.
A la vez, acumulaba armas y preparaba a futuros soldados para una sublevación con la que pensaban llegar al poder. Por otro lado, lanzaba campañas contra la Pentarquía a la que consideraba incapaz de obtener el reconocimiento de las naciones extranjeras y la responsabilizaba de haber denigrado internacionalmente la supuesta revolución del 12 de agosto.
El final del gobierno colectivo
La Comisión Ejecutiva pronto demostró ser inoperante. La gota que colmó la copa la derramó Sergio Carbó cuando, sin consultar a los restantes pentarcas, ascendió a Fulgencio Batista a coronel, amén de promover otros sargentos y alistados a categorías superiores. Portela e Irisarri, al conocer el hecho, presentaron su renuncia.
En la noche del 8 de septiembre se convocó a una reunión en el Palacio Presidencial. Se encontraban cuatro de los miembros del Gobierno colectivo, solo faltaba Porfirio Franca, quien ni se dignó a presentar excusas por su inasistencia. También se hallaban militantes del DEU pertenecientes a la directiva de la Junta Revolucionaria de Cuba.
Años después el periodista Enrique de la Osa, con la ayuda de testigos presenciales, reprodujo lo expresado en ese cónclave. Irisarri planteó la renuncia de todos y su sustitución por una Junta de Notables en la que incluía a Carlos Mendieta y Miguel Mariano Gómez. Grau se opuso: “La Revolución se hizo para destruir la política tradicional. Es natural, pues, que los políticos estén todos contra nosotros. Lo extraño sería que nos ayudaran”.
Como se sabía apoyado por el DEU, el profesor de Fisiología prosiguió: “Yo estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades históricas y de cualquier clase que sean”. Las renuncias irrevocables de Portela e Irisarri determinaron la disolución de la Pentarquía. A sus antiguos miembros, según acordaron los presentes, se les encomendó designar al futuro presidente de la nación, pero todavía al amanecer no habían adoptado decisión alguna. Los estudiantes, reunidos en otra oficina de la mansión, escogieron a Grau, propuesto por Eduardo Chibás.
Carlos Prío, quien presidía la Junta Revolucionaria, acompañado de Rubio Padilla y Rubén de León, irrumpieron en el cónclave de los ex miembros del gobierno colectivo. Portela les ordenó que se retiraran, pero Prío le replicó airado que el DEU les revocaba la misión de nombrar al primer magistrado del país: “El Directorio ha elegido presidente al doctor Grau San Martín”. Carbó, fiel a su idiosincrasia, dijo inmediatamente: “Presidente Grau, estoy a sus órdenes para servir a la Revolución”.
El nuevo mandatario se negó a jurar su cargo sobre la Constitución de 1901 que contenía como apéndice la Enmienda Platt. Y lo hizo ante un mar de pueblo reunido ante una terraza del Palacio Presidencial. Dos días después dio a conocer su gabinete ministerial en el cual, aconsejado por Irisarri, incluyó a Antonio Guiteras como secretario de Gobernación.
El Gobierno Grau-Guiteras, llamado también “de los 100 días”, fue el primero genuinamente revolucionario que llegó al poder durante la neocolonia. Promulgó leyes que satisfacían demandas populares, las cuales constituyeron verdaderas transformaciones para la Cuba de entonces.
Entre las medidas adoptadas, muchas de ellas a iniciativa del Secretario de Gobernación, están el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas y la autonomía universitaria, la legalización de la actividad sindical, la instauración de la Secretaría del Trabajo, la creación del sistema de seguros y retiros para los obreros, la formación de los tribunales especiales para juzgar a los machadistas que perpetraron crímenes, la disolución de los partidos políticos que colaboraron con la tiranía, la rebaja de las tarifas eléctricas y de gas, la denuncia del intervencionismo imperialista en foros internacionales y la concesión de 2 000 matrículas gratis.
Lamentablemente en el Gobierno de los 100 días no existió una cohesión ideológica entre su dirigencia. Tres tendencias coexistieron en él, desde un sector radical liderado por Guiteras hasta otro conservador y reaccionario encabezado por Fulgencio Batista. Entre ellos estaba el presidente Grau, quien si bien nunca se negó a rubricar las leyes revolucionarias, fue muy vacilante ante la actividad conspirativa del sargento devenido coronel y, en ocasiones, intercedió por él.
Esta desunión forzará el destino de este Gobierno Provisional Revolucionario como veremos en próximos trabajos.
*Periodista y profesor universitario. Premio Nacional de Periodismo Histórico 2021 por la obra de la vida
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Fuentes consultadas
Los libros La Revolución que no se fue a bolina, de Rolando Rodríguez, y Crónicas de 1933, de Enrique de la Osa. Las compilaciones Documentos para la Historia de Cuba Tomo IV Primera Parte, de Hortensia Pichardo, y Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1933 Vol. 5, Department of State, United State.
