El Parlamento cubano aprobó la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Juventudes
Por. / Nailey Vecino y Lilian Knight
Se ha hecho cada vez más común, para bien, que las leyes y políticas que regirán el desarrollo del país se construyan colectivamente, aunando criterios de especialistas y los sectores que de una manera u otra se beneficiarán de las transformaciones establecidas.
Ese fue el caso de la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Juventudes que reúne, no solo los planteamientos de los diputados de las legislaturas previas, sino también el sentir de alumnos de diferentes etapas y líderes estudiantiles, los cuales propiciaron con sus debates una normativa aterrizada a las necesidades de los educandos.
La política es, ciertamente, ambiciosa, pero fija el rumbo para que el Estado invierta y priorice a una generación que es garantía de un futuro mejor.
La idea es que, como se define en el plan que acompaña la norma, se estructuren de forma flexible acciones con metas a corto y mediano plazos entre las que resaltan la ampliación de las capacidades de círculos infantiles, de transporte estudiantil, de disponibilidad de métodos anticonceptivos; la creación de becas para estudios de posgrado y el aumento de las plazas en las residencias estudiantiles, así como de la calidad de vida en estas.
También se establece el incremento paulatino de la producción de confituras, juguetes, zapatos, mochilas y material escolar; se definen acciones para lograr mayor acceso a viviendas para jóvenes entre 18 y 30 años, y la disminución en los precios de los alquileres mediante el estímulo de exenciones de pago a los arrendadores; además, ofrecer atención diferenciada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad o en escenarios rurales con medidas que incluyen otorgamiento de créditos u otras prestaciones económicas para enfrentar los costos de vida durante el estudio o la compra de dispositivos electrónicos a plazo o mediante préstamos…
Esta norma actualiza las legislaciones previas –un tanto dispersas– relativas a la niñez y la juventud, que tenían más de 40 años y reconoce la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las primeras edades motivada por las desigualdades económicas, la emigración, la pérdida del valor del salario y por ende del interés en el empleo regular, la escasez de vivienda y la poca representatividad de las organizaciones.
Si bien fue abrazada por los parlamentarios, la política generó diversos debates. El primero de ellos se enfocó en la edad límite para los beneficiarios de esta política: unos, como Liliam Mendoza Estrada y Rafael González Muñoz, diputados por los municipios Calimente y Yara, respectivamente, defendieron la idea de extender hasta los 35 años el grupo de incidencia, teniendo en cuenta que somos un país envejecido.
Entretanto el vice primer ministro de la República, Jorge Luis Perdomo Di Lella, encargado de presentar la norma ante el Parlamento, resaltó que para su confección se revisaron referentes regulados de la legislación nacional, así como de 16 países de América Latina y el Caribe. Dicha política –añadió– se adecúa al contexto demográfico y socioeconómico actual y a la necesidad de transformar la legislación vigente en correspondencia con la actual Constitución de la República, “pero no es un esquema cerrado, es de hecho una oportunidad para generar debate de aquí hasta diciembre del próximo año, cuando está previsto por el cronograma legislativo aprobar el Código de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
Otra de las discusiones giró en torno a una mejor atención y definición de los derechos sexuales y reproductivos, lo cual requiere de una actualización del Programa Nacional de Educación Sexual, que transversaliza el objetivo tres de la política, relativo a la atención integral de salud en la niñez y la juventud.
La diputada por el municipio de Plaza de la Revolución, Mariela Castro Espín apuntó sobre esta temática que el Centro de Educación Sexual, organización que dirige, ya reformuló líneas y conceptos de cara a la actualización de dicho programa que incluyen la vulnerabilidad social y la intersectorialidad entre las líneas estratégicas.
Por su parte Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, acotó que la resolución del Ministerio de Educación sobre Educación Integral de la Sexualidad también pudiera ayudar en ese sentido.
La también diputada por el municipio Mantua en Pinar del Río agregó que la política debía incluir un acápite que estimule el fomento de la cultura de paz, la conciencia cívica y la responsabilidad medioambiental entre niños, niñas y jóvenes; y, desde su opinión de experta, sugirió no combinar en una misma regulación la protección a la infancia y la adolescencia con la atención a la juventud, debido a las diferencias y particularidades en sus necesidades y derechos.
“Nuestra propia constitución brinda este tratamiento diferenciado dedicando el articulo 86 a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el artículo 87 a la atención e importancia de la juventud en nuestra sociedad. En el contexto actual necesitamos una ley integral de derechos de niñas, niños y adolescentes específica, que actualice el marco legal asociado a este grupo etario; debe armonizar la multiplicidad de textos legales que hoy de forma dispersa aborda su protección; debe incluir un catálogo de derechos de la infancia de aplicación en todos los ámbitos, y habilitar un sistema especializado ya sea administrativo o judicial que tribute a la prevención y respuesta a las vulnerabilidades de sus derechos y muy especialmente a la violencia, la explotación, la negligencia y el abandono”, dijo.
Todo ello se traduce, agregó, en que de la política aprobada hoy por el Parlamento cubano se deriven dos normas jurídicas: “una Ley de Protección Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes y otra para la Atención priorizada y la participación de las Juventudes”.
Al concluir la presentación de la política, la representante del municipio de Habana Vieja Karla Santana advirtió que “la participación no se da espontáneamente, sino que depende de la necesidad que tengamos de generar estrategias, espacios y medios participativos”.
De ahí que el diputado José Carlos Cruz Sandoval, del municipio de Baraguá en Ciego de Ávila, expresara que “el Plan de acción debe ser concreto, coherente, debe ser evaluado sistemáticamente y trabajar sobre todo en las comunidades”.
El objetivo general de la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Juventudes es propiciar el desarrollo sistémico de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el respeto pleno a sus derechos, su protección e inclusión social con equidad y su contribución al desarrollo y unidad nacional, a partir de articular las políticas, legislaciones y normativas y los compromisos internacionales relacionados con estos rangos etarios.
Al concluir la temática, Aylín Álvarez García, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas y diputada por el municipio Caimito, dijo que la política tiene que llegar a los centros estudiantiles, laborales y también en la comunidad, que no se puede quedar engavetada.
“Como maestra considero que es primordial la inversión en la educación. Si queremos mejorar las condiciones de vida de nuestras juventudes, tenemos que procurar dotarlos de una mejor educación, bajo la máxima martiana de que ser culto es único modo de ser libre. Dotemos entonces a nuestras juventudes de educación e impulsemos que su proyecto de vida sea en Cuba y por Cuba”, concluyó.
