La cumbre de Armenia concluye con un camino a seguir ambiguo, promesas de financiaciones incumplidas y un retroceso en el reconocimiento de los defensores de la naturaleza
Luego de dos semanas de intensas negociaciones en la capital de Armenia, la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17) concluyó con una ruta orientada a acelerar el cumplimiento de los objetivos mundiales de protección de la biósfera antes de 2030 y promesas de mayor inversión. Aun así, la cumbre dejó un sabor agridulce.
La primera revisión del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal reveló un avance insuficiente al cumplir las metas fijadas para 2030. Ningún objetivo de ese acuerdo sigue una trayectoria positiva. La brecha financiera persiste y la COP17 no logró salvar del todo esta distancia.
Ruta imprecisa y déficit económico
La Hoja de Ruta de Ereván, el acuerdo final de la cumbre, marca prioridades durante los cuatro años restantes de aplicación de las 23 metas del Marco Kunming-Montreal, encauzado a detener y revertir la pérdida de organismos vivos hacia 2030.
El documento insta a los gobiernos a ampliar el apoyo económico, científico y técnico destinado a países en desarrollo y a alinear sus presupuestos con los objetivos mundiales; sin embargo, adolece de precisión sobre montos concretos o pasos prácticos a seguir.
De los 20 mil millones de dólares anuales en subvención pública prometidos por países desarrollados en anteriores cumbres –aumentando a 30 mil millones con vistas a 2030–, solo se recaudó un promedio de 16 mil millones de dólares al año entre 2023 y 2025, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dialogue Earth estima un débito de 700 mil millones de dólares entre los recursos necesarios a fin de resolver la crisis de la pérdida biológica y los fondos realmente recaudados.
América Latina y el Caribe concentran la mayor brecha. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, divulgado durante la COP, cifra en 170 mil millones de dólares anuales las necesidades ecosistémicas regionales; la región recibe apenas unos 17 mil millones.
Coaliciones y tensiones políticas
Según advirtió Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del convenio, “no podemos proteger la naturaleza mientras seguimos financiando su destrucción”.
No obstante, los gobiernos destinan alrededor de 1.8 billones anuales en subsidios perjudiciales a los ecosistemas. En 2022 se acordó reducirlos de forma progresiva o reformarlos, con el fin de lograr una disminución mínima de 500 mil millones de dólares anuales, pero el avance en este terreno sigue siendo limitado.
En la cumbre también se presentó una coalición copresidida por Colombia y Finlandia, bautizada “Amigos de la Meta 18” con el propósito de facilitar el intercambio de soluciones entre países en este aspecto.
El papel colombiano en Ereván contrasta en cierta medida con sus políticas medioambientales generales. El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, anuló una disposición de su predecesor de suspender los acuerdos mineros, de petróleo y gas en la Amazonía colombiana, una decisión considerada un revés en la protección de este ecosistema.
Por otra parte, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tuvo lugar a mitad de la cumbre. La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre recibió una acogida favorable. Muchos interpretaron en su victoria una oportunidad de consolidar la reducción de la deforestación amazónica, hoy en su nivel más bajo jamás registrado.
El cuestionamiento de los informes de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes) también condicionó los resultados de la conferencia. Igual peso tuvieron las dudas sobre compromisos internacionales, como el relativo a la riqueza marina fuera de las jurisdicciones nacionales.
Frente a esas posturas, más de 50 países impulsaron un manifiesto en defensa de la ciencia independiente. Suiza lideró esta iniciativa, destinada a consolidar la ciencia como fundamento de las decisiones internacionales sobre biodiversidad.
Avances y retrocesos institucionales
Otro de los puntos más criticados de la COP17 fue el retroceso en el reconocimiento de pueblos indígenas y defensores ambientales, a causa de la oposición de varias delegaciones a incluir compromisos concretos de protección.
Pese a las dificultades, la conferencia logró aprobar las Directrices de Seván, que establecen las normas de funcionamiento del nuevo Órgano Subsidiario sobre pueblos indígenas. Esta decisión figura entre los principales resultados positivos de las negociaciones, si bien exigió concesiones.
En la cumbre se adoptaron cerca de 50 decisiones sobre temas relativos a áreas protegidas, los bosques, la gestión de la fauna silvestre, las especies exóticas invasoras y los ecosistemas marinos y costeros.
Asimismo, reconocieron iniciativas presentadas durante sus sesiones, entre ellas CARES, orientada a favorecer la recuperación de especies amenazadas, y actuaciones para mejorar las medidas eficaces de conservación basadas en áreas, conocidas como OECM.
“A veces, el trabajo que hacemos es una gota en el océano debido a la magnitud de la crisis de la biodiversidad. No fue suficiente, pero hemos logrado más de lo que podríamos haber esperado”, declaró el presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan.
Pero acelerar la ejecución de las medidas existentes no basta; resulta imprescindible aumentar su ambición. El éxito de la cumbre dependerá de la aplicación de los acuerdos por parte de los gobiernos.
La COP18 en Quito, Ecuador, ofrecerá la próxima oportunidad de cerrar estas brechas, dos años antes de la fecha límite de 2030.
