No es lo mismo cuidar a una persona mayor que vive sola que a un hijo con una discapacidad severa. Más allá de las razones que demandan atención especial, hay algo en común: estar profesionalmente preparados

Un día de julio de 2005, Irene Santamaría Valdés dejó para siempre su puesto en la fábrica de tabaco torcido Miguel Fernández Roig, antigua La Corona. Allí quedaban 38 de sus mejores años y un colectivo que la había rodeado de afecto como compañera, obrera y dirigente sindical.

“La Negrita”, como la llamaban cariñosamente, se había acogido a la jubilación. Al día siguiente despertó a su hora de siempre y, al comprender que ya nada sería igual, se dijo: “En la casa no me quedo”. Pronto alguien le habló de la labor de cuidadora de personas con alguna discapacidad o de mayores que viven solos. Decidió probar y, cumplidos los trámites que acreditaban su condición de jubilada, empezó con un vecino, Roberto Hugo León González.

“Este primer intento me resultaba cómodo: era en el mismo edificio y lo conocía. Además de estar incapacitado de ambos brazos, vivía solo. Desde el primer momento delegó en mí y yo le hacía todas las tareas de la casa, porque con él era a tiempo completo, una jornada laboral. Algo más de cuatro años permanecí allí, hasta su fallecimiento, el 7 de enero de 2009.

”Apenas se supo la noticia, aparecieron nuevas solicitudes de personas a quienes les gustaba mi forma de atender. En 11 años, previa coordinación con las autoridades municipales, cuidé a 13. No todas eran iguales ni tenían las mismas necesidades. Hubo casos en que la persona o sus hijos me pedían quedarme y yo lo hacía; con la mayoría establecí vínculos casi familiares. Me sentía muy bien, pero mis piernas comenzaron a exigirme que velara por mí y tuve que acogerme a la jubilación definitiva”.

Hoy Irene habla de aquellos años sin tener clara conciencia de que la asistencia social a domicilio ya existía dos años antes de su incorporación. Lo que ella hizo guiada por el oficio y el afecto tiene ahora un andamiaje legal: el Decreto 109, que crea el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida (Gaceta Oficial No. 99 Ordinaria, 15 de octubre de 2024). Conviene escuchar a una especialista, porque el asunto va mucho más allá de prodigar cuidados a un hijo, un familiar u otra persona.

Belkis Delgado Cáceres, directora de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), explica: “Todas las personas requieren de cuidados para estar válidos como seres humanos. En nuestro caso, el propósito es que todos los organismos integren los servicios de cuidados existentes —dispersos en general—, para organizarlos y potenciarlos. Está concebido no solo para contar con un financiamiento que permita ampliarlo, sino para su crecimiento, planificación y perfeccionamiento. Lo logrado hasta ahora hay que ajustarlo a las condiciones actuales y ofrecer garantías a las personas cuidadas y a sus cuidadores.

”En la situación por la que atraviesa el país, quienes se dedican a esta actividad también precisan atención, tanto los remunerados como quienes cuidan a sus familiares sin recibir salario. Para definir los propósitos y trazar las líneas de trabajo por cinco años se formalizó el Decreto 109. El documento, aprobado en agosto de 2024, establece qué es el sistema, cuáles son sus objetivos y cómo trabajar para potenciar esta prestación en el país”.

Como indica el artículo 3 de su sección primera, el decreto se aplica a todas las personas y busca promover un cambio cultural en torno a cómo se organizan los cuidados en la sociedad cubana, con una distribución más igualitaria y beneficiosa para quienes los necesitan y para quienes los brindan.

Cuando la casa se vuelve territorio de cuidado

Esa casa donde Irene pasó tantas jornadas es hoy el escenario del Acuerdo 10057, que regula el Servicio de Asistencia Social a Domicilio. Está dirigido a quienes, por edad, enfermedad o discapacidad, dependen de otros para las actividades de la vida personal, social y del hogar y no cuentan con familiares en condiciones de apoyarlos. Se ofrece en el propio hogar, lo que les permite permanecer en su entorno habitual, satisfacer sus principales necesidades biológicas, psicológicas, comunicativas y sociales, y acceder a los servicios comunitarios.

¿Quién tiene prioridad? Las personas que viven solas y carecen de apoyo familiar, como aquel vecino que Irene cuidó. De manera excepcional, el beneficio puede aprobarse cuando el familiar, conviviente o no, es un trabajador con responsabilidades relevantes para el desarrollo económico, científico o social, la defensa, la seguridad del Estado y el orden interior (ciencias, educación, salud…), o cuando sus ingresos sostienen el hogar y no alcanzan para pagar este servicio a formas de gestión no estatal.

Las funciones del asistente varían según las necesidades del beneficiario. En el hogar donde es contratado atiende el cuidado personal y la higiene de la vivienda; lo acompaña a gestiones fuera de casa, a consultas médicas y durante la hospitalización, y realiza mensajería, entre otras tareas que no exigen mucho tiempo. Eso permite que un solo asistente atienda a más de una persona, de ahí que haya más personas cuidadas que cuidadores. Solo apoya trámites legales si ha sido designado por escritura pública notarial o por el tribunal.

El Acuerdo establece además que este trabajador asume, total o parcialmente, la atención de una o varias personas en situación de dependencia y no debe tener parentesco, por consanguinidad o afinidad, con ellas. La excepción es que el sistema de salud certifique que la persona dependiente presenta un difícil manejo de su conducta y un deterioro marcado de su salud, y requiere atención médica especializada y equipamiento para mantener su vitalidad en el domicilio.

Cuidar también se aprende

Irene aprendió a cuidar cuidando. Hoy la norma pide que esa vocación vaya acompañada de preparación: quienes ejercen esta labor deben capacitarse en cursos o seminarios que organizan conjuntamente el MTSS y el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en los territorios, en policlínicos o consultorios, casi todos habilitados para ello. Son cursos de certificación que la norma exige a los profesionales del cuidado y a las familias, reciban o no remuneración, porque tener los conocimientos resulta indispensable.

Según datos del MTSS, hoy se registran 10 690 asistentes sociales a domicilio contratados, 6 391 de ellos certificados, casi el 60 por ciento. En los lugares intrincados la certificación se dificulta, pero Salud Pública busca alternativas, como ofrecer los cursos en formato digital para hacerlos llegar al cuidador, a quien se evaluará según el criterio del médico de la comunidad. El objetivo es que ninguno carezca de la preparación necesaria.