Javier Milei cumplió su primer plazo al frente del gobierno e hizo crecer la inflación, la pobreza, logró la aprobación de la polémica Ley de bases y vivió múltiples cruces diplomáticos en la esfera internacional

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En Buenos Aires reinó el desorden durante los días 12 y 13 de junio: autos incendiados, bombas molotov, piedras voladoras, protestas, ciudadanos airados frente al Congreso de la Nación, protestando contra la nueva ruina en que el presidente pretende hundir al país y con la que celebra sus primeros seis meses al frente de la Casa Rosada.

Como respuesta, la Policía reprime, esparce sus gases lacrimógenos y camiones de agua contra los manifestantes. Y mientras todo esto ocurre, Javier Milei, el único culpable de esta situación de caos, viaja a Italia con el fin de hacer lobby en la cumbre del Grupo de los Siete.

Se fue y dejó ardiendo la sala del Senado argentino, donde se votaba su paquete de reformas, la Ley Bases, una innovadora legislación de política económica del Gobierno, muy controvertida, porque afecta únicamente a las capas cada vez más desfavorecidas de la población.

Aunque Milei escribió en X que la aprobación de la ley es “un gran triunfo para el pueblo argentino y el primer paso en la recuperación de nuestra grandeza”, al paquete de reformas le esperan otros obstáculos, pues la alianza libertaria del loco de la motosierra cuenta sólo con diez por ciento de los escaños en el Senado y depende del apoyo de los partidos centristas.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos —su nombre completo— es una versión reducida de la llamada «Ley Ómnibus» que Milei presentó al Congreso a comienzos de año, a poco de asumir.

A pesar de que el gobierno redujo sus más de 660 artículos a cerca de la mitad, en febrero una mayoría en la Cámara de Diputados rechazó los principales apartados y obligaron a Milei a retirarla del proyecto parlamentario y volvió al punto cero.

Tras varios meses de negociaciones, el nuevo paquete, que contiene 232 artículos, fue aprobado por los diputados a finales de abril y ahora recibió el visto bueno de la Cámara Alta, dando pie a que se convierta en la primera legislación que logra aprobar el gobierno libertario.

El paquete legislativo ganó por un voto, el de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ahora deberá volver a la Cámara de Diputados —que lo aprobó en abril— para su sanción, pues los senadores introdujeron algunos cambios. No obstante, se da por hecho que el Congreso lo convertirá en ley.

La propuesta de Milei constriñe el peso del Estado y favorece la inversión privada. Según aduce, para relanzar la economía debe reducirse la carga que supone el sector estatal, pero sus rivales, partidos, sindicatos y organizaciones de izquierda, saben que solo busca terminar de desmantelar los servicios públicos, como hace desde que llegó al poder, en diciembre de 2023.

El paquete incluye medidas de ajuste del gasto y abre las puertas a la privatización de empresas públicas, algo que rechazan frontalmente los sectores de izquierda opositores de Milei.

La nueva Ley Bases

Una de las claves más importantes de la Ley Bases es que le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año, pues declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Esto le permitirá a Milei contar hasta mediados de 2025 con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo y podrá decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso, aunque no será un fuero absoluto.

Con el fin de lograr la aprobación de la ley, el Ejecutivo aceptó algunas limitaciones, como comprometerse a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos, entre ellos el Banco Nacional de Datos Genéticos, que guarda información de personas desaparecidas para poder determinar la posible filiación de hijos secuestrados y apropiados durante la dictadura.

Además, prometió garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Durante el período de facultades delegadas, el presidente podrá legislar a través de decretos, que luego deben ser controlados por la misma Comisión Bicameral legislativa que fiscaliza las disposiciones de necesidad y urgencia.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, conocido como RIGI, es una de las propuestas más polémicas de la Ley Bases.

Estipula beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, igualmente estabilidad normativa y protección del Estado de proyectos que sobrepasen los 200 millones de dólares y está orientado a sectores considerados estratégicos encaminados al desarrollo del país, como el de la energía, el agro, la minería (incluyendo la extracción de litio) y la infraestructura.

Los proyectos acogidos al RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas y facilidades administrativas para la aprobación y puesta en marcha de los planes.

El gobierno lo cataloga una herramienta clave que atraerá capitales que puedan dinamizar la economía argentina y atraer inversores internacionales.

Pero los críticos afirman que les dará una ventaja importante a las grandes empresas, en particular a las multinacionales, y perjudicará a las pequeñas y medianas sociedades, que hoy generan 70 por ciento del empleo nacional.

Ya la expresidenta Cristina Fernández advirtió que el RIGI llevará a la explotación de los recursos naturales argentinos a manos de empresas extranjeras, generando «una economía extractivista sin valor agregado» e instaurando un «colonialismo, versión del siglo XXI».

La Ley Bases también permitirá al gobierno poner en venta algunas empresas del Estado, aunque no serán todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original que presentó Milei.

Asimismo, contiene varios artículos que buscan modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado y ofrece beneficios a los empleadores que regularicen a sus trabajadores.

Pero, al mismo tiempo, elimina sanciones contra el trabajo «informal» y suspende las indemnizaciones especiales que hoy reciben los empleados incorrectamente registrados.

Sobre este particular, el Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina alertó de que, al reducirse el costo de incumplir la ley, se desincentiva su cumplimiento efectivo y la modificación tenderá a incrementar el empleo no registrado.

Seis meses de constantes desmanes

Han pasado seis meses al frente del gobierno y, aunque el presidente argentino se jacta de haber alcanzado el equilibrio fiscal, los efectos de la motosierra se sienten en el consumo y la producción.

El índice de pobreza aumentó del 44,7 al 55,5 por ciento de la población y el de indigencia ascendió de 9,6 a 17,5 por ciento durante el primer trimestre de 2024, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la Universidad Católica Argentina.

No logró avanzar con ninguna ley, se alejó de aliados clave para el país y en la arena internacional rechazó su ingreso en el BRICS, pidió asociarse a la OTAN, firmó acuerdos en defensa y seguridad con EE.UU. y compró aviones F-16 a Dinamarca, con financiamiento de la Casa Blanca, entre otros muchos desmanes.

De manera casi causal, se declaró negacionista del clima y despreciador del feminismo. De un solo tajo cerró el ministerio de la Mujer y la subsecretaría contra la Violencia de Género, así como retiró el financiamiento a los programas de apoyo a mujeres y diversidades sexuales.

Todas estas medidas tomadas por el ultraderechista despertaron el rechazo dentro del país y fuera de frontera. Pero Milei y sus colaboradores parecen decididos a profundizar las iniciativas e imponer esta agenda de una nueva extrema derecha, junto con una política de desmantelamiento económico a rajatabla en Argentina.

Y para colmo, ya anunció que enviará cuatro mil reformas al Congreso de la Nación en diciembre de 2025, luego de las elecciones de medio término: «Es el programa más ambicioso en la historia de la humanidad», afirmó recientemente.