La norma establece las bases del proceso gradual de descentralización de competencias y transferencia de recursos hacia los territorios, con énfasis en el municipio como núcleo fundamental de la gestión pública

Por años, la vida cotidiana de muchos cubanos ha estado marcada por decisiones tomadas lejos del lugar donde realmente se sienten sus efectos. Un trámite que se demora, un servicio que no responde con rapidez o una solución que tarda o nunca llega porque depende de instancias superiores. Esa brecha, reconocida tanto por autoridades, especialistas y por la ciudadanía es uno de los retos que se intenta atender con la aprobación del Decreto 140/2025 por el Consejo de Ministros.

Con la medida el Estado cubano anuncia un paso importante para cambiar esa lógica y trasladar competencias y recursos hacia los territorios, con énfasis en el municipio y, excepcionalmente, hacia las provincias: estas últimas en correspondencia con sus funciones de coordinación y armonización de intereses.

Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 99 del 29 de diciembre de 2025, el decreto establece las bases jurídicas de un proceso gradual de descentralización, concebido como una herramienta para fortalecer la autonomía municipal reconocida en la Constitución de La República de Cuba de 2019. No se trata solo de delegar funciones, sino de acercar la toma de decisiones a la ciudadanía.

El municipio: centro de la gestión pública

La norma parte de una idea esencial de que el municipio es el nivel más cercano a la población y, por tanto, el más apto para identificar y atender sus necesidades. La descentralización busca que asuntos que pueden resolverse localmente no dependan de estructuras centrales, siempre que existan las capacidades necesarias.

El artículo 5 señala que la descentralización tiene el objetivo esencial de “implementar la autonomía municipal mediante la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno que contribuya a un desarrollo integral, armónico y sostenible del país”.

En ese sentido, el decreto subraya que la transferencia de competencias debe ir acompañada de recursos financieros, medios materiales y personal, de modo que los territorios no reciban solo responsabilidades, sino también las condiciones para ejercerlas con eficiencia.

Un proceso gradual y diferenciado

Lejos de una aplicación uniforme, la descentralización se concibe como un proceso progresivo y flexible, adaptado a las características de cada territorio. No todos los municipios parten del mismo punto ni cuentan con idénticas capacidades, por lo que el decreto reconoce la necesidad de ajustes según la realidad local. Lejos de proponer un esquema uniforme, el decreto apuesta por la gradualidad y la adaptación a las condiciones concretas de cada territorio

Asimismo, se establece el principio de subsidiaridad, según el cual las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano al ciudadano de ser posible. Este enfoque apunta a una gestión pública más ágil, inclusiva y conectada con la vida diaria de la población. Según el decreto, se reconoce “la capacidad y el derecho de los órganos locales administrativos del Poder Popular para cumplir sus responsabilidades”.

Lo que no se descentraliza

El texto legal fija límites claros. Sectores estratégicos, entre ellos, la defensa, la seguridad nacional, la política monetaria, cambiaria, financiera, tributaria y bancaria, las relaciones exteriores, los recursos naturales no renovables y la infraestructura pública de alcance e interés nacional; quedan fuera del efecto de la disposición: el ordenamiento territorial y urbanismo, aviación y marina mercante, telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, agua, refinación de hidrocarburos, biodiversidad y patrimonio genético.

Al mismo tiempo, se define que “no se descentralizan las competencias otorgadas directamente a los órganos y organismos de la Administración Central del Estado por la Constitución”, lo cual delimita el alcance del proceso y evita interpretaciones ambiguas. Con ello, el Estado preserva competencias clave mientras avanza en la redistribución de otras funciones de carácter administrativo y de servicios.

Nuevas estructuras en un nuevo modelo

Se crea una Comisión Temporal Nacional de Descentralización, encargada de “dirigir, impulsar y controlar el desarrollo del proceso” y será presidida por un viceprimer ministro. A nivel local, provincias y municipios deberán crear sus propias comisiones, con funciones similares de conducción y control. El decreto subraya, asimismo, la necesidad de garantizar “la transparencia y el acceso a la información en el proceso de descentralización”, reafirmando la importancia del control popular.

La capacitación ocupa un lugar central. El decreto reconoce que asumir nuevas competencias exige preparación técnica y organizativa, de ahí que se prevén acciones formativas con el apoyo de instituciones educativas y científicas del país.

Más cerca del ciudadano

La descentralización plantea una pregunta clave. ¿Mejorará la vida de la gente? El objetivo declarado es que sí. Al dotar a los municipios de mayores facultades, se aspira a respuestas más rápidas, soluciones más ajustadas a la realidad local y una mayor participación ciudadana en la gestión pública.

El reto estará en la práctica. Convertir la letra jurídica en resultados concretos dependerá de la voluntad política, la preparación de los cuadros y la capacidad real de los territorios para asumir un rol más protagónico. El objetivo está planteado y es el tránsito de un modelo altamente centralizado hacia otro donde el municipio deje de ser un simple ejecutor y se convierta en motor del desarrollo local.