La Ley de Organización de la Administración Central del Estado da cumplimiento al mandato constitucional de 2019, adecuando el aparato gubernamental a la realidad demográfica y económica del país
Con su publicación en la edición ordinaria No. 90 de la Gaceta Oficial de la República, entrará en vigor próximamente la Ley 186 “De Organización de la Administración Central del Estado”, norma aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 30 de julio durante sus sesiones ordinarias. La disposición legal da cumplimiento directo al mandato del artículo 146 de la Carta Magna de 2019 y consolida el proceso de fortalecimiento institucional de la nación.
Las modificaciones en la estructura de los órganos públicos responden a una práctica estatal histórica encaminada a adecuar los medios gubernamentales al cumplimiento de los fines del país. En Cuba, este recorrido normativo cuenta con antecedentes de relevancia como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Reglamento para el gobierno de las secretarías de despacho de 1909, la Ley No. 1323 de 1976, el Decreto-Ley No. 167 de 1983 y el Decreto-Ley No. 147 de 1994.
Fruto de más de cuatro años de labor técnica e interinstitucional, la nueva disposición jurídica sintetiza la experiencia legislativa previa y atiende a la urgente necesidad de optimizar la gestión pública, dotar de mayor efectividad al trazado y control de las políticas estatales y alcanzar una superior racionalidad administrativa en consonancia con las dinámicas socioeconómicas y demográficas del contexto actual.
Entre sus principales transformaciones destaca la reducción y ordenamiento estructural del aparato gubernamental, fijando los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) en 21 entidades: 20 ministerios y el Banco Central de Cuba. Asimismo, la norma establece el predominio de la figura del ministerio como categoría organizacional básica, precisando con rigor sus funciones comunes y específicas para erradicar la duplicidad de competencias y gestiones.
En el plano territorial, el texto fortalece las relaciones de coordinación entre los OACE y los órganos locales del Poder Popular en las instancias provincial y municipal. A la par, refrenda el deber de los directivos, funcionarios y trabajadores públicos de actuar bajo el estricto apego a la legalidad, sostener una permanente vinculación con el pueblo y atender de manera ágil los planteamientos, quejas y solicitudes de la ciudadanía.
La Ley 186 proyecta un redimensionamiento sustancial de la Administración Central del Estado, diseñado para acompañar con mayor eficacia las transformaciones económicas y sociales del país bajo los preceptos del Estado socialista de derecho y justicia social.
